Regeneración N° 13, 7 noviembre 1900

ABERRACIONES JURÍDICAS

Con este título ha publicado el inteligente Sr. Lic. D. Mauricio Dávalos, una hoja suelta que contiene el escrito de amparo que presentó, como apoderado de D. Francisco Vázquez, ante el Sr. Juez de Distrito de San Luis Potosí, contra actos del Juez 1º Menor Suplente, de la Capital de dicho Estado, quien, en el juicio que promovió el Obispo Montes de Oca al Sr. Vázquez, sentenció a éste ilegalmente.

Ya nuestros lectores conocen suficientemente este negocio1, por lo que no entraremos en la repetición de los detalles en que abunda el bien redactado escrito del Sr. Dávalos. Tócanos esperar la solución final, para ver si la lucha en el terreno de la justicia se resuelve a favor del poderoso con agravio del débil.
Pero no dejaremos pasar inadvertido ese detalle. Con fecha 25 del pasado Octubre y as petición del Lic. Carrizales, apoderado del Obispo a pesar de ser Juez que ejerce jurisdicción en el lugar del juicio, el Lic. Manuel Rivas, Juez 1º Menor mandó dar posesión a las casas en disputa al referido Carrizales, señalando al efecto el 27 del mismo Octubre.

El día anterior a la diligencia se notificó la resolución al Sr. Lic. Dávalos, quien, a las cinco de la tarde del mismo día ocurrió por escrito al Juez aludido pidiendo revocación por contrario imperio, de dicha resolución, fundándose, a más de otras irregularidades, en que aún no se habían otorgado las escrituras de traslación de dominio, ni se había registrado la sentencia como lo ordena la ley. El Juez nada resolvió, y a pesar del recurso, dio la posesión de las casas al apoderado del cura.
Este procedimiento es atentatorio y basta el detalle, para comprobar la parcialidad de ese Juez servidor del Obispo. La solicitud del Sr. Lic. Dávalos debió estar atendida por ser legal; pero suponiéndola carente de fundamentos, el Juez no debió llevar adelante un auto recurrido. Debió, por que a ello está obligado, resolver el recurso antes de ejecutar su determinación. Mientras este recurso no se resolviera, las cosas debían permanecer en el mismo estado, toda vez que su referida determinación no había sido consentida por una de las partes.

Tal es el aspecto de todas las resoluciones de ese Juez en este negocio. No sabemos si el Gobierno del Estado consentirá esas arbitrariedades y si destituirá de su empleo a ese Juez complaciente y servicial.

Tenemos fundadas esperanzas de que la autoridad federal que conoce del amparo, proceda con rectitud en este asunto. Desde luego es de justicia expresar que ha mandado suspender el acto reclamado. Veremos qué actitud toma la Suprema Corte.

1  Véanse supra,arts. núms. 52 y 91.

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