Regeneración N° 13, 7 noviembre 1900

ATROPELLO A LA JUSTICIA DE LA UNIÓN

Alarmante hasta la indignación, es la nota que desde Puebla se ha esparcido a todos los ámbitos de la república. La Justicia de la Unión, ese último y quizá único refugio de todas las quejas que produce la exasperación del derecho herido, ha sido brutalmente atropellada, y su prestigio, su autoridad y su omnipotencia se estrellaron en las paredes de un Cuartel y ante la actitud hostil y amenazante de un soldadón de encallecido criterio.

Nuestros lectores saben ya, que el soldado Agustín González fue fusilado en Puebla hace pocos días; saben ya, porque lo indicamos en una gacetilla[1], que el Sr. Juez de Distrito de Puebla mandó suspender el acto reclamado; pero lo que tal vez no hayan sabido, es que pusieron obstáculos para evitar esa suspensión.

El Sr. Lic. Federico M. del Castillo Velasco, Secretario del Juzgado de Distrito de Puebla, animoso en el cumplimiento de su deber, se dirigió en la noche, víspera del fusilamiento, al cuartel donde se hallaba encapillado el reo; preguntó por el Coronel del cuerpo; un oficial le indicó que se hallaba ausente. El Secretario entonces ordenó al oficial que recibiese el oficio en que se prevenía la suspensión del fusilamiento, para que lo entregase al Coronel. El oficial se rehusó a obedecer al referido funcionario. El Sr. Castillo Velasco insistió, se dio a conocer como Secretario del Juzgado de Distrito y como portador de una orden de la autoridad federal que debía respetarse. El soldadón aquel, con grosera entonación y modales soeces, ordenó al Secretario que se retirase, porque de lo contrario, lo mandaría retirar.

Resultado: el fusilamiento de un hombre, el atropello brutal a la Justicia de la Unión y la justa indignación de todos los que han conocido estos detalles.

No sabemos qué actitud tomarán nuestras autoridades ante esos hechos, ni qué actitud tomará especialmente la Suprema Corte, que tan cuidadosa se muestra del prestigio de la institución del amparo. Por nuestra parte, pedimos para los responsables de ese asesinato, porque asesinato es el que se comete violando la ley, el castigo ejemplar que sus actos merecen.

La conservación de la materia del amparo está eficazmente protegida por la ley, más aún, cuando se trata de la pena de muerte. De ahí el procedimiento rápido para suspender el acto reclamado. Pero cuando a pesar de esa suspensión, y sobre la autoridad que la dicta, se usa de medios reprobados para burlar la ley y para hacer que se pierda la materia del amparo, la pena inflexible debe caer sobre el culpable o culpables, y la autoridad debe mostrarse inexorable y tenaz, hasta que caiga el delincuente y se vindique la Justicia.

De lo contrario, se producirá la anarquía y la incertidumbre de la existencia. Para evitar el cumplimiento de una orden judicial respetable, bastaría enviar un soldadón de pragmatismo rudo.

1  Véase supraart. núm. 13.

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