Regeneración N° 14, 15 noviembre 1900

TROPELÍAS EN SINALOA

Anunciamos en nuestro número anterior[1], la publicación de algunos detalles relacionados con el proceso que se abrió a los Sres. Lics. Alejandro Buelna y Herlindo Elenes Gaxiola, por un supuesto delito de injurias a la Administración de Justicia de Sinaloa cometido por el periódico La Regeneración de Sinaloa.

El Juez 1º de 1ª Instancia dictó contra los procesados el auto de formal prisión que fue recurrido en amparo, solicitándose y obteniéndose la suspensión del acto reclamado. En el auto de suspensión se dijo determinantemente por el Juez de Distrito que la autoridad responsable podía continuar la secuela de la causa. A pesar de esa resolución explícita y terminante, el juez de 1ª Instancia suspendió todo procedimiento con el fin indudable de prolongar indefinidamente el proceso y con agravio de los intereses sociales e individuales. Cuando los procesados le indicaron que continuara los procedimientos, se abismó en dudas y vacilaciones, procuró eludir su obligación, puso nuevos obstáculos, hasta que la justicia federal desvaneció su sospechosa ignorancia, indicándole que debía continuar actuando. Obedeció el Juez; pero decretando diligencias inútiles, indignas de un funcionario público.

La prueba testimonial rendida en el juicio de amparo por la autoridad responsable, se recibió en secreto, contra los preceptos terminantes de la ley, por lo que la diligencia es nula y de ningún efecto la probanza. Pero hay un detalle curioso: cuando el Sr. Lic. Alejandro Buelna, uno de los quejosos, se presentó al Juzgado 2º de 1ª Instancia que recibió la prueba por delegación del de Distrito, pidiendo se le mostrasen las reclamaciones escritas y se le permitiera asistir al acto del examen de nuevos testigos, el Juez se negó a ello diciendo que el amparo no había sido pedido por dichos quejosos, sino por su apoderado, y que, por consiguiente, él (Buelna) no era parte en el amparo !!! En vista de esa contestación, no encontramos una frase benévola para el Juez. Ese hecho no requiere comentarios. Su monstruosidad es tan irritante, (porque si el Sr. Lic. Buelna era uno de los quejosos, forzosamente tenía que ser parte en el juicio de amparo) que no merece esa autoridad los honores de discutir sus actos, sino solamente relatarlos para que lo escarmiente la censura de nuestros lectores.

Veamos otro detalle de aquella administración de Justicia. El Sr. Lic. Buelna ocurrió al Juez 1º de 1ª Instancia de Culiacán, pidiendo la devolución de un título que había presentado en unos autos. El Juez proveyó el escrito negando esa devolución, porque el Sr. Lic. Buelna no estaba en ejercicio de sus derechos civiles, en virtud del proceso contra él indicado. Se llega, pues, en Sinaloa, al colmo de la arbitrariedad y el atropello. Ese Juez autoritario y déspota, producto de una administración impopular e irrespetuosa con la ley, ignora su deber e ignora los rudimentos del derecho. Ninguna disposición legal lo autorizó para dictar esa resolución ultrajante.
Hasta el Juez de Distrito se ha mostrado complaciente en este asunto. Alargó inmoderada e ilegalmente el procedimiento federal, causando serios perjuicios a los quejosos. Creemos que la Suprema Corte fijaría su atención en todos los actos ilegales de dicho Juez, al revocar su sentencia.

Causa sorpresa que una Administración de Justicia que efectúa tales actos escandalosos, que no es respetuosa con la ley, que parece más bien seguir las huellas tortuosas de una consigna, que el caminos recto de los principios legales, se haya escandalizado cuando se le dijo que no podría conservar su imparcialidad si litigase el hijo del Gobernador. Su pudorosa actitud, patrocinada por el Procurador de Justicia, se ha desvanecido ante los detalles transcriptos. 

Aconsejamos a esa Administración más respeto a la ley y menos susceptibilidad infundada.

1 Véase supra, art. núm. 116.

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