Regeneración N° 15, 23 noviembre 1900

CORRUPTELAS JUDICIALES

Graves, como todo lo que ultraja y restringe la libertad individual, son los procedimientos de  nuestros Jueces cuando se trata de la averiguación de los delitos.

Nuestros Jueces del ramo penal, tienen una obsesión, viciosa, como todas las obsesiones que produce la falta de un criterio sereno e imparcial. Esa obsesión es la de que son delincuentes todos los individuos que desgraciadamente caen bajo las garras bien afiladas, aunque manejadas con torpeza, de nuestra Justicia. Inútil, y casi repugnante, les es el sabio principio de que todo acusado será tenido como inocente, mientras no se pruebe que se cometió el delito que se imputa y que él lo perpetró. nuestros Jueces elaboran en su prodigiosa fantasía el delito, y la obsesión les hace imputarlo al acusado.

De ahí esa estadística pavorosa de nuestro Procurador de Justicia, de la que se desprende, con la implacable lógica de los números, que de cien individuos privados de su libertad, el cincuenta por ciento son inocentes. De ahí ese afán inmoderado de aprehender sin criterio cuando se ha cometido un delito; y de ahí también la repugnancia que todos sienten en la presencia de un Juez que, con la pretensión de un Lombroso, pretende descubrir en un rostro inofensivo, los signos característicos de un criminal nato.

A un individuo, pescador de uno de nuestros lagos cercanos, con el aspecto patriarcal de las tribus lacustres y que el día en que se había cometido un delito en México, gastaba sus energías tendiendo redes, fue declarado, desde luego, con asombrosa perspicacia, criminal nato. Esa clasificación ocasionó que el pobre hombre vegetase en la cárcel, los tres meses que duró la instrucción.

Sería muy conveniente, que nuestros Jueces huyeran de sus aficiones a esa antropología rudimentaria, que produce muy graves consecuencias. Quizá un herido muera sin auxilios, porque si se le prestan, puede hacerse sospechoso (a los ojos del Juez) el que ejercita sus sentimientos humanitarios. Quizá no llegue a saberse el nombre de un asesino, porque los que hubiesen presenciado la contienda, huyan de la Justicia, en vez de acudir a ella y proporcionarla los elementos de prueba necesarios para satisfacerla.

Ambos casos se han presentado con frecuencia y con razón: si se cumple con la frac. II del art. 1º  del Código Penal, casi es segura la permanencia en la cárcel, como sospechoso, los tres o seis meses, y con frecuencia, años de instrucción; si no se cumple con ese precepto legal, la justicia, sin ayuda, averiguará o no los delitos, pero se gozará de la libertad. De estos dos caminos se optará seguramente por el segundo. En México, para cumplir con las leyes, se necesitaría un temperamento de mártir.

Deben, pues, nuestras autoridades penales, mostrar una cordura y tacto en la encarcelación de sospechosos. La libertad individual merece todo respeto y es reprensible restringirla sin criterio y sin talento.