Regeneración N° 17, 7 diciembre 1900

EL JUEZ DON BENITO CARRIZALES

Prometimos1 ocuparnos de ese funcionario judicial, que conoce de la acusación promovida contra el Sr. José María Facha por varios individuos que se sintieron difamados en una hoja suelta de las llamadas “Calaveras.” Después de la acogida benévola de esa acusación infundada y de haberse obtenido la aprehensión del acusado, el Juez 2º de los Criminal de San Luis Potosí, Lic. Carrizales, ha olvidado su papel sereno e imparcial de Juez.

Los Sres. Lic. Antonio Díaz Soto y Gama2 y Manuel Rodríguez Jiménez, supieron que habían sido nombrados defensores por el Sr. Facha y se dirigieron al Juzgado para que se les notificara el nombramiento. Ese honrado proceder disgustó al Juez Carrizales, quien, a la justa petición que verbalmente le hicieron los defensores, contestó agriamente: “No puedo dar a conocer ese nombramiento, porque me está prohibido dar mi opinión.” (!!!)

¿Qué pretendería expresar ese funcionario? ¿Confundiría su opinión con la consigna o con su complacencia al acoger la querella, y esa era la opinión no externable?

En uno o en otro casos, el Juez violó el artículo 293 del Código de Procedimientos Penales.

Los defensores presentaron un escrito pidiendo la libertad provisional bajo de fianza del Sr. Facha, indicando que tenían la certidumbre de su nombramiento de defensores, no obstante faltar la previa notificación de dicho nombramiento, y agregando que la legalidad de ese carácter no provenía del conocimiento oficial que de él tuvieran, sino de la voluntad del acusado.

Este razonamiento fue reproducido de palabra al Juez por el Sr. Rodríguez Jiménez, lo que exasperó a dicho funcionario, al extremo de decir altaneramente a los defensores, que estaban faltando al Juzgado, que no tenían carácter alguno, que las diligencias eran reservadas y que se retiraran inmediatamente de allí.

EL artículo 162 del Código de Procedimientos Penales de San Luis Potosí, faculta a los peticionarios para exigir que se les entregue una constancia de los escritos que presenten. A este precepto ocurrieron los defensores del Sr. Facha, temerosos de que, con los antecedentes relatados, los escritos corrieran mala suerte.

El Juez contestó, que en su Juzgado, no se acostumbraba extender semejantes constancias.

El Juez Carrizales tiene, pues, establecidas en su Juzgado, costumbres contrarias a la ley. Siendo estrechas para él las funciones judiciales, invade las del legislador y deroga leyes a su capricho. Este es un distintivo de la arbitrariedad judicial.

El Sr. Rodríguez Jiménez, pretendió patrocinar al acusado en una diligencia de notificación. El Juez lo notó, y con altivez irritante ordenó al defensor que se retirara, porque no era Abogado. EL defensor replicó, pero el Juez, humillándolo, lo obligó a callar.

Ese funcionario ignora que, para gestionar en materia penal como defensor, no es indispensable el título de Abogado. Hay defensores, como el Sr. Rodríguez Jiménez, que conocen sus derechos y obligaciones, sin ser Abogados, mejor que el Juez Carrizales que se precia de letrado.

El Sr. Lic. Díaz Soto presentó un escrito, insistiendo nuevamente en la expedición del recibo que acreditara la entrega. Otra negativa ruda para cumplir con la ley. El defensor suplicó se le hiciera saber en qué precepto, superior al del legislador, se fundaba esa negativa. El Juez, poseído de una indignación epiléptica, contestó que no acostumbraba dar explicación alguna de sus actos. El defensor abrió el Código que llevaba preparado y comenzó a leer el artículo 162; pero el Juez lo interrumpe amenazándolo con una corrección disciplinaria, y con groseros ademanes y exaltación delirante, ordena al defensor que salga del salón, le corta el uso de la palabra y en actitud altamente agresiva, le arrebata la luz con que se alumbraba.

Los defensores conservaron su actitud serena con imperturbable calma.

Un individuo como Carrizales, no está bien en un Juzgado, en el que se necesitan personas, a más de ilustradas, de una educación intachable.

Ese Juez, también se ha mostrado inhumano. El joven Antonio Quiroz, procesado por el mismo asunto, estuvo atacado de enajenación mental. El Juez Carrizales lo supo, y en vez de enviarlo a la enfermería, lo dejó permanecer en la celda en que se hallaba incomunicado, en donde se agravó visiblemente.

En resumen, el Juez 2º de lo Criminal de San Luis Potosí, Lic. Benito Carrizales, ha demostrado en este asunto, a más de su notoria falta de ilustración como funcionario, su carencia de comedimiento para tratar a los litigantes. Mucho tendremos que ocuparnos de este Juez arbitrario.

Aconsejamos al Sr. Gobernador de San Luis Potosí, se ocupe algo de su administración de justicia. Es bien triste e irritante, que conozca esos detalles, porque creemos que los conoce, o debe conocerlos, y no ponga el remedio destituyendo Jueces que, como Carrizales, gustan de la arbitrariedad y del despotismo.

1 Véase supra,art. núm. 170.

2 Antonio Díaz  Soto y Gama. (1880-1967) Abogado potosino. Uno de los fundadores del Club Liberal Ponciano Arriaga. Vivió en el destierro (1902-1904). Junto con Juan Sarabia presentó un proyecto de ley agraria ante la XXVI Legislatura (1912). Se unió al movimiento zapatista (1914) y fue  uno de sus delegados a la Convención de Aguascalientes. Permaneció vinculado a aquel movimiento, como promotor del programa agrario contenido en el Plan de Ayala, hasta 1920, año en que funda y dirige el Partido Nacional Agrarista (PNA). A partir de 1932  fue profesor de derecho agrario en la Facultad de Jurisprudencia Escribió, entre otras, La revolución agraria del Sur y Emiliano Zapata su caudillo.