Regeneración N° 19, 23 diciembre 1900

EL MATRIMONIO CANÓNICO

La Legislatura de Michoacán ha conferido al matrimonio religioso, efectos civiles que no tiene. De ello nos da cuenta el Periódico Oficial de ese Estado.
            D. Onésimo Montaño solicitó de dicha Legislatura habilitación de edad, porque habiendo contraído su madre casamiento religioso, conceptuó que vivía en mancebía por no tener efectos legales ese matrimonio, y por tanto, ha perdido la patria potestad sobre su hijo, conforme a la ley civil.
            La Legislatura se empeñó en un acalorado debate, en el que campeó el argumento de que no era de concederse la habilitación que solicitaba el Sr. Montaño, porque la madre de este señor no había perdido la patria potestad, pues en concepto de los Sres. diputados no viven en mancebía las personas que contraen matrimonio canónico solamente, pues la ley de 14 de Diciembre de 1874 deja en libertad a los contrayentes para someterse a las ritualidades de ese matrimonio, reconociendo estas uniones como lícitas, aunque sin efectos civiles, pues la mancebía, tal como es en sí, se ha tenido siempre como reprobada, contraria a las buenas costumbres y ni directa ni indirectamente está reconocida por la ley.
            Nos parece que los Señores Diputados que en tal sentido opinaron, tienen más resabios religiosos, que conocimientos jurídicos, y atropellan nuestras insituciones y nuestras leyes, al conceder efectos civiles tácitos, a los matrimonios canónicos.
            El Estado y la Iglesia son independientes entre sí, dice el art. 1º de la ley de 14 de Diciembre de 1874, y como consecuencia de esa separación entre la Iglesia y el Estado, viene la fracc. XIII del art. 23 de la misma ley que dice: “Los casados son libres para recibir o no las bendiciones de los ministros de su culto, que tampoco producirán efectos legales”.
            La disposición legal es terminante. El Estado no reconoce los matrimonios canónicos, y no los reconoce, porque de ello surgirá el reconocimiento del dogma religioso, conduciendo a la bancarrota el principio de separación del Estado y de la Iglesia, conquistado como un bello ideal político y como una urgente necesidad social, después de amargas luchas y de inmensos sacrificios.
Es cierto que el Estado no prohibe el matrimonio canónico, y no lo prohibe para satisfacer el principio de libertad de cultos; pero no para conferirle efectos civiles, como indudablemente es efecto civil el de que al Sr. Montaño se le negase su emancipación de la patria potestad, fundándose en ese matrimonio canónico.
            La unión por medio del matrimonio canónico, es, pues, una mancebía ante los preceptos claros y viriles de la ley. No es argumento en contrario, el que ese matrimonio lo permite la ley y la mancebía se haya tenido siempre como reprobada y contraria a las buenas costumbres. La ley no erige en delito la mancebía. La tolera, como tolera el matrimonio católico. A éste expresamente. A aquella tácitamente. La mancebía será, pues, reprobada en el orden moral, pero no en el legal.
            Finalmente, creemos que esos Sres. Diputados, resolverían que no hay delito en el siguiente caso. Una mujer, casada civilmente, va a hacer vida marital con un individuo con quien se ha casado canónicamente. Un juez inteligente, declararía, a solicitud del marido, que esa mujer había cometido el delito de adulterio. Los Sres. Diputados de Michoacán resolverían que la ley permitía tener dos maridos. Esto es inconcebible.
            Tenemos entendido que los Sres. Diputados michoacanos, han obrado conforme a sus aficiones religiosas y no conforme a la ley; pero desearíamos que cuando discutan tales cuestiones, hagan a un lado sus creencias religiosas, y si no les es posible, pongan su dimisión antes de vulnerar las leyes que solemnemente han protestado cumplir.