Regeneración N° 6, 15 septiembre 1900

UNA OPINIÓN DEL JUEZ DE TEXCOCO

D. Francisco H. Montaño, Juez de 1ª Instancia de Texcoco, Méx. Ha hecho circular una hoja suelta en la que pretende defender la teoría de que los delitos de injurias, difamación y calumnia cometidos por escritores públicos, son continuos. Sobre este particular, y ya que el referido Juez desea conocer opiniones sobre tu teoría, lo remitimos a nuestro número anterior1, en el que está tratada esta cuestión con motivo del asunto del “Onofroff” y esperamos su opinión sobre dicho estudio.
            No dejaremos pasar en alto un punto grave que el mencionado Sr. Juez trata en su hoja suelta. Nos referimos a su teoría de represión de los delincuentes que ofendan la reputación de las personas en su carácter oficial. Dice dicho Señor que el escritor público que, abusando, injuria, difama o calumnia a las personas con referencia al cargo público que desempeñan, contrae una responsabilidad penal, aplicándosele la ley que haya sido violada y que establezca la pena a que se hubiese hecho acreedor el escritor delincuente.
            De esos conceptos parece desprenderse que el escritor público sería juzgado desde luego y con motivo de la imputación que se haga a la autoridad, de cualquiera clase que sea, sin esperar que el funcionario público depure su conducta.
            A nuestro entender, esa teoría es contraria al art. 7º de la Constitución. Un funcionario público no es un ser inatacable. Por el carácter mismo de su empleo, está sujeto a la censura de los que bien o mal lo han elegido para ocupar determinado puesto. Sus menores actos incorrectos deben estar sujetos a una crítica severa, pues de lo contrario gozarían de una impunidad que los alentaría a seguir delinquiendo. Si decimos, por ejemplo, que tal o cual funcionario Judicial a pronunciado su fallo en cambio de quinientos pesos, ese funcionario no podrá acusarnos de injurias, ni de difamación, ni de calumnias. Tendrá que depurar su conducta, puesto que hemos denunciado, ante un tribunal que nos oirá y recibirá nuestras pruebas.
            De otra manera, como lo comprenderá muy bien el Sr. Juez de Texcoco, los funcionarios públicos cometerían actos punibles amurallados en su impunidad, y nosotros, que tenemos el derecho de denunciar esos actos punibles, quedaríamos sujetos a los rigores de un proceso.

1 Véase supra, art. núm. 30.