Regeneración N° 7, 23 septiembre 1900

EL REGISTRO DE NACIMIENTOS Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO.

El Señor Gobernador del Distrito ha modificado las determinaciones que dio respecto a la policía especial destinada a la detención de padres de familia y demás responsables de no haber cumplido con lo que dispone la ley sobre el registro de nacimientos. Esa modificación se hizo en el sentido de que los infractores recibirán un extrañamiento, en lugar de las penas que les imponía el art. 783 del Código Penal.
            Nos habíamos ya permitido plantear la dudosa cuestión1, de si sería aplicable esa ley, dado lo que ordena el art. 183 del mismo cuerpo de derecho, pero ya no tiene razón de ser esa discusión, por el cambio que han sufrido las determinaciones del Señor Gobernador.
            Creemos que esa atenuación a la pena sobre no estar en las facultades del funcionario que la ha decretado, como ya lo hizo notar un diario de la tarde en uno de sus números pasados, no salva a las disposiciones aludidas, de los graves cargos que pueden hacérseles por otros mil aspectos que presenta la misma cuestión.
            Tanto la pena prescrita por el art. 783 del Código Penal, como la que hoy ha decretado en substitución el Gobierno del Distrito, no pueden aplicarse, sino cuando esté comprobado que se ha cometido el delito o la falta que amerite represión, y que de ella es responsable la persona a quien se impone la pena; es decir, cuando esté comprobado que el acusado es el padre de la criatura no registrada. ¿Y de qué manera comprobar este hecho sin investigar la paternidad por encima de la prohibición legal de hacerlo directa ni indirectamente?
            La sentencia que aquella pena aplicara, llegada a ser la verdad legal, dejaba fuera de discusión la paternidad del sentenciado, y el niño obtenía la prueba inmoral que la ley ha prohibido estrictamente buscar.
            La responsabilidad por falta de registro no podrá nunca ponerse a discusión, ni aun en el caso del nacido de legítimo matrimonio, porque en el orden moral, en lo que atañe a las intimidades del hogar, nadie puede ser Juez ni existe poder alguno que obligue al corazón henchido de celos, a llamar hijo al odioso fruto del adulterio, que sospecha o que acaso tiene comprobado, pero que cuidadosamente ocultará de las miradas del escándalo y de los epigramas de brutal maledicencia.
            Por otra parte, aplicar la pena cuando aparezca comprobado el delito, sin mediar ninguna de las violaciones apuntadas, pudiera ser legal, pero buscar el delito sin saberse que se ha cometido, introducirse en el seno del hogar para descubrirlo y arrojarlo al público, esto significa una repugnante pesquisa que está terminantemente prohibida por la ley.
            Vemos, pues, que ni la ley civil da su autorización a la disposición aludida, ni la Constitución la consiente, ni los principios de derecho penal la sancionan.
            Loable es el deseo del Señor Gobernador, de que el estado civil de las personas aparezca autenticado como la ley prescribe, pero no hay más que una manera de conseguirlo: la ilustración, el conocimiento del objeto de esa ley, el convencimiento de las ventajas de la institución del Registro Civil infundido en las masas y llegado hasta las últimas capas sociales.
            Fuera de ese medio, no hay ningún otro que pueda conciliarse con la misma ley que ha reglamentado la institución.


1
Véase supra, art. núm. 29.