Regeneración N° 9, 7 octubre 1900

LA DEFENSA DE LOS FUNCIONARIOS

El funcionario que estime su reputación profesional, cumplirá un deber defendiéndola, decíamos en nuestro primer número.
Desgraciadamente no sucede así. En nuestro país, el funcionario que se ve atacado por los actos notoriamente ilegales que ejecuta, no se defiende, encarcela.
Y decimos que no se defiende, porque la prisión que sufre el que ataca al mal funcionario, no constituye la satisfacción que éste está obligado a dar a los ciudadanos, quienes tienen derecho de exigirla en virtud de los principios que rigen a toda democracia. No se defiende el que para acallar la grita que se levanta en contra de sus malos manejos, emplea la mordaza como el mejor medio de sincerarse. Esa mordaza sólo sirve para dejar impune el delito que comete el funcionario, como el ladrón que asesina a su víctima para que no hable, porque si ésta habla, está perdido.
Esa represión violenta es la resultante del principio de la propia conservación puesto en práctica en el terreno del crimen.
El egoísta, viéndose acosado, y considerando que no ya su reputación, porque para él nada significa ese término, si en su lugar puede satisfacer sus pasiones; pero sí que estas se encuentran en peligro inminente de perjudicarse, dará rienda suelta a sus ímpetus, y con el fin de salvar sus apetitos, encontrará la razón en la violencia.
            La historia en su proceso sereno e imparcial nos refiere los atentados del egoísmo y  
nos dice que éste medra a la sombra de las tiranías.
            En efecto, las tiranías producen ese fermento. Es una verdad social; triste como toda verdad que conduce al convencimiento de males reales. Esa verdad, sirve para decepcionar a los espíritus débiles que creen encontrar la razón del egoísmo en los medios brutales de que éste se sirve, justificando su existencia por su imposición forzosa y sobre todo derecho.
            Pero no; el funcionario honrado, nunca se valdrá de los medios violentos a que acude en defensa de sus apetitos el funcionario venal. El funcionario honrado considerará como afrenta las represiones violentas, porque, viéndose atacado, buscará la fuerza de su defensa en la razón, y para sincerarse de los cargos que se le imputen, pondrá en conocimiento de la autoridad competente, las que, por el hecho de desvanecerse en un proceso formal, acarrearán la deshonra del calumniador, siendo el desprecio que sobre él arroje la sociedad honrada, el castigo más duro que pudiera merecer.
            Al mismo tiempo que el funcionario calumniado castiga a su calumniador con sólo hacer brillar su honradez, dará un gran ejemplo a los empleados que por toda razón, por toda explicación de sus torpes manejos, corren los cerrojos de la prisión para dar paso al que quizá tuvo sobrada razón de lanzar a su cara el justo reproche como precio de su maldad.
            Por lo asentado se ve que el mejor camino que puede tomar una autoridad, cuando vea que peligra su reputación como funcionario, es el de sincerarse de los cargos que se le imputen, sincerarse por medio de la razón, no por la fuerza, pues ésta sólo la emplean los tiranos, y éstos, nunca tienen razón ¿porqué? Porque se imponen, porque la imposición implica abuso y el abuso no es razonable.