Regeneración N° 10, 15 octubre 1900

Atentados en Tetela de Ocampo, Puebla

Es alarmante lo que acontece en ese Distrito, mal gobernado por un Jefe Político caprichoso y no muy afecto a respetar la ley. Tenemos abundantes datos de tropelías cometidas por las autoridades de ese lugar, pero por falta de espacio nos referiremos a una sola, aunque abundante en detalles que exasperan.
El Sr. Manuel Cortés Bonilla1, a solicitud de Da. Dolores Toral de Hernández, redactó un escrito dirigido al Presidente del Ayuntamiento de Tetela, haciendo notar que irregularmente, sin solemnidades legales, se pretendía despojar a dicha señora de un terreno de su propiedad, por medio de una denuncia hecha por un individuo a quien protege el Jefe Político. Como detalle diremos, que tan luego como ese individuo hizo la denuncia, se posesionó del terreno, a ciencia y paciencia de las autoridades, y comenzó a hacer excavaciones para sacar adobes y construir en él.
Aquél fue el motivo para que las iras del Jefe Político, comenzaran a descargarse contra el Sr. Cortés Bonilla. Se le redujo a prisión, se le tuvo en un calabozo pestilente, se negó el Juez, a las 17 horas de prisión, a hacerle saber quién lo acusaba y por qué delito se le detenía, no se le careó con los testigos que depusieron en su contra, etc., etc.
A los dos meses de estar sufriendo el Sr. Bonilla las vejaciones de la prisión y las molestias consiguientes, se le puso en libertad por no haber delito qué perseguir. Este auto demostró palmariamente la arbitrariedad cometida.
Durante la prisión del Sr. Bonilla, la Señora su madre, una respetable anciana de 67 años, su esposa y sus dos hermanas, dirigieron al Presidente de la República y al Gobernador del Estado, cartas quejándose de los actos arbitrarios de que estaba siendo objeto dicho Señor, y designando especialmente al Jefe Político como instigador de ellos, denunciando, además, que esta autoridad destierra, envía al ejército y encarcela a sus enemigos.
El Gobernador Martínez, envió entonces a Tetela a un Agente de Distrito especial, en comisión para que practicase las averiguaciones que resultaran de la denuncia de la familia Bonilla.
El Agente citó a las referidas señoras, las que se negaron a declarar ante él, por no ser él competente para averiguar ni para conocer de los delitos o faltas oficiales que hubiese cometido el Jefe Político, y además, porque en Tetela no se goza de garantías y tenían el temor de un daño en sus personas. Eso bastó para que se abriese proceso contra las referidas señoras, las que, sin consideración a su sexo e ilegalmente fueron reducidas a prisión, por los delitos de desobediencia y resistencia de particulares, toda vez que, conforme al art. 1º del Código Penal, tenían la obligación de ayudar a los tribunales a la investigación de los delitos.
Causa indignación conocer actos de esa naturaleza, originados por autoridades que no tienen idea de su misión, ni conocen las leyes que tienen la obligación estricta de respetar. Como ejemplo pondremos al Agente de Distrito que ha dicho en autos, que las procesadas se negaron a declarar ante él “sin motivo legal,” como si no fuera motivo legal la notoria incompetencia de ese Agente arbitrario y falto de criterio en el ejercicio de sus funciones.
En efecto: para averiguar si el Jefe Político era o no responsable de los delitos denunciados por las referidas señoras, no es competente ese Agente. El art. 71 de la Constitución del Estado dice: “Habrá un Consejo de Gobierno compuesto por seis miembros nombrados anualmente por el Gobernador”; y el 73 de la misma, en concordancia con el 71, y tratando de los deberes y atribuciones de ese Consejo, dice literalmente en su frac. II: “Constituirse en Jurado para conocer de las acusaciones que se hagan contra los Jefes Políticos…” Se ve, pues, que la autoridad competente para conocer la denuncia de las Señoras procesadas, no era ese Agente que ilegalmente se toma atribuciones que no le corresponden, sino el Consejo de Gobierno aludido, por lo que en su perfecto derecho estaban dichas Señoras, para negarse a declarar ante una autoridad intrusa legalmente.
El art. 14 de la Constitución, cuya existencia ignora dicho agente, y más ignora todavía su espíritu, establece en su segunda parte como garantía individual, la competencia de los tribunales que deben conocer de los juicios del orden penal. Si ese precepto parece referirse únicamente al  acusado, el Agente no sabe que la Suprema Corte, interpretando inteligentemente ese artículo, ha resuelto que la garantía se extiende tanto al acusado como al acusador, porque en el juicio criminal pueden ser juzgados y sentenciados tanto el uno como el otro.
No pueden existir, pues, en este caso, los delitos de desobediencia y resistencia de particulares. Las Señoras procesadas no se han negado a declarar ante quien corresponde, sino que han negado y seguirán negando, la competencia del Agente de Distrito, lo que es una causa legítima, que ese Agente desconoce y que la ley del Estado prevé, para negarse a declarar ante él.
Ese proceso debe resolverse dentro de poco tiempo por un Juez, cuya integridad se nos ha referido, por lo que no dudamos que ese ilegal procedimiento concluirá pronto satisfactoriamente para las procesadas.
De todas maneras, y a reserva de dar a conocer otros detalles, llamamos la atención de las autoridades Federales y locales sobre esas arbitrariedades indignas de un país culto, en el que el respeto a la ley, debe ser la norma de todos los funcionarios públicos.

1  Manuel Cortés Bonilla. Miembro de la familia descendiente de Juan C. Bonilla. Vid. infra, n. 302.

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