Regeneración N° 10, 15 octubre 1900

El alcaide de Huejuquilla, consignado

Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procurase reprimir enérgicamente, con energía que desgraciadamente se estrella las más de las veces en ciertos compadrazgos que existen entre las autoridades, las violaciones de leyes o las desobediencias de los ejecutores de determinaciones judiciales, nuestra República sería una vasta factoría desorganizada o anárquica.
            Un caso de represión dictado por la Corte contra un Alcaide rebelde, tenemos a la vista.
            D. Luis González pidió, ante el Juez Letrado de Colotlán, en auxilio de la Justicia Federal, amparo contra actos del Director Político de Huejuquilla el Alto, Jalisco, por haber sido arbitrariamente aprehendido y desterrado del lugar de su residencia. El Juez decretó inmediata suspensión del acto reclamado, y al efecto se dispuso se notificara al Alcaide de la cárcel de Huejuquilla que no permitiera la extracción del agraviado. El Alcaide contestó de muy mal modo, negándose a recibir la orden que se le entregaba, y por ende, a cumplirla y obedecer el acuerdo de la suspensión acordada, faltando con ese acto a sus deberes oficiales.
            El amparo se sobreseyó porque posteriormente quedó en libertad el quejoso, pero estimando la Corte (de esto corremos traslado al Ministerio Público, que en el asunto Díez de Bonilla afirmó que el sobreseimiento en el juicio, hizo entender que el Juez Velázquez procedió conforme a derecho) que no podía pasar desapercibida la negativa del Alcaide para cumplimentar la decisión federal, lo puso a disposición del Sr. Juez de Distrito de Jalisco, para que inquiera y defina, la responsabilidad en que pudiera haber incurrido dicho Alcaide, y en su caso, castigue al rebelde.
            Si consideramos la trascendencia de la actitud rebelde del Alcaide, la decisión de la Corte merece la aprobación de todos los hombres honrados. Negarse a cumplimentar un auto de suspensión, significa tanto como coludirse con la autoridad responsable para que se efectúe una violación de garantías, significa tanto como revelarse contra la Constitución del país, que todos los hombres y las autoridades tienen la obligación de respetar.
            Debe, pues, ser enérgica la corrección que se haga al culpable, para su escarmiento y para ejemplo de tantas autoridades que se burlan de la ley, haciendo alarde de una desconsoladora impunidad.