Regeneración N° 10, 15 octubre 1900

La Imprenta Como Instrumento De Delito

En la sentencia pronunciada en contra de los redactores del El Hijo del Ahuizote, cada uno de sus detalles hace evidente que se ha tratado de hacer desaparecer esa hoja periodística, pasando por encima de las garantías individuales y de todo respeto a la ley.

Decomisar la imprenta es el último extremo a que puede llegarse persiguiendo ese fin, y jamás tan inaudito atentado podrá citar en su apoyo ninguna disposición legal.

La injuria, la difamación y la calumnia, se pueden cometer por medio de la escritura, ya sea manuscrita o impresa, por medio del telégrafo, el teléfono, la fotografía, etc. Destruir, con fundamento del art. 106 del Código Penal, una instalación telegráfica o una cámara fotográfica, sólo porque la primera transmitió la palabra obscena o la segunda reprodujo el acto lúbrico que caen bajo definición del Código Penal, serían verdaderos actos de salvajismo y rasgos de barbarie.

La civilización habrá de protestar siempre contra esos actos, por más que, a golpe de mazo, se les haga entrar en la torturada significación gramatical de la ley, con detrimento de su alcance moral y filosófico.

El veneno con que se comete el homicidio, es el instrumento inmediato y directo del delito, pero ese veneno fue preparado en un consultorio, sirviéndose de la balanza, la retorta, el almirez y el libro que redacta la fórmula. Todos estos han sido instrumentos que han servido para que el delito llegue hasta su última escena. Podemos llamarlos instrumentos remotos e indirectos del delito.

Lo mismo encontramos con relación al puñal y la pistola. Ellos son los instrumentos directos, pero existen los remotos, aquellos de que se sirvió el industrial para fabricar el arma.

Confiscar el veneno, el puñal, la pistola, es atacar el delito; pero confiscar la fábrica donde éstos se fabricaron, todos los útiles donde se compuso la droga, es atacar la industria y el comercio, herir las fuentes del progreso de la sociedad que se trata de favorecer, es llevar un principio de sana lógica, hasta el absurdo y la deformidad.

Un criterio perfectamente sano y científico tiene que interpretar el art. 106 del Código Penal, en el sentido de que ordena el decomiso de los instrumentos y objetos que hayan servido directamente para cometer el delito, pero nunca hará extensiva aquella determinación a los instrumentos remotos que hayan venido a coadyuvar indirectamente a la comisión del hecho punible.

La frase injuriosa para reproducirse se vale del papel, de la tinta y de la industria tipográfica con todos sus útiles. Estos elementos vienen a formar un periódico, del mismo modo que las diferentes sustancias medicamentosas vienen a formar la pócima y de la misma manera que la maquinaria, en cada industria, llega a formar el artefacto a cuya producción se dedica.

Si aquel periódico contiene una frase ofensiva, el relato de un hecho que causa deshonra o desprecio, o la imputación de un delito, él podrá ser el instrumento o la cosa con que se cometió la injuria, la difamación o la calumnia, como la pócima es el instrumento que causó la intoxicación, pero ni en aquel caso la prensa, ni en éste la retorta y las balanzas, son instrumentos de delito en los términos del art. 106 del Código Penal.

Por otra parte, “la publicidad no es una constitutiva de los delitos de injuria, difamación o calumnia, sino sólo una circunstancia agravante,” decía en una reciente ejecutoria la Suprema Corte, entrando al fondo de los delitos de imprenta.

Si el delito, para la aplicación de la ley, ha de comprobarse demostrando la existencia de todos los elementos que lo constituyen, éstos elementos serán los únicos que habrán de tomarse en cuenta para clasificarlo en la escala de la penalidad. Su instrumento será también aquel que haya producido esos elementos constitutivos; algo de lo que es indispensable para su existencia. Pero si la publicidad no es de esa clase, sino una circunstancia que puede no existir en los delitos de injuria, difamación o calumnia; no habrá que considerar como instrumento de estos delitos aquello que ha servido exclusivamente para obtener la circunstancia de la publicidad, y no para cometer el delito que se persigue.

Hay una ley de íntima relación con el principio que nos ocupa, el Código Civil, que en su capítulo sobre penas de la falsificación, art. 1215, dispone, que se destruyan las planchas, moldes y matrices que hayan servido para la edición falsificada; pero que no se comprendan en esta disposición los caracteres de imprenta.

Nadie puede dudar que esta disposición ataca directamente al delito, sin tomar en consideración al delincuente. Trata de impedir su reproducción, privándolo de los medios de que se vale para ello, en una palabra, tiende a romper el objeto que lo produjo: el instrumento del delito.

Sin elogios para esta disposición que manda destruir objetos que pueden ser legalmente útiles, podemos presentarla como criterio legal de lo que, en casos como el presente, pueden considerarse instrumentos del delito, a saber: aquellos que no pueden servir sino para la reproducción delictuosa, lo que quedó destinado para siempre e irremisiblemente a la comisión del acto que ha merecido la censura de un fallo: el diseño, la figura explicativa a que el texto se refiere, todo lo que no tiene vida, sino al lado de la obra falsificada; pero nunca los caracteres de imprenta, no la rotativa o la prensa que están en espera de la nueva forma y del empleo nuevo; verdaderos instrumentos de que la idea se sirve para inmortalizarse en bien de la civilización y convertirse en herencia de generaciones futuras. Todo eso tiene que ser sagrado y las manos que lo tocan, quedan por su profanación, anatematizadas en nombre del progreso y en nombre de la civilización.

La confiscación del instrumento del delito, no puede tener más que uno de estos dos caracteres: si no es una pena, propiamente hablando, sino, como dice Ortolán interviene solamente como accesoria en los casos que en principio mismo de la propiedad de tal o cual objeto, relacionado con el delito, fuese vicioso, ya sea en atención al culpable o por cualquier otro motivo, de tal manera que no haya, por decirlo así, propiedad legítima, entonces el precepto legal no comprende en su disposición la imprenta, que ni por su origen, ni por su naturaleza, ni por el uso a que está destinada, descubre parentesco ninguno con el crimen. Si alguna vez, sus millones de lenguas repiten la frase injuriosa o el calumnioso precepto, su movediza forma, no queda vinculada con el delito, y la infinita combinación de sus tipos, está siempre al servicio del verbo fecundante de la ciencia o la inspirada frase de a poesía.

Si es una pena, su aplicación exige, no sólo la observancia de los preceptos del Código Penal, sino también la de aquellos que están por encima de todas las leyes: los de la Constitución Federal.

La ciencia ha borrado del Código la confiscación, y lo ha hecho por razones de muy alta trascendencia social.

La confiscación es fecunda en males, porque comprende a una multitud de individuos que no tomaron participación en el delito; es perjudicial al adelanto económico de la sociedad porque el que antes era un miembro útil que derramaba la savia del capital, se constituye después en carga pesada al convertirse de productor en consumidor.

Pues bien, decomisar una imprenta en la actualidad, significa lo mismo que imponer la pena de confiscación.

En el medio en que viven la sociedades modernas, en una lucha de ruda competencia, los progresos innegables de la grande industria han matado a la pequeña. La creación de poderosas sociedades anónimas, ponen a la actividad individual en situación de no soportar, por sí sola y aislada, la tremenda competencia, que por todas partes le hace el capital.

Una instalación tipográfica, para contar con algunas probabilidades de éxito, requiere actualmente un capital que absorbe no sólo el patrimonio entero de una familia, sino que reclama, mayores contingentes. Se hace necesario recurrir a la asociación para hacer frente a los gastos de instalación y mantenimiento de la grande industria.

En este estado de cosas, decomisar toda una industria como instrumento del delito, implica herir a un gran número de individuos que no tomaron participación ninguna en el delito, es hundir en la ruina al industrial que de productor habrá de convertirse en simple consumidor, en una palabra, es aplicar la pena de confiscación prohibida por el art. 22 de la carta fundamental, es aplicar una pena trascendental notoriamente inicua y contraria a los intereses de la sociedad, cuya defensa pretende el Código Penal.