Regeneración N° 11, 23 octubre 1900

El asunto de “El Hijo del Ahuizote”

No pocos obstáculos hemos vencido, ni pocos esfuerzos gastado, para procurarnos datos de este negocio que, quizá por lo monstruoso, se guarda con el mayor sigilo; pero el deseo de complacer a nuestros lectores y el de procurar que la justicia venza, cuando la intriga y el apasionamiento la conducen a la bancarrota, nos han animado para salvar esos obstáculos y gastar esos esfuerzos.
Pocas observaciones haremos, porque al escribir estas líneas, nos falta espacio. En nuestro próximo número daremos a conocer otros detalles.
OBSERVACIONES AL PROCESO.

I
Caía una denuncia contra los redactores de “El Hijo del  Ahuizote” sobre el bufete del Juez Pérez de León, y éste, sin la comprobación previa del delito, ordenaba la clausura de la imprenta y el aseguramiento de los útiles tipográficos y litográficos. Si el Juez estima que esta imprenta y estos útiles constituían el instrumento del delito, tenía que comprobar previamente, a riesgo de tachársele de ligero si no lo verificaba, que existía un delito, y que a ese delito servía de instrumento tal o cual cosa. El Juez pasaba sobre esa comprobación. En la denuncia de Arturo Paz, por ejemplo, desde luego, sin llamar a los procesados para que declarasen, sin más elementos que la acusación y la inofensiva caricatura denunciada como injuriosa, el Juez mandó clausurar la imprenta.
El procedimiento, aunque arbitrario, satisfacía compromisos amistosos.

II
En cada clausura de imprenta, en cada aseguramiento de útiles tipográficos y litográficos, el Juez nombraba un depositario. No sabemos, ni el Juez lo sabe, en qué disposición legal se funda ese nombramiento de depositario. La ley penal no lo autoriza para ello, y cuando la ley no lo autoriza a hacer algo, el Juez debe abstenerse de efectuar actos faltos de fundamento legal.
Pero es muy probable que el Juez haya aplicado al caso la ley civil. Tenía la obsesión de que lo que efectuaba era una embargo. Así lo repite en autos muchas veces. Y guiado por esa obsesión, nombraba un depositario de los bienes embargados. Pero en este caso, el Juez no ha cumplido ni con la ley civil, porque el depositario recibía los objetos sin inventariarse, sin saber que se les entregaba, y sin que se hubiese acreditado en autos que el depositario tenía bienes raíces o había dado fianza suficiente para responder de su manejo. Estas irregularidades son de trascendencia, y pueden resolverse en abusos.

III
En nuestro número 81 hicimos notar que Luis G. Valdés no había presentado con su querella el testimonio de mandato otorgado por Mercenario, y que sin embargo, el Agente del Ministerio Público había dado a la querella. En vista de los autos hemos descubierto una irregularidad más grave todavía.
En la comparecencia que se redactó ante el Agente del Ministerio Público, este dice que se presento ante el Lic. Valdés, en su calidad de apoderado de Antonio Mercenario, como lo acreditaba el poder que exhibía. No es cierto, a pesar de que el agente lo afirme, que se haya presentado el poder el 10 de Junio de este año, fecha de la comparecencia, pues como dijimos en nuestro referido número, el poder «sacose para el mandatario, el 11 de Junio,» es decir, el día siguiente de la comparecencia. La nota del timbre se pagó el mencionado 11 de Junio, dato que confirma que Valdés no tenía en su poder y por lo mismo no pudo presentarlo, el testimonio de mandato el 10 de Junio.
Resulta, pues que el Agente del Ministerio Público asentó en la comparecencia de querella, o dejó que se sentase un hecho inexacto, procedimiento del que deben huir los funcionarios públicos, por más que deseen servir a su mejor amigo.
 El Juez dijo en su sentencia, que D. Luis Mata había visto la planta de un número denunciado de «El Hijo del Ahuizote» Al recibir Mata la planta para su impresión, naturalmente que la vio: pero el Juez toma ese acto en el sentido de que Mata leyó la planta. Esto es inexacto. El procesado afirmo en su declaración preparatoria que no había leído la planta, y no se le probo lo contrario. No estaba pues autorizado el Juez, con el objeto de dar barniz de legitimidad a su fallo, para decir que Mata vio la planta, para deducir de allí, como seguramente dedujo erróneamente, que Mata era cómplice en el delito. Si Mata no leyó la planta, y por tanto, no supo lo que ella decía, mal puede designársele como cómplice en el delito, y por ende, el Juez no debió de reducirlo a prisión, ni sentenciarlo, sin cometer una arbitrariedad.

V
Dijimos en nuestro número 8 que el Juez había comprendido en el aseguramiento derivado de la querella de Paz, piedras y diseños que no tienen relación con el delito. En efecto, aparecen en autos unos diseños de caricaturas del Presidente de la República, de D. Justo Sierra2 y otros más, que no fueron denunciados. Al asegurar estos objetos, el Juez obró ilegalmente, ocasionando serios prejuicios al dueño de las piedras litográficas, quien se ha visto privado de sus elementos de trabajo, que no le indemnizara nunca el Juez que cometió ese atentado contra la propiedad, reduciendo a la impotencia un factor económico, que si no produce un desequilibro general, significa la supresión de una energía productiva.

VI
Uno de los puntos más graves de este negocio, es un acto del Juez Correccional limitando la defensa del Sr. Remigio Mateos con determinaciones ilegales.
En la audiencia de 25 de Julio de este año, celebrada en el incidente de acumulación promovido por el Agente del Ministerio Público, el Sr. Lic. Eduardo Fuentes, defensor del Sr. Mateos, manifestó que hasta la fecha de la audiencia se le había rehusado ver el proceso.
El Juez en vista de esta manifestación, le «permitió (el Juez llama permiso a su obligación) que se hiciera cargo del auto cabeza del proceso, poderes presentados y auto de formal prisión de su defenso, no habiéndole permitido, por más que lo solicitó, inspeccionar las demás constancias de los procesos» ….. .«se le mostró solamente (como concesión graciosa) la declaración y preparatoria de Mateos y escritos de acusación» …… » el Sr. Fuentes, dijo que necesitaba ver todas las demás declaraciones de su defenso y los careos, para saber si los demás delitos fueron cometidos por la misma persona.» El Juez negó su solicitud al defensor.
Esta denegación, es uno de los muchos actos ilegales cometidos en este proceso. Cuando el Juez ocurre a esos medios, se descubre la falta de base legal en sus procedimientos. Se recurre a los ardides de «La Toga Roja,» para condenar forzosamente.
El defensor estaba en lo justo para pedir, más bien dicho, para exigir al Juez que se le diese conocimiento de todo el proceso, ya que hasta entonces no se había hecho, y el Juez debió acceder a la solicitud del defensor, porque de otra manera, por las acusaciones, por los autos cabeza del proceso, por los poderes, no podía saber el defensor si los autos eran de acumularse o no.
Muy censurable ha sido la conducta del Juez Correccional, al negar al defensor el conocimiento de las constancias que solicitaba. Para saber si hay lugar o no a la acumulación de delitos, es necesario, indispensable, las diligencias, los careos, etc., y no solamente los autos cabeza del proceso, los poderes y las acusaciones, que nada significan sin las diligencias subsecuentes.
Creemos que el Tribunal Superior debe tomar nota de este detalle alarmante.

VII
Otro detalle digno de atención ocurrió en una audiencia a que alude el inciso anterior. El defensor del Sr. Mateos «hizo notar al Agente del Ministerio Público, que por su carácter de representante de los intereses sociales, tienen la obligación de promover ante la autoridad competente, el esclarecimiento de cualquier hecho que pudiera ser delictuoso, para que fije su atención en algunos hechos que pudieran ser conexos con aquellos que se averiguan en los procesos referidos, hechos que acaba de ver redactados en el último número recogido en un artículo que se titula: «El Hijo del Ahuizote» no dejará de publicarse (en serio).» ( El defensor aludía al artículo que publicamos en nuestro número 2, pág. 9. Tomando de dicho periódico, en el que se redactaba que el Juez Pérez de León había hablado a solas con D. Daniel Cabrera y que éste se había manifestado después «su voluntad de que «El Hijo del Ahuizote» dejara de existir»).
Sobre la manifestación del defensor, el Juez llamó la atención a éste «sobre que eso no es motivo del incidente de acumulación, por lo que no le permite hacer mérito de él, advirtiéndole, que si cree hay delito, proceda en la forma legal a denunciarlo.»
Lo curioso del caso es que, a la audiencia, asistió el Agente del Ministerio Público, oyó la manifestación que hizo al Agente, defensor Lic. Fuentes, quien designo los hechos que pudieran ser delictuosos, y, sin embargo, el Agente se revistió de una impasibilidad estoica y no tomó nota de las manifestaciones del defensor.
Por nuestra parte, creemos que el agente del Ministerio  Público está obligado a esclarecer «cualquier hecho que pudiera ser delictuoso» (como dijo el Sr. Lic. Fuentes), tan luego como se le de conocimiento de él, y no encerrarse en un mutismo complaciente que choca con sus funciones.

VII
Es curioso hacer notar, que todos los procesados manifestaron en sus declaraciones que D. Alfonso Cabrera se ocupaba solamente de hacer enfajillar el periódico, ordenar su remisión a los subscriptores y recoger el dinero de las ventas para entregarlo al propietario. A pesar del inofensivo proceder de Cabrera, el Juez dice que hay méritos para decretar su formal prisión y para sentenciarlo con la enorme pena de cerca de tres años de prisión y la adicional de no leer y escribir. Estamos seguros que el inteligente y energético defensor de Cabrera, Lic. D Francisco A Serralde, desmenuzará esta sentencia.

XI
Al Juez Correccional agradaron los procedimientos de «La Toga Roja» y los ha practicado admirablemente. Fernando Celada declaró, que no pertenecía al cuerpo de Redactores del periódico, «sin embargo, objetó el Juez, estaba Ud. escribiendo cuando lo aprehendí» -«Sí, señor, hacía versos,» contestó modestamente Celada. -«Bien, replica Pérez de León, si Ud. estaba separado de la redacción, ¿por qué una mañana lo encontré en la casa de D. Daniel Cabrera?» Celada llamó a su auxilio su educación, para no contestar agriamente al Juez. Este por su parte, se abismo en ejercicios de lógica. Planteó su silogismo: Celada escribía cuando lo aprehendí; a Celada lo encontré una mañana en la casa de D. Daniel Cabrera, luego Celada es Redactor de «El Hijo del Ahuizote:» seis meses de arresto. Celada deploró saber escribir y está decidido a no hacer vista alguna en lo futuro.
Nosotros creemos que el Juez Correccional no estuvo autorizado para acudir a hechos, que le constaban personalmente pero que no constaban en autos. Ese procedimiento, tiene la grave consecuencia de relajar la voluntad del reo y de torturar su cerebro, para obtener una confesión, procedimiento ajeno a la autoridad judicial que respeta sus funciones.

PRIVACIÓN DE LEER Y ESCRIBIR CON PENA.
No ha mucho tiempo, dos súbditos extranjeros publicaban en esta Ciudad un periódico de escándalo y de política de camarilla, sin miras sociales, ni programa definido. Consideraciones de moral y prohibiciones expresas de la Constitución, imponían la necesidad de castigar a aquellos periodistas de proceder obsceno y turbio y que, a pesar de su carácter de extranjeros, se inmiscuían en los asuntos políticos del país, sin más propósitos que un interés exclusivamente personal.
Aquellos periodistas, sin embargo, aseguraron por mucho tiempo buenas utilidades y aun hicieron correr la voz de que gozaban del favor y de la protección de una alto funcionario federal.
La sociedad pudo ver entonces, con sobresalto y alarma, que la vida privada y la moral estaban a merced de dos aventureros seguros de la impunidad.
Hoy la sociedad ve con más intenso sobresalto y alarma, un desconsolador contraste entre esta impunidad y los terribles golpes que la autoridad judicial está enderezando contra otros periodistas.
Estos son mexicanos y tienen derecho de interesarse en la vida pública; éstos persiguen un ideal político y respetan la vida privada, la moral y la paz pública; estos se inspiran en un programa, que para unos es extraviado, y para otros atingente y meritorio;  pero que para todos los espíritus imparciales es recto, sincero y bien definido, y desarrollan este programa, como la entienden, con fines esencialmente sociales; éstos, en fin, con grandes penurias y dificultades, sostienen una publicación que nunca ha sido para la sociedad una amenaza.
Y contra estos periodistas, la autoridad judicial ha desencadenado todo su rigor hasta llegar a lo increíble y sorprendente.
Para este género de periodistas, se había acudido antes al máximum de las penas es bien sabido; pero antes de ahora, no se había inventado  un castigo, que revela tener persecución y arguye desconocimiento de  la ley; ahora se le impone a estos periodistas una pena adicional: la prohibición de leer y escribir.
En nuestra jurisprudencia no hay un precedente de la aplicación de esa pena adicional ni aun contra los criminales más peligrosos y contumaces, ni aun contra los delitos más peligrosos y horripilantes.
En verdad el art. 213 del Código Penal autoriza al Juez para agravar la pena de alguno de los medios enumerados en el art. 95, cuando a su juicio no fuere bastante castigo el aumento de pena prescrito en los art. 208 y 210.

1 Véase supra, art. núm. 63.

2  Justo Sierra Méndez  (1848-1912). Jurista campechano. Polígrafo, colaborador de El Monitor Republicano, El Renacimiento, El Domingo y El siglo XIX, periódicos en los que publicó trabajos literarios. Para La Tribuna, La Libertad y El Federalista colaboró con trabajos históricos y sociológicos. Miembro del partido científico, fue Diputado al Congreso de la Unión, Magistrado de la Suprema Corte y Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de 1905 a 1911. Ocupando este puesto impulsó la fundación de la Universidad Nacional. En 1912 fue nombrado Ministro Plenipotenciario de México en España.

-> Regresar al artículo ‘PROBABLE CONSIGNACION DE UN JUEZ’
, Regeneración no. 12.

->Regresar al artículo ‘EL PROCESO DE EL HIJO DEL AHUIZOTE’, Regeneración, no. 15.