Regeneración N° 2, 15 agosto 1900

LOS PROCÓNSULES DE LA PROVINCIA

La graciosa expresión de Juan A. Mateos1 en el Jurado Cahuantzi2, respecto de los jefes políticos, tiene una expresión gráfica que caracteriza un estado social. En efecto por lo general, con muy honrosas excepciones, los jefes políticos tienen en su demarcación un aspecto de señores de horca y cuchillo, que no encaja muy bien en un país que se precia de civilizado. Casi todas las arbitrariedades que cometen los jefes políticos tienen el carácter de una orden de destierro que no se compadece con nuestras instituciones políticas. Estos procónsules son terribles. Si X les molesta, suprimen a X enviándolo fuera de su territorio jurisdiccional. Si en el pueblo H los electores, aburridos por las arbitrariedades que cometen los protegidos del Jefe Político puestos casi siempre en el Ayuntamiento, porque los Ayuntamientos de los pueblos y los Jefes políticos se entienden perfectamente, y estos electores, con un esfuerzo de civismo plausible asaltan los comicios y vencen en ellos, el Jefe Político desobedece las listas de escrutinio y envía al gobierno el nombre de las personas que mejor le parecen, y a quienes ya extendió los respectivos nombramientos; y cuando los electores elevan su propuesta ante el gobierno, el Jefe Político se escuda con la siguiente frase estereotipada en ellos: «conveniencias políticas; no creo que el Gobierno me haga quedar en ridículo para que sea yo la burla de estos revoltosos» (acostumbran llamar revoltosos a los que ejercitan su derecho).

Sería interminable la lista de violaciones cometidas por Jefes Políticos. Para no cansar a nuestros lectores, les presentaremos tres ejemplares, inapreciables documentos humanos. Santana Salazar pidió amparo contra la orden del Jefe Político de San Luis de la Paz, Guanajuato, que lo mando aprehender para ser remitido por cordillera a Dolores Hidalgo. El Jefe Político, en su informe con justificación se disculpa diciendo que mandó a aprehender a Salazar como sospechoso y desconocido y la remisión a Dolores Hidalgo tuvo por objeto el que el quejoso comprobase ante la Jefatura de este lugar su buena conducta como vecino de él. Burda es la disculpa del Jefe Político, y como burda, alarmante. El Juez de Distrito concedió el amparo y la Suprema Corte acaba de confirmar por unanimidad de votos la sentencia del Sr. Juez de Distrito de Guanajuato.

No conocemos al Sr. Juez de Distrito de Guanajuato, pero por el tono de otra sentencia suya, también contra un Jefe Político, el del Distrito de Guanajuato, que por ser del centro podía parecer más ilustrado, nos parece que dicho Sr. Juez obra en estos casos con la energía que debieran obrar todos los Jueces de Distrito de la República, al reprimir arbitrariamente. Desgraciadamente algunos Jueces de Distrito están sugestionados por los potentados de provincia, por la debilidad unos, pues no comprenden la importancia de su puesto, por temor otros y  por afición los más. El Juez de Distrito de Guanajuato, en la sentencia que tenemos a la vista, no parece ser un Juez vulgar, sino un Juez que sabe cumplir con su deber. Ojalá así sea y que nuestra opinión se confirme.

La otra sentencia del señor Juez de Distrito mencionado, recayó en un juicio de amparo promovido por Eleuterio López contra la orden del Jefe Político de Guanajuato, que dispuso fuera desterrado el quejoso de la Hacienda de Santa Teresa donde estaba avecindado. En el informe con justificación rendido por el Jefe Político, negó éste haber expedido esa orden, pero el quejoso comprobó la existencia de ella. Parece que en este asunto jugó un particular, íntimo amigo del Jefe Político, y a quien éste, para servirlo, dio la orden para que la ejecutase por medio de un Juez auxiliar. Ello se desprende de las siguientes frases del Sr. Juez de Distrito: «La instigación al particular a un acto violento, el concurso no solamente espontáneo sino interesado de la autoridad a la consumación de este acto, el
atropello consiguiente a la ejecución y por último el escandaloso y lamentable ejemplo en tales casos, etc. etc.»

Hay un antecedente en este asunto que da la medida de la inmoralidad que encerraba la orden de destierro, y es el de que Eleuterio López había pedido con anterioridad, otro amparo contra otro acto violatorio del mismo Jefe Político. A este respecto dice el Sr. Juez de Distrito. « deduciéndose de esto, que se ha ceñido sobre el quejoso la implacable saña de la acción terrible del poder en sus excesos de apasionamiento.» La Suprema Corte acababa también por confirmar por unanimidad de votos, la sentencia protectora pronunciada por el Sr. Juez de Distrito.

Otro caso también es el de Narciso González. Este pidió amparo contra la orden de destierro pronunciada  por el Jefe Político de Salvatierra, Guanajuato. El Juez de Distrito lo amparó y la Corte, por unanimidad también, confirmó la sentencia del inferior.

Estos tres amparos se fallaron en un solo día en la Corte y de igual manera, siendo de notar que los tres van dirigidos contra actos arbitrarios de Jefes Políticos del Estado de Guanajuato, lo que nos hace suponer que en esta entidad federativa, no hay mucho respeto a las garantías individuales.

Creemos que con la relación anterior y con otros datos abundantísimos que tenemos en cartera, pero que en obsequio a la brevedad no publicamos ahora, se confirma la graciosa frase de Juan A. Mateos «Los Procónsules de Provincia.»

1  Juan A. Mateos. (1831-1913). Abogado, periodista, literato y dramaturgo. Discípulo de Ignacio Ramírez el Nigromante.  Participó en la Guerra de Tres Años (1858-1860) y en la de Intervención. Fue regidor del Ayuntamiento de México durante el Imperio. Redactor de La Orquesta. Desterrado a Yucatán,  a su regresó se alistó en las fuerzas de Porfirio Díaz y participó en el sitio y toma de la ciudad de México (12 de junio de 1867). Fue secretario de la Suprema Corte de Justicia, diputado federal y director de la Biblioteca del Congreso. Entre muchas otras escribió las novelas históricas El cerro de las Campanas (1868) y Memorias de un guerrillero (1897).

2 Refiérese al jurado formado en el Congreso Federal para enjuiciar, en 1896, al gobernador  Próspero Cahuatzin acusado de violación a las leyes de Reforma, por haber permitido la inhumación del cadáver del obispo Melitón Vargas en el interior de un templo y asistido con carácter oficial a los funerales que se celebraron en lugares públicos y no en el interior de la iglesia. El jurado lo absolvió.