Regeneración N° 21, 7 enero 1901

DIFAMACIÓN A LA AUTORIDAD

El último número de El Heraldo de Aguascalientes, se publicó en blanco, con la nota de que por orden de la autoridad, se suspendía dicha publicación por oposicionista. El Gobierno del Estado consideró difamatorio el aviso anterior, se puso en juego la arbitrariedad, la intriga removió los obstáculos de la ley y se ordenó la aprehensión del Sr. Lic. Aniceto Lomelí, Director del valiente colega.

Después del atropello al individuo, urgía el atropello a la ley. El Juez de 1ª Instancia no escaseó la medida, como puede observarse en el siguiente auto de formal prisión, que demuestra desnudez de criterio y un alarde irritante de irrespetuosidad judicial.

“Apareciendo de lo practicado méritos bastantes para decretar la formal prisión del Lic. Aniceto Lomelí, como presunto responsable DEL DELITO DE DIFAMACIÓN A LA AUTORIDAD; de conformidad con lo prevenido en los arts. 145 a 148 del Código de Procedimientos Penales, hágasele saber su formal prisión, fíliese, prevéngase nombre defensor con el apercibimiento de la ley y líbrese copia de este auto al Alcaide de la Cárcel.- Notifíquese.”

Ese auto, es la mejor defensa del Sr. Lic. Lomelí y encierra el mejor reproche a la autoridad judicial. Ese auto revela un estado social desnudo de toda conveniencia pública.

Las frases de El Heraldo no constituyen un delito, y menos aún el de difamación a la autoridad, inventado por la inquisitorial fantasía de aquellos gobernantes. Con ellas se informa al público del por qué de la desaparición del colega, información que no entraña dolo, esa constitutiva del delito de difamación.

Por otra parte, la difamación a la autoridad no es un delito previsto en la legislación positiva de Aguascalientes, como no está previsto en ninguna otra legislación de la República; y no lo está, porque sería hostil a la Constitución Federal que permite las apreciaciones de las funciones públicas de las autoridades. Si las frases de El Heraldo envolvían una censura que pudiera originar descrédito a una autoridad, que se desacredita por el solo hecho de suspender una publicación periodística, estuvo en su perfecto derecho el colega, no sólo para indicar el acto reprochable en una simple información inofensiva, sino para censurarlo amplia y calurosamente, pues para ello lo protege el art. 7º Constitucional violado rudamente por las autoridades de esa entidad federativa.

Son, pues, contrarios a la Constitución los procedimientos judiciales seguidos contra el Sr. Lic. Lomelí, porque las autoridades jamás pueden ser difamadas. En tal virtud, con el encarcelamiento del Director del colega, después de haberse cometido el atropello de suspender una publicación periodística, se ha atropellado a la Constitución y se ha inferido un agravio a la sociedad.