Regeneración N° 22, 15 enero 1901

EL PUEBLO PIDE JUSTICIA

En Mazatlán, Sin., se acaba de publicar, con el título anterior, una hoja suelta que se refiere al misterioso asesinato de Don José de la Vega en Mocorito, y al crimen de que fue víctima Don Víctor Encines en 1894.

Se dice que viven en Mocorito, gozando de la impunidad, los asesinos del Sr. Encines, y que con motivo del homicidio del Sr. de la Vega, se fusiló sin previa formación de causa a varios individuos que, según se asegura, no eran responsables de ese homicidio.

En los siguientes términos refiere la hoja suelta el asesinato del Sr. Encines:

“Habiéndose profundamente dormido el infortunado Encines en el portal exterior de la casa, con un pequeño hijo suyo en los brazos, llegó el asesino y con toda sangre fría y a la vista de la suegra de la víctima, le clavó un puñal en el corazón, haciéndolo despertar hasta la eternidad.

“Tan escandaloso crimen, único en la historia de estos puntos, produjo en ellos impresión profunda, porque a la crueldad, alevosía, premeditación y ventaja con que se consumó, se unía la circunstancia que, a pesar de haber sido cometido en poblado, los culpables no pudieron ser descubiertos, pues se verificó en esa vez el rarísimo fenómeno que, aunque el público todo en voz alta y a grito abierto, designaba por sus nombres a los asesinos, sólo para las autoridades locales fueron desconocidos, quedando satisfechos solamente con dar fe de la existencia del cuerpo del delito.”

De ser cierto lo anterior, pesa una grave responsabilidad sobre la administración pública de Sinaloa, que deja impunes crímenes que horrorizan. Parece que es esa una añeja costumbre en el Estado, pues tenemos entendido que, a pesar del tiempo transcurrido, aún no se castiga al asesino de Valadez1, aquel periodista de oposición que todavía recuerdan los sinaloenses.

Creemos que la administración pública de Sinaloa, no tiene defensa posible.

1  Refiérese al gobernador sianloense Francisco Cañedo acusado de asesinar al perioidista y director de La Tarántula en Mazatlán (1879). El escándalo obligó a Cañedo a abandonar el estado.