Regeneración N° 25, 7 febrero 1901

EL PROCESO DE “EL HERALDO”

Prometimos1 a nuestros lectores ocuparnos del proceso inicuo en que Aguascalientes se instruye contra del Sr. Lic. Aniceto Lomelí, Director del extinto colega El Heraldo. Cumplimos ahora nuestra promesa, ya que el estimado colega El Republicano, periódico oficial del Gobierno del Estado, se ha servido publicar la resolución pronunciada por el Supremo Tribunal de Justicia, en la apelación que el Sr. Lic. Lomelí promovió contra el auto de formal prisión decretado por el Juez 1° del ramo penal.
            Por falta de espacio nos referimos ahora únicamente al Considerando 3° de esta resolución, que subvierte principios constitucionales y trastorna un sistema liberal, que a pesar de las chicanas frecuentes usadas por nuestras autoridades, vivirá siempre, envuelto en su pureza científica.
            Dice esa considerando: «que no tiene razón de ser la distinción que antes se hacía entre delitos de imprenta y delitos de orden común, supuesto que desde que se reformó el art. 7° de la Constitución general, quedó abolida tal distinción estableciéndose un sistema de penalidad, diverso del criado por la ley de 4 de febrero de 1868, a lo que es consiguiente que el Estado está en su perfecto derecho para castigar los delitos contra la reputación, que se cometan dentro de su territorio, con sujeción a lo dispuesto en el Código Penal.»
            Nada hay más inexacto que la afirmación dogmática de ese considerando. La reforma constitucional  no abolió la distinción entre los delitos de imprenta y delitos de orden común. Veámoslo.
El art. 7 de la Constitución consta de tres incisos. El primero establece el principio general de que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. El segundo establece las restricciones impuestas a esa libertad, declarando que ella no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. El tercer inciso establece el procedimiento para el caso en que se salven las restricciones del anterior.
La reforma de 1883, se refirió al tercer inciso, respetando los dos primeros, esto es, los que establecen el principio amplio de libertad de imprenta y las restricciones que ella tiene. Al concentrase la reforma al tercer inciso, al que se refiere al procedimiento, se redujo a suprimir el fuero procesal de que gozan los escritores públicos, lo que en lo sucesivo serían juzgados por los tribunales competentes de la Federación o de los Estados, y no por los juzgados de hecho y de derecho. Se modificó, pues, el procedimiento; pero no el principio.
            Y no podía ser de otra manera. Las libertades públicas conquistadas por la Asamblea de 57, no habían de estar sujetas al capricho de nuestros legisladores, que ni con mucho alcanzaban a tener la talla de aquellas gigantescas personalidades. Aquellos legisladores obraban en virtud de convicciones profundamente arraigadas en talentos ajenos a toda coacción oficial. En cambio los que pretendieron nulificar el principio del art. 7° con una reforma, que bien puede parecer una chicana, obraron sin voluntad, doblegados por una consigna.
            Son, pues, subversivos los conceptos del considerado 3° de la sentencia que nos referimos. El tribunal sentenciador, demuestra lo que hasta el cansancio hemos dicho: el gobierno y las autoridades judiciales de Aguascalientes, no respetan la ley.

1  Véase supra,art. núm. 282.