Regeneración N° 27, 23 febrero 1901

El Asunto De “El Heraldo.”

La resolución pronunciada por el Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes, confirmando el auto de formal prisión del Sr. Aniceto Lomelí, Director de nuestro colega, pronunciado por el Juez 1º de lo Penal de dicha ciudad, dice en sus dos primeros Considerandos:
            “I.: que la legislación de todos los pueblos castiga los delitos contra la reputación, y sobre todo los que se cometen por medio de la prensa, porque así conviene a los intereses legítimos de la sociedad, y porque castigar con arreglo a la ley a los escritores perjudiciales o nocivos, es cosa indispensable para conservar la paz y el buen orden, bases únicas de la libertad civil.
            II.: que si se pudiera injuriar o difamar impunemente so pretexto de la libertad de imprenta, la ley que tal cosa autorizara sería tan absurda como la que permitiera atentar contra la propiedad en gracia de la libertad de la industria; de lo que se sigue, que reprimir el desenfreno de la prensa, equivale a mantener la libertad de que debe gozar.”
            Fuera de algunas apreciaciones erróneas de esos Considerados, que no es del caso mencionar, porque defendemos un principio y por ende, no nos preocupa el examen analítico de esos errores, el fallo funda sobre esas premisas, la siguiente conclusión alarmante: Existe el delito de difamación a la autoridad. Negamos enérgicamente esa afirmación anárquica.
            El sistema liberal en que se fundan las democracias, repugna llegar a la conclusión del Tribunal de Aguascalientes. Las autoridades emanadas de la voluntad popular, no son intocables ni impecables, lo que las somete a la necesidad de ser censurables y corregibles. Para conseguirlo, se sancionaron los artículos 6º y 7º de la Constitución, considerándose que emanadas esas autoridades del pueblo y establecidas para el beneficio de éste, la censura popular debería ser amplia, liberal, sin restricciones, como es amplia, liberal y sin restricciones la censura del mandante cuando el mandatario, por exceso o por defecto, no cumple con el mandato.
            Solamente en las monarquías (sin embargo, muchas de ellas son más liberales que nuestra República representativa, democrática y federal) el funcionario público es intocable, porque no ha sido elevado por la voluntad popular. Entre nosotros, conforme a nuestras leyes, el pueblo debería mandar y el Gobierno debería obedecer. Si no sucede así, porque el pueblo se muestra huraño y retraído para ejercitar sus derechos, el principio existe palpitante en las páginas de nuestro Código Fundamental. Pero si el público consiente en que se le despoje calladamente de sus derechos, no soporta que el despojo se vocifere en los Considerandos de una resolución judicial.
            Por estas consideraciones, el Código Penal no sanciona el delito de difamación a la autoridad. El Código se ha mostrado respetuoso para con la Carta Magna, que no consiente la creación de ese delito. Si no fuera así, los funcionarios públicos gozarían de una impunidad repugnante que protegería los malos manejos y procedimientos arbitrarios de muchos de ellos. Si no fuera así, toda la apreciación de actos de funcionarios públicos sería difamatoria, porque forzosamente se les desacreditaría si se dijese que en tal acto habían transgredido o en tal otro habían procedido con ignorancia, negligencia o torpeza.
            La misma sentencia a que nos referimos, condena los procedimientos del Tribunal de Aguascalientes, y según él, lo difamamos al censurar sus actos. A esta aberración llega su teoría anárquica.