Regeneración N° 30. 15 marzo 1901

LA CONSTITUCIÓN VIOLADA

Vamos a ver hasta qué grado de indiferencia política hemos llegado dejando pensar y obrar únicamente al Presidente Díaz, que se ha aprovechado de nuestro marasmo para hacer sentir más y más la Dictadura que pesa sobre la República.
            Sin embargo, no está por demás indicar que si las instituciones se desquician, si los preceptos constitucionales se hacen a un lado y de la espada de la ley se hace un arma de dos filos, no somos del todo culpables. Los gobiernos tiránicos acostumbran dar a sus actos un barniz de legalidad que para los ciudadanos poco o nada observadores pasan como acciones meritorias cuando, en justicia, merecen la censura enérgica, si no es que un proceso, por la responsabilidad oficial que resulta.
            Pero en el caso que vamos a tratar no se tuvo ninguna precaución y se hizo a un lado nuestra Constitución, como quien aparta un estorbo para expeditar el paso.
            El artículo 84 de la Constitución de 1857 prescribe terminantemente que: “El Presidente no puede separarse del lugar de la residencia de los poderes federales, ni del ejercicio de sus funciones, sin motivo grave, calificado por el Congreso, y en sus recesos por la diputación permanente.”
            Ahora bien, el Presidente Díaz no sometió a la calificación del Congreso el grave motivo por el que separó su despacho de la capital de la República. Él, de propia autoridad, se ha dado un permiso que ni siquiera solicitó, contraviniendo la disposición del artículo constitucional citado.
            El hecho, que parece sencillo en sí, es de gran trascendencia y, además, es una desconsoladora revelación de nuestro anómalo modo de ser político.
            El hecho es de trascendencia, porque con él se abren de par en par las puertas al abuso y a la arbitrariedad; con él se da un mal ejemplo a todos los demás servidores de la nación, que de hoy en adelante burlaran a su vez la ley, afianzándose en ellos más y más el torcido e inmoral criterio de que violarla es lícito; de hoy en adelante el Juez venal, el magistrado prevaricador, el Jefe Político asesino y cualquier otro mandatario abusador y corrompido, arrinconarán la ley para ajustar sus actos a su capricho y a su voluntad.
            El hecho que apuntamos es una revelación, porque él nos quita la venda de los ojos para mostrarnos toda la triste verdad de nuestra condición; por ese hecho, los más ciegos y los más aferrados a la idea de que en México se respetan los preceptos legales, se convencerán de que no existe más ley que la voluntad, y que los preceptos que hay que obedecer los dicta el capricho.
            Conforme al articulo constitucional citado, el Presidente ha contravenido alguna de sus dos partes, a saber: o el general Díaz despacha en Cuernavaca, y en ese caso hace mal, porque la residencia de los poderes es el Distrito Federal, y por otra parte, ha dado al Estado de Morelos supremacía sobre los demás de la Federación, o bien el Presidente no despacha, y entonces se ha separado del ejercicio de sus funciones, abandonándolas. La actitud del general Díaz en la actualidad está comprendida en alguna de las dos partes de este dilema. Cualquiera solución, la más torcida, que pretenda dársele, será de que ha infringido el articulo 84 de la Constitución.
            La infracción de cualquiera de las dos partes del mencionado artículo es grave. Ella implica el desconocimiento de un precepto sagrado. Por el desconocimiento de ese artículo, el general Díaz se ha abrogado la facultad de cambiar la residencia de los poderes, si despacha en su actual residencia, o no desempeña sus funciones, en caso de que continúen en la capital esos mismos poderes, siendo físicamente imposible sostener lo contrario.
            No tratando, por lo pronto, de los serios perjuicios que pueden originarse a la nación con tan anómala situación política, que por lo demás, fácil es calcularlos, porque si cuando el general Díaz preside los Consejos de los Secretarios de Estado, los negocios caminan mal, ¿cómo caminarán ahora que cada uno de los Secretarios, acostumbrados, como estaban, a no tener voluntad propia ni ninguna iniciativa, sino a tener la voluntad y la iniciativa del Presidente, tienen que obrar por sí mismos?
            Si obran por sí mismos, si a su criterio tienen que ajustar las resoluciones de los diversos negocios que se les han encomendado, si sin jefe que los dirija y los guíe se ponen a obrar por su cuenta y riesgo, el sello personalista que el general Díaz imprimió a los asuntos políticos está, si no próximo, sí amenazado de perecer; porque por más que todos los Secretarios de Estado estén dispuestos a seguir trabajando inspirándose en la política del Presidente, no lograran hacerlo como si él hubiera guiado el despacho de los negocios, y no lo lograran, porque cada uno de ellos, con su temperamento y carácter particulares, dará a sus resoluciones el sello de su personalidad, por más que con toda su voluntad estén dispuestos a continuar la obra política del general Díaz. Tendrá, por lo tanto, que resultar, o una completa anarquía en la administración o una abrumadora paralización de los negocios públicos, en caso de que no encontrándose los Secretarios de Estado con las fuerzas suficientes para despachar por si solos los negocios prefieran despachar únicamente los asuntos de trivial resolución, los insignificantes, aquellos que rutinariamente despacha, y con ventaja, el último y más inepto de los escribientes de una oficina pública y en los que el Secretario no hace más que firmar.
            Esos males son terribles. La paralización de los negocios tiene que producir una anemia profunda en la administración. Tal es lo que acontece con el abandono del ejercicio de las funciones del Presidente, aparte de otros trastornos de carácter político.
            Estamos pues, frente a frente de una infracción a la Constitución que reviste suma gravedad. Falta ahora conocer la penalidad que arrastra tal infracción.
            El artículo 1º de la ley de 3 de noviembre de I870 sobre delitos oficiales de altos funcionarios de la Federación dice: "Son delitos oficiales en los altos funcionarios de la Federación… cualquiera infracción a la Constitución o leyes federales en puntos de gravedad.”
            Y el artículo 4º de la misma ley declara que: “El delito oficial se castigará con la destitución del encargo en cuyo desempeño se haya cometido, y con la inhabilidad para obtener el mismo u otro encargo o empleo de la Federación por un tiempo que no baje de cinco ni exceda de diez años.”
            Ponemos en conocimiento del público todos estos datos para que se convenza de que en México se viola la ley y que los delitos quedan impunes.
            ¿Quién se atreverá a juzgar al Presidente? Nadie. Todos los empleados, entre ellos los diputados y senadores, que no son más que empleados del general Díaz en vez de ser representantes de la patria, se reirán al pensar que hemos hablado sin provecho alguno, por que nadie tiene el valor civil necesario para llamar a cuentas a la Dictadura, porque todo el mundo se inclina ante el sable, y se ha convertido en habito y avergüenza decirlo, casi es una obligación la sumisión servil e incondicional a los actos más autoritarios del poder.
            Nadie se atreverá a llamar a cuentas a la Dictadura; nadie protestará; todos bajarán la cabeza ante el desacato cometido a los preceptos constitucionales, como si nada valiera la sangre de nuestros padres derramada por conquistarlos, como si nada valieran los sacrificios de la patria para obtenerlos. Con ese criterio, nuestro gran Juárez trabajó sin provecho; inútiles fueron los esfuerzos de Melchor Ocampo1; Leandro Valle2 bordó en el vacío; Zarco3, Mata4 y Ponciano Arriaga gastaron sin provecho sus energías, y de una vez puede borrarse impunemente del catálogo de nuestras leyes la gran obra del 57.
            Si a ese grado de cobardía se ha llegado; si ya no se tienen fuerzas para levantar la voz, y sin valor y afeminados para la lucha nadie quiere protestar, nosotros, antes de cargar sobre nuestras conciencias el asentimiento servil a las transgresiones legales, protestamos enérgicamente contra esas transgresiones, contra esos desacatos, aunque sepamos que las protestas no cuadran bien bajo los regímenes despóticos y que la libre censura de los torpes actos oficiales es fruta prohibida en las Dictaduras.

1  Melchor Ocampo (1814-1861). Abogado michoacano; una de las figuras ideológicas centrales del liberalismo mexicano. Apoyó la lucha contra la intervención norteamericana; opositor a los tratados de Guadalupe-Hidalgo. Volvió a México al triunfo de la revolución de Ayutla. Diputado al Congreso Constituyente de 1856. Ministro de Gobernación, Relaciones y Hacienda, bajo la presidencia de Juárez. Promotor de las leyes de desamortización (1859). Firmante del tratado MacLane-Ocampo. Fue secuestrado y fusilado en 1861, por las fuerzas de Leonardo Márquez.

2  Leandro Valle (1833-1861). Militar liberal. Partidario del Plan de Ayutla. En 1856 participó en la campaña contra los rebeldes de Puebla. Participó en los combates de Salamanca, Santa Ana Acatlán, Cuevitas, Guadalajara, Silao y Calpulalpan, durante la Guerra de Tres Años. En 1861, en calidad de comandante general del DF, cayó preso en el Monte de las Cruces, donde fue fusilado por órdenes del Gral. Leonardo Márquez.

3  Francisco Zarco (1829-1869). Periodista y político liberal. Escritor de textos literarios, costumbristas y biográficos. Colaborador de El siglo XIX (1852), de Las cosquillas y del Presente amistoso, periódico dedicado a las damas. Representante de Durango en el Constituyente de 1856-1857. Ministro de Gobernación y de Relaciones bajo la presidencia de Juárez. Durante la intervención francesa huyó a San Luis Potosí, para luego refugiarse en Estados Unidos. Volvió a México al restaurarse la república.

4 José María Mata. (1810? -1895). Liberal veracruzano. Médico y militar. Combatió a los estadounidenses invasores. Santa Anna lo desterró a La Habana. Formó parte del grupo de Juárez refugiado en Nueva Orleáns. Fue uno de los más activos diputados en el Congreso Constituyente de 1856-7. Ministro plenipotenciario en Estados Unidos con Juárez  (1858-1860) y Porfirio Díaz (1876). Ministro de Relaciones Exteriores (1878-1879).