Regeneración 34. 15 abril 1901

EL ASUNTO DE “EL HIJO DEL AHUIZOTE”

Sí, como decíamos en el número anterior1, nos sentimos agobiados por una decepción inmensa, al saber que la Segunda Sala del Tribunal Superior había declarado que los procesados en este asunto, eran responsables de los delitos incubados en la imaginación siniestra de algunos individuos, esa decepción se acentúa y abruma al conocer la ejecutoria del Tribunal, que ni con mucho resiste el riguroso ataque de una crítica severa.

Después de muchos días, o de estudiar el negocio porque la ejecutoria se presenta desnuda de todo criterio y de toda consideración legal y de todo estudio jurídico, los Magistrados fallan con la fatiga calenturienta del que busca eludir la ley, del que no logra nivelar sus intereses personales con los intereses de una facción política encarnizada, del que lucha y se debate entre los severos, rígidos, adustos y ásperos preceptos legales y la amenazante actitud de no sabemos qué esfinge política, que pretende inmolar víctimas en el altar de una venganza innoble.

Los Magistrados sacudieron al fin la pesadilla, y sudorosos y jadeantes, con las pupilas dilatadas ante el espectro de la opinión pública, firmaron precipitadamente una sentencia, que REGENERACIÓN recoge para hundirle el bisturí de una crítica implacable.

Y bien: después de hojear esa sentencia, al lado de la que, y en honor a la verdad, hace mejor papel la firmada por el Juez Pérez de León, porque al menos éste se preocupó por barnizarla, es cierto, de legalidad, amontonando artículos y amasando doctrinas, tropezamos con una grave dificultad: no hay cuerpo  en donde pueda hundirse el bisturí de la crítica. Es un ropaje mal avenido, es una sucesión de líneas sin substancia, es una interminable sucesión de palabras sin objeto, es una continua protesta de la tinta tan mal empleada, es, en fin, la pesadilla que se resolvió en letras.

Cuando leemos (lectura que solamente la necesidad de servir al público puede imponernos) una sentencia como esa, tan fría, tan débil, tan mal pergeñada como para salir del paso, nos confirmamos en que hay hechos que son una revelación. Desde hace algunos años, un quinquenio quizá, no muy lejos, suena mal en los oídos de los Magistrados de la Segunda Sala de nuestro Tribunal Superior, esta palabra inofensiva que condensa gráficamente algunos actos oficiales: ARBITRARIEDAD. Pues bien, Sres. Magistrados: a trueque de vuestro enojo, os repetimos la palabra, la más venial para calificar en este caso vuestros actos de funcionarios públicos: la sentencia que habéis pronunciado ES UNA ARBITRARIEDAD.

Pasemos a probarlo.

LA PERSONALIDAD DE VALDÉS

Creemos, y en esta creencia abriga todo el que sienta impulsos a la rectitud y a la Justicia, que las sentencias deben ocuparse de las cuestiones jurídicas planteadas en el debate. Si una sentencia no se ocupa de ellas y no logra destruir con argumentaciones sólidas las objeciones opuestas, esa sentencia llevará el estigma de un auto arbitrario.

Una de las objeciones ha consistido en que Valdés no tuvo personalidad para promover, en nombre de Mercenario, la querella de calumnia extrajudicial en contra del personal de El Hijo del Ahuizote. Esta objeción tiene dos aspectos, el uno meramente jurídico; el otro sujeto a un hecho comprobado en autos. Es el primero, que en juicios criminales es inadmisible la procuración, la que no está debidamente reglamentada en las leyes. Es el segundo, que cuando Valdés promovió la querella, aún no era apoderado de Mercenario.

El primer aspecto de la cuestión, es de una resolución ceñida a escabrosos principios jurídicos de cuyo estudio relevamos a los Sres. Magistrados que, si no supieron apreciar el hecho comprobados en autos que entraña el segundo aspecto, menos aún podrán aventurarse en disquisiciones jurídicas, si no muy elevadas, al menos bien difíciles y peligrosas para cerebros poco ejercitados.

El segundo aspecto de la cuestión es más accesible. Podría resolverlo ventajosamente el más atrasado y bisoño estudiante de leyes. Puede plantearse sencillamente en estos términos: el 10 de Julio de 1900 presentó Valdés, diciéndose apoderado de Mercenario, una querella de calumnia extrajudicial contra los Redactores de El Hijo del Ahuizote. El poder no fue presentado con la querella, sino al día siguiente, 11 de Julio, (comprobado en autos por la diferencia de fechas que se nota en la querella y en el testimonio de poder). Sin embargo de que Valdés no comprobó su personalidad el 10 de Julio, se dio entrada a la querella y se tramitó desde luego.

No habiéndose presentado el poder juntamente con la querella, ésta no tenía, ni podía tener, subsistencia legal alguna. Es terminante el art. 658 del Código Penal: “No se podrá proceder contra el autor de una injuria, difamación o calumnia, sino por queja de la persona ofendida”. Se impone, pues, el vicio de la nulidad que anula todo el procedimiento, desde luego, que la querella fue promovida por un intruso, sin que valga la objeción que pudiera surgir sobre que, al presentarse el poder, se ratificó lo hecho, porque lo que es perfectamente nulo, lo que no existe, lo que es la nada jurídica, no puede ratificarse. La resolución es clarísima.

Al Tribunal, sin embargo, se le escapó esa claridad. Mejor dicho, no se le escapó, no hagamos la ofensa de que tres Magistrados en el último tercio de su vida, no hubiesen visto la prueba constante en autos y no hubiesen aplicado a un hecho sencillo, la prescripción, también sencilla, de la ley. Creemos que vieron la objeción, que vieron las pruebas, que conocieron el precepto legal; pero que pasaron sobre todo ello con supersticioso respeto, y por eso vemos en el Resultando Primero y en otros de los Resultandos, que les horrorizó la idea de asentar esa fecha tremenda, 10 DE JULIO, que se alzó como vigorosa protesta, y se redujeron a decir: “Que en Julio del año próximo pasado, se presentó Valdés, etc., etc.”

UNA GRAVE INEXACTITUD

Dice la Ejecutoria del Tribunal (Considerando 1º): “Que tanto el cuerpo del delito como la calumnia extrajudicial hecha al Sr. Antonio Mercenario… así como los delitos acumulados (los delitos nos se acumulan, Sres. Magistrados; se acumulan los procesos. Es forzoso no olvidar el trillado tecnicismo jurídico) de injurias al propio señor y de injurias al Sr. Lic. Arturo Paz… están comprobados, en los artículos relativos al Sr. Mercenario y caricatura relativa al Sr. Lic. Paz…”

Esta aseveración es radicalmente inexacta y nos admira cómo se ha asentado en la ejecutoria con las pretensiones de un dogma.

Estudiaremos ligeramente los párrafos denunciados.

En el párrafo denunciado como calumnioso, se dice que: “… de una manera misteriosa y eléctrica, asaltan, cuatro hombres en plena población y protegidos por la sombra de la noche, a un Sr. Caneda, disparándole sus pistolas e hiriéndolo de gravedad…” agregando que el agredido era poseedor de una hacienda en la que andaba interesado “el de sin fe de bautismo”, y concluía indicando que se aclarase el enigma.

Esto fue lo que consideró calumnioso Mercenario, esto fue lo que motivó epilépticamente al Juez Pérez de León, esto fue lo que motivó tantos trastornos, tantas vejaciones y tantas arbitrariedades. Y esto, sin embargo, no es calumnioso a Mercenario.

Puede verse en el párrafo aludido, que se imputa el asalto a cuatro individuos. No es posible suponer lógicamente que esos cuatro individuos fueran Mercenario.

Solamente el Juez Correccional y la Sala pueden identificar a unos con el otro, y al hacer esa identificación sui generis, afirman que se comprobó el delito de calumnia extrajudicial.

Por otra parte, el Sr. Remigio Mateos, autor de ese párrafo, jamás ha dicho que se había referido a Mercenario, jamás ha indicado que éste fuera el asaltante, jamás confesó que esos individuos hubieran sido instigados al asalto por Mercenario. Por el contrario, el mismo párrafo indica que se aclare el enigma. Si, pues, el párrafo no dice que este ex Gobernador haya sido el asaltante, y el autor de dicho párrafo no ha dicho que los cuatro individuos eran Mercenario o que éste los había instigado al asalto, no sabemos de dónde obtuvo la Sala su conclusión dogmática, de que se ha comprobado el delito de calumnia extrajudicial de que se quejó Mercenario.

Respecto a la injuria que se dice cometida y que Mercenario es la víctima de ella, veamos el párrafo denunciado. Dice: “Lo único que le falta a ese mandón, es un apellido, porque Mercenario no es un apellido ni cosa que lo parezca. Bien es que a D. Antonio le cae a las mil maravillas. Un Mercenario es siempre Mercenario. Y lo mismo es Mercenario gachupín que Mercenario judío. Solamente mexicano no puede ser, porque en México no hay mercenarios.”

Veamos ahora lo que a este respecto decía el Juez Pérez de León en su fallo y que la Sala patrocina en su ejecutoria: “Y como la palabra mercenario tiene un sentido injurioso, pues significa venal, sobornable, etc., es indudable que se profirió esa palabra con el ánimo de ofender al Sr. Gobernador del Estado de Guerrero…”

Triste es decirlo, pero ni el Juez Correccional ni los Magistrados de la 2ª Sala conocen el diccionario de la Academia Española, en donde hubieran podido ilustrar su criterio, leyendo: “Mercenario, m.- El trabajador o jornalero, que por un estipendio y jornal trabaja en el campo. Mercenarius operarius.- El que sirve por un estipendio. El que sirve, por otro, algún empleo o ministerio por el salario que le da.- Mercenaria, adj., que se aplica a la tropa que sirve en la guerra a un príncipe extranjero por cierto estipendio.- Religioso o religiosa de la real y militar orden la Merced.- Se usa también como sustantivo en ambas terminaciones.”

La palabra mercenario, no significa, pues, venal y sobornable. El Juez y la Sala son los que injurian a Mercenario con su torpe interpretación. Los Redactores de El Hijo del Ahuizote no lo han injuriado, y sin embargo, la Sala aprecia que las frases referidas constituyen el delito de injuria, y que, por tanto, éste se halla comprobado en autos.

Respecto a la querella de Arturo Paz, es tan insubstancial el motivo, que no gastaremos el tiempo hablando de ella, admirándonos únicamente cómo la Sala vio un delito en donde sólo existe un inofensivo pasatiempo.

Queda, pues, demostrado, contra la afirmación dogmática de la Sala, que no están comprobados en autos los delitos de que se acusa al personal de El Hijo del Ahuizote.

OTRA INEXACTITUD MÁS GRAVE

Dice el considerando 2º: “Que la culpabilidad del procesado Remigio Mateos, como autor de los delitos de calumnia extrajudicial e injurias al Sr. Antonio Mercenario y del de injurias al Lic. Arturo Paz, está comprobada por su propia confesión.

Esto es inexacto, siendo muy reprochable que los Magistrados de la Segunda Sala acudan a subterfugios para presentar una sentencia desnuda de fundamento y criterio. El laconismo de este considerando deja suponer que Mateos confesó que su deseo fue calumniar e injuriar a Mercenario e injuriar a Arturo Paz. Esta confesión no existe en autos. El Sr. Mateos dijo que era suyo el párrafo en que se daba cuenta del asalto a Caneda; pero que no imputaba ese asalto a Mercenario, sino que tal vez alguna persona quiso halagar estúpidamente a este señor cometiendo ese delito.

Como se ve, Mateos no dijo que Mercenario había sido el asaltante, y no lo dijo, porque solamente a la Sala y a su congénere el Juez Pérez de León, se les ocurre suponer que los cuatro individuos asaltantes de Caneda, son Mercenario.

Respecto a las injurias a Mercenario, que se dicen cometidas en el párrafo en que se llama a éste mercenario, Mateos declaró que no era suyo dicho párrafo. Por otra parte, ese párrafo inofensivo no entrañaría peligro alguno de proceso, si nuestros Magistrados, Jueces y Agentes del Ministerio Público, conociesen el significado de esa palabra que tanto les escuece.

Mateos declaró también, que había ideado la caricatura en que se representa a Arturo Paz en forma de reptil; pero por más que éste se haya sentido injuriado por esa caricatura, no puede decirse que sea injuriosa. Fue una humorada inofensiva, y nada más. Por otra parte, Mateos no dijo que con ella deseaba injuriar al referido Arturo Paz.

No es plausible, en nuestro concepto, sentar una afirmación lacónica como la del Considerando 2º. Las afirmaciones judiciales, para que no parezcan nacidas de un acto de mero arbitrio (arbitrariedad), deben fundarse amplia y sensatamente, debe recurrirse a la minuciosidad para justificar una actitud, deben hacerse ejercicios gramaticales, jurídicos y lógicos, para que el público pueda ser convencido. De lo contrario, la reputación profesional del funcionario estará sujeta a la acción severa e implacable de la crítica popular, que no se detendrá seguramente a discutir tan sólo la bondad de una sentencia, sino a escudriñar sus móviles o a fantasear sobre ellos.

CONCILIACIÓN

Cuando los Magistrados tomaron los autos para redactar su fallo, tropezaron, por una parte, con la formidable actitud de la opinión pública, que siempre ha simpatizado con los periodistas independientes, y por la otra con la amenazante y casi teatral actitud del Poder. Se sobrecogieron de temor, de ese temor indefinible y tenaz que se apodera de los que sienten que su situación bambolea entre dos fuerzas poderosas y contrarias, y recurrieron al término medio, a la conciliación.

Veamos el caso de D. Remigio Mateos, para explicar gráficamente nuestro aserto.

Mateos fue sentenciado por Pérez de León a dos años nueve meses, que se reducirían a dieciséis meses, quince días con el beneficio de la libertad preparatoria.

La Sala condenó a Mateos a sufrir catorce meses de prisión, sin el beneficio de la libertad preparatoria.

De manera que, la Sala concede únicamente al Director de El Hijo del Ahuizote, la disminución efectiva de dos meses quince días de prisión.

La composición es sagaz y despista, en efecto, a la parte de público que no gusta de indagaciones. Entre la pena de treinta y tres meses impuesta por Pérez de León, y la de catorce meses impuesta por la Sala, ésta se ha portado humanamente y quizá siguiendo los preceptos legales. El barniz de legalidad, por burdo que sea, produce su efecto a primera vista, a manera de los pintarrajeados telones de teatro; pero nuestro deber es acercar al público para que perciba la aspereza del barniz.

Como a pesar de nuestro deseo no disponemos de espacio suficiente para rebatir con amplitud, no los argumentos, porque ningunos presenta, sino la ejecutoria en sí, su trascendencia funesta, su incongruencia, su fin destructor de instituciones sabias, su carencia de criterio y su deformidad jurídica, y como, por otra parte, hemos tratado ya ampliamente todas las cuestiones jurídicas que entraña este asunto que va de puerta en puerta solicitando justicia cuando tiene el derecho de exigirla, nos remitimos a lo que hemos dicho en nuestros números 8, 10 y 11.2

Allí verán nuestros lectores que en este proceso no se ha comprobado el dolo, una de las constitutivas de los delitos de calumnia e injuria; que a pesar de haber sido recusado el Juez Pérez de León, continuó conociendo del negocio, previa calificación que hizo de dicha recusación, invadiendo las atribuciones del Tribunal, invasión que éste ha consentido, puesto que no la corrige; verán también que el delito de imprenta es sui generis y que, por tanto, no se puede encajar en el estrecho cartabón de los preceptos del Código Penal; que por tal motivo, debe aplicarse la Ley Orgánica de 31 de Enero de 1868, sancionada por legisladores que tenían una gran amplitud de miras y que no obedecían consignas como los actuales; que la imprenta no es instrumento de delito como lo han pretendido las tiranías absorbentes y los han declarado por medio de sus jueces que son sus empleados; en fin, verán nuestros lectores que tanto el Juez Correccional como los Magistrados de la Segunda Sala, han desobedecido los preceptos del art. 7º de la Constitución, han aplicado la ley a su arbitrio y han dado, en el siglo XX, en este siglo que torpemente quiere llamársele de la Justicia, el espectáculo indigno de pronunciar una sentencia hueca, insubstancial y arbitraria que desdeñaría la más despótica de las monarquías absolutas.

1  Véase supra,art. núm. 454.

2  Véanse supra,arts. núms. 63, 85 y 86.