Regeneración, N° 35. 23 abril 1901

ACEFALÍA DEL GOBIERNO DE JALISCO

Los habitantes del Estado de Jalisco, deseando resolver en forma pacífica la situación tirante creada por la administración curielista, han presentado a la Cámara de Senadores una importante y bien razonada solicitud sobre que se declare que han desparecido los Poderes Constitucionales del Estado, y que, por tanto, es llegado el caso previsto en la frac. III, letra B, inciso V, del art. 72 de la Constitución, reforma 13 de noviembre de 1874, que se refiere a la intervención del Ejecutivo Federal para que, de acuerdo con el Senado, nombre un Gobernador interino que convoque a elecciones conforme a las leyes Constitucionales del referido Estado.

Los fundamentos del ocurso, son los siguientes:

La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 46, establece que toda reforma a dicha Ley, deba ser “aprobada por la mayoría” de los Municipios de esa Entidad Federativa.

El artículo 8 de la propia Constitución dispone, que para la formación del Poder Legislativo local, habrá un representante por cada ochenta mil habitantes, o fracción que exceda los cuarenta mil.

La Ley Electoral vigente en Jalisco, Decreto 370, determina en sus artículos 7 y 8, la elección “no de un” Diputado por “cada” Distrito de ochenta mil o fracción que exceda de cuarenta mil habitantes, sino la elección “del Congreso, en una sola cédula por todos los habitantes del Estado.”

Ahora bien, esta ley electoral entraña una “verdadera reforma constitucional,” la cual no ha llenado el requisito esencial de ser “aprobada por la mayoría de los “Ayuntamientos” del Estado, como lo previene el artículo 46 ya citado de la Constitución local.

Además, el artículo 10 de la misma Constitución, confirma enteramente el verdadero sentido del citado artículo 8 de la misma, estableciendo que ni los Jefes ni los Directores Políticos podrán ser electos Diputados en el “punto” que desempeñan sus funciones; luego la Constitución establece y confirma de esa suerte, que la elección del Congreso debe hacerse designando “cada” Distrito su Diputado.

Sostener lo contrario, sería lo mismo que afirmar que sería constitucional la ley electoral que estableciera, que “todo” el país eligiera el Congreso o el Senado de la Unión en “una sola” cédula, en vez de asignar a “cada” Distrito la elección de su Representante, como así lo dispuso la ley federal electoral.

La Ley Electoral de Jalisco, pues, en los artículos citados, es contraria al espíritu de los principios fundamentales de la democracia y al precepto terminante de la Constitución del país, al tenor de la cual deben los Estados armonizar su forma de Gobierno, y el cual “debe ser republicano, representativo, popular,” artículo 119 de la Constitución General. Falta, pues, al Gobierno jalisciense, propiamente, la calidad de “representativo.”

Aceptando los razonamientos expresados, habrá que aceptar también sus últimas conclusiones, esto es, que el actual Congreso, no es Constitucional, y por tanto, el actual Gobernador, también carece de esa esencialísima calidad, porque no ha habido Congreso legítimo que lo declare tal, y siendo como es esto así, resulta que Jalisco se halla inconstituido.

Muy importante nos parece la cuestión presentada al debate del Senado, y deseamos cordialmente que la solución sea satisfactoria para los jaliscienses, pues en esa forma pacífica y legal obtendrían la separación de una personalidad funesta que pesa duramente sobre todas las actividades y sobre todas las conveniencias políticas. Este es el deseo de los solicitantes, que han puesto al pie del ocurso la siguiente expresiva nota:

“Aunque ya tiene algún tiempo de regir en Jalisco este sistema anómalo, no pretendemos anular todos los hechos consumados, en administraciones anteriores, sino especialmente buscamos un remedio pacífico a la situación actual, que como la prensa local y la de todo el país lo ha manifestado, es insostenible ya para los jaliscienses.”

Ya informaremos del curso de este negocio.