Regeneración, N° 41. 7 junio 1901

Nuestro Proceso

Es forzoso que informemos al público de algunos detalles de nuestro proceso, para subrayar las arbitrariedades desplegadas por el Juez primero correccional Wistano Velázquez.

Un tal Enrique A. Quevedo, sujeto ventajosamente conocido por los tinterillos que merodean por los juzgados menores, presentó querella de difamación contra nosotros como apoderado de un individuo, Luis G. Córdoba, ex Jefe Político de Huajuapam de León, Oaxaca. El delito se hizo consistir en un párrafo que se publicó en el número 36 de nuestro periódico con el titulo de Instintos salvajes1. Se informaba al publico en ese párrafo que Córdoba había apaleado, sin consideración alguna y abusando de su carácter de Jefe Político, a un señor Leyva, porque este señor se opuso a que se le despojara de una parte de su propiedad que Córdoba pretendía ocupar con un camino publico, sin las solemnidades legales.

Lo anterior delinea la fisonomía moral de Córdoba: si un particular se opone al despojo, lo apalean; si un periódico denuncia esos actos, se querella. Y tropieza con un abogado que siente la nostalgia de los negocios y con un Juez adolorido como Velázquez, que acoge la querella con una sonrisa de triunfo, querella que pasó vergonzante y fustigada por los demás juzgados correccionales. Los malos funcionarios se prestan mutua ayuda.

A pesar de nuestras alegaciones en la declaración preparatoria, el Juez pronunció auto de formal prisión contra nosotros, irritado, quizá, por nuestra franca declaración sobre que no tenemos fe en la justicia, declaración que pugna con la vulgaridad de que hay que tener fe en ella. Ese auto confirmó la arbitrariedad de nuestra aprehensión.

En efecto, el Juez Velázquez ignora que las órdenes de aprehensión deben fundarse y motivarse, por lo que la suya llegó al bufete del Inspector General de Policía desligada de todo compromiso con la ley constitucional.

Además, el Juez debió, antes de proceder contra nuestras personas, exigir del querellante que se comprobase el dolo, que es una de las constitutivas del delito de difamación. Sin esa comprobación previa, el Juez se manifestó ligero (ligereza que se acostumbra con los periodistas) al dictar la aprehensión y al pronunciar su burdo auto de prisión formal.

Pero no solamente obró de ligero Velázquez en este punto, sino también en el de admitir una querella que no promovía directamente el querellante. En las querellas de parte no es admisible el poder, y no lo es porque, en primer lugar, las leyes penal y civil lo prohíben cuando ordenan que dichas querellas deben promoverse solamente por la parte interesada y que los actos personalísimos no son susceptibles de ejercitarse por medio de mandatario, y en segundo lugar, porque no estando reglamentado por la ley el mandato en materia penal se ignora cuáles sean las condiciones jurídicas que deban llenar las respectivas escrituras y cuáles las solemnidades externas que deban cumplirse para que surtan efectos contra terceros.

Pero sería exigencia nuestra si pidiéramos del nebuloso cerebro del Juez primero correccional la gestación y desarrollo de esos raciocinios jurídicos ligeramente expuestos, y veamos si ha tenido algún rasgo de inspiración en las dolorosas convulsiones de su estreñimiento intelectual.

Ha pasado entre nosotros, como una tradición bochornosa emanada de la reforma del articulo 7º constitucional, que la ley aplicable a los delitos de imprenta es el Código penal. Así se ha practicado por los muchos Velázquez y Pérez que han abundado en la judicatura, y así se sigue practicando por los que sienten bambolear su situación y desean apuntalarla con servicios políticos.

La ley aplicable es la Orgánica de Libertad de Imprenta. En efecto, la sospechosa reforma del articulo 7º constitucional, forjada en términos vagos para que por ella se introdujese la vulgar chicana del tinterillo, despojó a los periodistas del fuero que gozaban de ser juzgados por tribunales populares. La medida fue de alta política, de política turbia, por desgracia. El tribunal del pueblo era una amenaza para un Gobierno que empezaba a tener en contra la opinión del pueblo. Los periodistas podrían ser juzgados en justicia por ese tribunal. Para evitarlo se ocurrió a la reforma y se depositaron los procesos de los periodistas en manos de jueces que, si bien deben ser elegidos por el pueblo conforme a la ley, de hecho son impuestos por el Gobierno, quien tiene en ellos (los hay honrados y probos) instrumentos manejables a capricho, y más aun en esta clase de asuntos, cuando la aspiración dictatorial de nuestros mandatarios (vocablo anacrónico e irrisorio) es la supresión de todo lo que significa independencia y carácter.

Pero esa reforma no se atrevió a escandalizar destruyendo el principio. Éste quedó vivo y palpitante, como una protesta a la chicana que a guisa de grillete se ciñó al pie del articulo 7º constitucional. De tres partes se compone este precepto. La primera se refiere a la inviolabilidad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Principio amplio y liberal que tiene tres taxativas en el periodo siguiente del mencionado artículo: el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. La última parte del articulo, la que sufrió la imprudente reforma referida, señala el procedimiento, es decir, prevé la forma o modo de juzgar a los que, violen las taxativas indicadas. La reforma, pues, se refirió al procedimiento únicamente, dejando en pleno vigor el liberal principio conquistado después de sangrientas luchas con la tiranía.

Si se compara el articulo 7º de la Constitución con la ley orgánica de la libertad de la prensa, reglamentaria de los artículos 6º y 7º de la Constitución Federal de 4 de febrero de I868, podrá observarse lo siguiente: El articulo Iº de dicha ley es la transcripción del articulo 7º constitucional; esto es: comienza la ley orgánica por plantear el principio liberal sobre inviolabilidad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia, por señalar las taxativas que esa libertad tiene y por señalar el procedimiento. En seguida, en los artículos 3º, 4º y 5º, precisa en que consisten las faltas a la vida privada y a la moral y el ataque al orden público y en los artículos 6º, 7º y 8º sanciona la penalidad que corresponde a los violadores de las tres taxativas mencionadas. En los artículos 3º a 8º se refiere, pues, a la segunda parte del articulo 7º constitucional. En los artículos 9º y siguientes determina el procedimiento que debe seguirse en los casos en que no se respeten las tres taxativas mencionadas.

De manera que la ley orgánica referida es congruente en todo con el artículo 7º, y si la reforma que este sufrió se refiere únicamente a su tercera parte, la ley orgánica quedó derogada parcialmente, esto es, quedaron derogados los artículos 9º y siguientes, que corresponden exactamente a lo reformado de la disposición constitucional.

Pero es imposible que el Juez Velázquez pueda comprender lo anteriormente expuesto, y menos aún lo que sigue.

En nuestra información nos hemos referido a Luis G. Córdoba en su carácter de Jefe Político de Huajuapam de León. Con tal carácter pretendió despojar a Leyva de un terreno para dedicarlo a un camino público, y como Leyva se opusiera a ser despojado, lo apaleó Córdoba. Esto fue público en Huajuapam. No relatamos pues, un acto de la vida privada de Córdoba. Pero para discernir esto y precisar el limite entre la vida privada y la pública de los individuos es insuficiente el mediocre intelecto del Juez Velázquez, que jamás se ha distinguido (como funcionario, conste) por su sabiduría y prudencia.

Aconsejamos al Juez Velázquez venza su repugnancia de hojear libros e ilustre su criterio leyendo en el Diccionario de la Lengua Castellana: “Vida privada: la que se pasa con quietud y sosiego, cuidando sólo de su familia e intereses domésticos, sin entrometerse en negocios ni en dependencias públicas.”

No puede ser más clara y terminante la definición anterior. Desde el momento que el individuo entra a la vida pública social o política, los actos que ejercite caen bajo la censura del público, y el periódico puede recogerlos y comentarlos en cumplimiento de una función moralizadora que el Juez primero correccional se niega a comprender y analizar.

Si cualquiera individuo que entra a la vida pública social está sujeto a censura, ¡con cuánta más razón debe estarlo el funcionario público que ya no solamente se olvida del respeto que debe conquistarse como hombre, sino que no sabe respetarse como funcionario! Cuando esto acontece, la critica implacable moralizadora de la prensa no debe retroceder, porque ejercita un derecho que le confiere un artículo constitucional, y el funcionario que se atreva, como Velázquez se ha atrevido, a violar ese derecho, debe estar sujeto a la más acre de las censuras, mientras un tribunal corrija sus desmanes por exigirlo así la conveniencia social y el prestigio de la autoridad.

Suplicamos a nuestros lectores se sirvan perdonarnos que nos ocupemos de nosotros en este ligero bosquejo de la causa judicial que se nos instruye; pero era forzoso, repetimos, subrayar las arbitrariedades del Juez primero correccional. Ya nos ocuparemos de otros detalles interesantes.

1  Véase supra,art. núm. 496.