Regeneración, N° 41. 7 junio 1901

MÁS ARBITRARIEDADES DE VELAZQUEZ

El Juez 1º Correccional, ansioso de dar un toque más crudo a sus actos arbitrarios, no quedó conforme con habernos aprehendido y tenernos sin motivo legal alguno, rigurosamente incomunicados durante trece días, con la especial recomendación de que nuestras bartolinas estuviesen cerradas con cerrojos y llaves, lo que con ningún otro procesado se acostumbra. Necesitaba otra víctima y ordenó la aprehensión de D. Filomeno Mata y la clausura de su establecimiento tipográfico.

La orden se llevó a efecto y el Sr. Mata fue conducido a la cárcel General rigurosamente incomunicado y el establecimiento tipográfico clausurado. Estos hechos arbitrariamente, se efectuaron el día 5 del corriente.

Se procesa al Sr. Mata por haber publicado en su tipografía el número de «REGENERACIÓN» que denunció Córdova.  En otra parte de este número1 podrán ver nuestros lectores que no hemos cometido delito alguno, por lo tanto, el Sr. Mata sufre una prisión arbitraria.

Pero lo más grave, lo que indigna, lo que abofetea, lo que infiere una ofensa tremenda a la ley y un agravió escandaloso a la sociedad, es la clausura del establecimiento tipográfico, y por ende la supresión de nuestro colega «El Diario del Hogar.”

Parece que el Juez Velázquez desea vengarse de la Suprema Corte1 al ejecutar un auto contrario a la jurisprudencia de este elevado Tribunal.

En efecto: la corte ha ordenado libremente en multitud de casos, la devolución de las imprentas que la torpeza de los jueces, azuzada por el deseo de prestar servicios políticos para asegurar un puesto vacilante a fuerza de ineptitud, había ordenado clausurar. Repetiremos únicamente los fundamentos que ha tenido el Primer Tribunal de la República para ordenar esas devoluciones.

1º- La Corte ha  declarado que la publicidad no es una constitutiva del delito de difamación, sino una circunstancia agravante. Esta declaración está sancionada por el artículo 656 del Código penal. Si, pues la publicidad no constituye el delito y lo que debe decomisarse, conforme al artículo 196 del máximo código, es el instrumento del delito, a la imprenta no es aplicable esta designación legal, toda vez que ella no sirve para cometer el delito, sino para construir la agravante.

2º- La Corte ha declarado que, en el falso supuesto de que la imprenta fuera instrumento de delito de difamación, ella no podría ser decomisada antes de que se pronuncie sentencia definitiva ordenando este decomisó. En efecto: se trata de un objeto de uso lícito, por más que el Juez Velázquez, despechado por haber figurado en las columnas periodísticas durante largo tiempo, pretendía tachar de ilicitud la nobleza de la imprenta. Como objeto de uso lícito, solamente podría decomisarse con el concurso de dos circunstancias (artículo 107 del Código Penal): que se haya pronunciado sentencia definitiva y que el objeto sea de la propiedad del delincuente o de otro, si lo complicó con conocimiento de este. En este caso no han intervenido estas dos circunstancias y como no hay artículo alguno que autorice al Juez para embargar, intervenir o secuestrar el instrumento de delito de uso lícito, Velázquez ha cometido una arbitrariedad  atropellando los derechos que al Sr. Mata confiere el artículo 27 Constitucional.

3º- La Corte ha declarado, al suspender los atropellos que al clausurar cometen los Wistanos que abundan en la judicatura nacional, que mayores perjuicios se causan al individuo con el decomiso de las imprentas, que los que pudieran originarse a la sociedad con el funcionamiento de esas máquinas del progreso. Esta declaración no puede ser más liberal, ni más antagónica con las teorías retrógradas de los Jueces Velázquez. Viendo el caso especial del Sr. Mata, en el que la monstruosidad del procedimiento se abulta por la torpeza del funcionario, veremos que el Juez Velázquez clausura todo un establecimiento tipográfico, una casa editorial, de cuyas prensas no solamente brotaba REGENERACIÓN fustigando a los funcionarios pésimos, sino que surgía nuestro colega El Diario del Hogar haciendo su liberal propaganda y multitud de trabajos de tipografía conquistados a fuerza de laboriosa constancia. La clausura del establecimiento cegó esta corriente de difusión doctrinaria liberal y progresista y deja cruzado de brazos y despojado de recursos a un propietario honorable. Esta es la arbitrariedad más burda del Juez Velázquez. Esto es lo que irrita y abofetea, esto es lo que ultraja al individuo, a la ley, a la sociedad, a la justicia, al sentido común.

Porque no puede explicarse satisfactoriamente el procedimiento abusivo de este Juez arbitrario. Si la imprenta fuera instrumento de delito y el Juez tuviera facultad para secuestrarla, no sabemos en que estrecho y rudimentario cerebro puede concebirse que varias prensas, centenares de cajas de letra y multitud de útiles indispensables a una casa editorial, hubieran servido para la publicación de un semanario. El Juez ha cometido un atropello a la sociedad y a la ley. Esperamos que la vindicta pública sea inexorable, cuando haciendo uso del consejo que nos dio el Juez al tomarnos la declaración preparatoria, exijamos, implacables, la responsabilidad que le resulte por sus actos cruelmente arbitrarios y atentatorios para ejemplar escarmiento de funcionarios sin conciencia.

1 Véase supra,art. núm. 578.