Regeneración, N° 43. 23 junio 1901

NUESTRO PROCESO.  INFORME DEL JUEZ VELÁZQUEZ.

La nula intelectualidad del Juez Velázquez se delinea vigorosamente en el informe que rindió al Juez de 2º Distrito en el amparo que promovieron nuestros inteligentes defensores Lics. Francisco A. Serralde y Emilio L. Arnoux. Es necesario que nuestros lectores, conozcan ese informe de pesados vuelos jurídicos. Lo comentaremos, a pesar del horror que causan al Juez los comentarios de la prensa, horror propio de toda la tiranía y más aún cuando esa tiranía incuba en cerebros perezosos y tímidos.

Comienza el informe del Juez por la transcripción de todo el entrefilet titulado “Instintos Salvajes”1 que fue por el que nos “acusó” (extraña terminología jurídica usada por Velázquez) Quevedo con poder de Córdova. No es exacto que el querellante hubiese conceptuado difamatorio todo el entrefilet referido. La querella se basa en los conceptos vertidos desde donde dice: “como el de Cuicatlán….. hasta donde concluyen el periodo: Ante contestación tan correcta, etc.”

El Juez recurre a elementos que no figuran en la querella y sobre esos elementos borda su incongruente informe. Indigna que una autoridad judicial ocurra a subterfugios para sostener sus caprichosos procedimientos, y la indignación se acrecienta cuando el mismo Juez, para pretender demostrar que obramos con dolo, comenta precisamente las frases que no se tomaron en consideración por el querellante. Este no ha dicho que se le difama con los siguientes conceptos: “ciertos parásitos.”…. “Por temor al Juez y a la cárcel y tal vez hasta al verdugo.”…. “a ese Jefe Político que no merece ser ni presidente de presidio, tan brutal es.”…. “que en esa autoridad rugen instintos salvajes.” Y sin embargo, Velázquez asegura que esos conceptos encierran el dolo, y para afirmarlo, rebasa sus facultades de Juez, burla el Código Penal y agravia a la Justicia, cuando sin petición de parte, toma en consideración, de oficio, conceptos que no constituyen el motivo de la querella.

Con este procedimiento arbitrario, se desea cubrir una arbitrariedad, que en definitiva resulta más monstruosa.

Pero si es alarmante que un Juez trastorne y sacrifique las actuaciones judiciales, más alarmante es oír de sus labios esta verdad innegable, con tanta frecuencia burlada: “la base de todo procedimiento en materia penal es la comprobación del cuerpo del delito.” Y para comprobar que respetó ese principio, se pierde en una maraña de la que no puede salir sin asentar una inexactitud: “Luego está comprobado el delito de difamación.” ¡Cuantas contorsiones cerebrales para llegar a esta consecuencia! Veamos las premisas, no sin vencernos a la tentación de dar a conocer al público un sabroso periodo de literatura judicial.

Después de la transcripción inútil del artículo 642 del Código Penal que define el delito de difamación y después de asegurar que hemos comunicado al público los hechos a que se refiere nuestro entrefilet, vienen estos infantiles escarceos: “Supongamos, Sr. Juez, que el hecho es cierto, pues a pesar de ésto, hay difamación (ya lo dijo el artículo 642; la explicación es inútil). Supongamos que el hecho es falso; hay difamación. Supongamos que el hecho es determinado o indeterminado; hay difamación, y ¿por qué? porque con la comunicación de esos hechos se causa al que se le imputan, deshonra, descrédito y lo exponen (la falta de enlace gramatical nos impide saber a quien se expone) al desprecio de cuantos lean el párrafo preinserto.” Después de tan sagaz comentario del artículo 642, viene la demostración de que obramos con dolo, expuesta en igual forma de catecismos para párvulos, temeroso el Juez común de que el de Distrito no comprendiera la importancia de su argumentación: “¿Pero puede decirse que a pesar de que se hayan comunicado esos hechos, el que hizo la comunicación, no obró con dolo? pues si obró con dolo, porque hay diferencia entre narrar simplemente en hecho y comentarlo y calificarlo; pues los Sres. Magón, no sólo han narrado un hecho, sino que lo han calificado y esa calificación demuestra que lo hicieron con encono, con mala voluntad (frase a más de vulgar, inexpresiva); y esto que es puramente subjetivo, se demuestra por las palabras, que son las que revelan el estado del ánimo,” y se desliza el Juez transcribiendo los conceptos a que ya nos hemos referido y que no constituyeron la base de la querella. Concluye esa empalagosa exposición con esta afirmación dogmática: “Luego está comprobado el cuerpo del delito.”

En medio a sus contorsiones intelectuales, y después por el cansancio de una fastidiosa labor inusitada, no se fijó Velázquez en que su palabra anterior nada demuestra sino es la nula intelectualidad de este funcionario público.

En primer lugar, el Juez hace consistir el dolo, en que no narramos simplemente el hecho sino que lo comentamos y calificamos. Nos habían sorprendido algunos jueces con doctrinas impertinentes; pero no conocíamos una como la anterior. Narrar, por ejemplo que un Juez es venal y burla la ley, no es difamatorio; pero decir, que un Juez es venal porque recibe consignas y burla la ley a sabiendas por complacer a alguien y que esto es totalmente bochornoso y desmoralizador, si es difamatoria. Narrar que un hombre es ladrón, no es difamatorio; pero decir que ese hombre es ladrón y que debe ser castigado severamente por indigno, sí es difamatorio. Se necesita muy escasa educación intelectual para sostener tal teoría.

Entre los derechos del hombre se ha inscrito la libre manifestación de las ideas, y estas, Sr. Juez, no se reducen a la simple narración de hechos. Tienen mayor espacio en el campo de la intelectualidad, juegan en todas las discusiones científicas, religiosas, políticas, sociales, etc., no viven una vida miserable circuida por el estrecho cartabón que pretenda imponer un modesto Juez Correccional. Las ideas tienen toda la amplitud de narración y comentario que plazca, mientras respeten la vida privada, la moral y la paz pública, y como nosotros no hemos atacado la vida privada de Córdoba, y éste mismo asegura en su querella que se le difama como funcionario público y con tal calidad se querella, ésta es insubstancial y calumniosa y el Juez Velázquez arbitrariamente y burlador de la Constitución, que está sobre todos los Jueces, ya sean Pérez o Wistanos y sobre todos los Códigos.

Debemos hacer un paréntesis para abultar la arbitrariedad de Velázquez, y recoger una frase perdida en la mañana de la querella calumniosa que se nos ha promovido. Quevedo, como apoderado de Córdova, presentó la querella en el concepto de que se difamaba a éste como funcionario público, y como tal funcionario público, promueve la querella. No habíamos visto una burla más tosca, desmañada y más necia a la Ley Fundamental. Esta sanciona el respeto a la vida privada. Las funciones públicas del destituido Jefe Político Córdova, jamás podrán escapar dentro del límite legal de la vida privada de ese individuo. Por otra parte, si dicho sujeto se queja de que lo hemos difamado como funcionario público, la querella se ha presentado con ese carácter. Si es así, no es delegable el cargo de Jefe Político en la persona de un apoderado, pues delegación y no otra cosa es lo que ha pretendido hacer Córdoba en la persona de Quevedo para que promoviese la querella. En consecuencia, Quevedo es en este caso un intruso contra terminantes preceptos legales.

Dejemos esta digresión para hacerla valer en su oportunidad, y continuemos peregrinando por el tortuoso informe del Juez Velázquez.

Como el Lic. Flores Magón declarara que no era el autor del párrafo denunciado y que si no tuvo conocimiento de él antes de su publicación, era sencillamente porque esta publicación tiene dos Directores, quienes, precisamente por su calidad de Directores, tienen libertad de acción el uno respecto del otro, por lo que cada uno envía independientemente sus originales a las cajas, el Juez Velázquez, que no es capaz de comprender esa verdad innegable, porque no puede trabajar sin el consejo de su secretario Pérez, dice en su informe: “El que afirma, Sr. Juez, está obligado a probar, y el Sr. Lic. Jesús Flores Magón no ha comprobado sus afirmaciones, hasta este momento. “Estamos en presencia de una burda chicana judicial aprendida en el drama de Mr. Brieux, La Toga Roja.”

¿Qué es lo que debió probar el Lic. Flores Magón? Analicemos, por más que no lleguemos a descubrir cuál ha sido la idea que atenaceó al pesado y lento cerebro del Juez.

El referido abogado dijo que no era suyo el párrafo: negación que no debe probarse. Que no tuvo conocimiento de él antes de su publicación: otra negación que no debe probarse. Que el periódico tiene dos directores; puede verse en la carátula de dicho periódico y no se necesita demostrarlo. Después de mucho escudriñar, nos aventuramos a suponer, por más que parezca increíble por lo pueril, que lo que desea Velázquez es que probemos que cada uno de nosotros envía sus cuartillas a la imprenta sin previo conocimiento del otro. Es decir, tenemos que comprobar que no hemos cometido el delito, en vez de que se nos pruebe que lo hemos cometido. Con este sistema inquisitorial, propio de un Juez Velázquez que hubiera hecho magnífico papel en los tenebrosos tribunales de la Edad Media, el reo tiene que probar su inocencia y todo individuo que pasa las puertas de la Cárcel General en calidad de procesado, es delincuente, mientras no pruebe lo contrario. El Juez Velázquez convierte en irrisión el art. 8º del Código Penal que sabiamente dispone “Todo acusado será tenido como inocente mientras no se pruebe que se cometió el delito que se le imputa y que él lo perpetró.”

Pasamos por alto la interpretación que en el informe da el Juez al art. 7º de la Constitución, porque nos avergüenza que nuestro país tenga Jueces que, a más de no respetar ese sabio precepto, pretendan desvirtuarlo con un andamiaje sofisticado, vulgarísimo e irritante. Solamente haremos notar que Velázquez nos juzga antes de pronunciar sentencia definitiva, diciendo:….. “y los Sres. Magón, al publicar ese hecho, comentarlo y servirse de palabras como las preinsertas, no han hecho más que ofender, insultar, deshonrar, desprestigiar al Sr. Córdoba, bien como hombre, bien como funcionario público,” Dura, muy dura sería la calificación que hiciéramos de la conducta oficial de ese Juez que se permite calumniarnos, contra lo dispuesto en el art. 8º preinserto. El público sabrá calificar mejor esa conducta de un funcionario apasionado y virulento, que todavía siente el acíbar de nuestras críticas, cuando la Suprema Corte lo consignó a un tribunal que lo juzga por exigirlo así “LA CONVENIENCIA SOCIAL Y EL PRESTIGIO DE LA AUTORIDAD.”

Al pretender el Juez demostrar que no se ha violado el art. 14 de la Constitución, se permite también despojarse de su carácter sereno de autoridad judicial, para caer en la vulgaridad siguiente….. “porque, ya se ha dicho, que el párrafo denunciado contiene frases y conceptos difamatorios…..” Esta frase y la anterior, delinean la fisonomía moral de este Juez, que por un raro capricho sigue ocupando un puesto que no merece. Esperamos que no tardará mucho el día en que la Justicia rompa las ligaduras que la atan a nuestra situación política dictatorial, y que entonces el Juez Velázquez sea destituido del empleo que mal desempeña y del que tanto abusa.

Dice el Juez en otro periodo de su informe, que “el art. 229 del Código de Procedimientos Penales lo faculta para incomunicar a los procesados, dejándole que haga  uso de ese arbitrio, si así procede, para los fines de la averiguación.” El informe nos lleva de sorpresa en sorpresa; pero hay momentos en que esa sorpresa, se resuelve en indignación. Es cierto, desgraciadamente, que el artículo 229 mencionado faculta al Juez, para reincomunicar al procesado; es cierto que el Juez puede usar ese arbitrio, “si así procede, para los fines de la averiguación,” como dice el Juez con alarmante desenvoltura; pero también es cierto que los legisladores no preveían una época en que los residuos del Barandismo convirtieran en arbitrariedad el arbitrio emanado de la ley y que abusaran de una facultad depositada en las manos torpes de los Velázquez y de los Pérez.

Desenmascaremos la actitud del Juez Velázquez, que pretende ocultar su arbitrariedad tras de un precepto legal. El 25 de Mayo, a los tres días de rigurosa incomunicación, dictó el Juez el auto de prisión formal y en ese mismo auto proveyó que permaneciésemos incomunicados por diez días más, pretextando que era forzoso practicar un careo entre nosotros. La arbitrariedad se cubrió con una superchería. La necesidad del careo surge únicamente cuando las declaraciones de los procesados son contradictorias cuando varían en puntos substanciales, cuando hay divergencias que afecten a la averiguación que se practican; pero cuando, como en este caso, no hubo contradicciones ni divergencias y las declaraciones se rindieron tal y como la verdad exigía que se rindiesen, cuando no hubo discrepancias ni en lo más mínimo, la incomunicación era innecesaria y revelaba únicamente la saña judicial que no desperdició oportunidad para manifestarse cruel y arbitraria.

Pero la arbitrariedad cometida no pudo agazaparse ya tras de un precepto legal y exhibió su deformidad, cuando, cumplimos los diez días más de incomunicación, el Juez ordenó que nos comunicaran, sin que en ese lapso de diez días se hubiese efectuado el careo. De manera que, o el Juez se mostró negligente en nuestro proceso y no cumplió con su deber al no bastarle diez días para efectuar un supuesto careo, o lo que pretendió fue cometer una arbitrariedad más. En uno y en otro caso, a Velázquez le viene holgada la toga judicial y le ajusta perfectamente “La Toga Roja.” Quizá el Juez pretendió, ya que manifestamos en autos que no teníamos fe en la justicia, imbuirnos esa fe por medio de las bartolinas. El Jurado de responsabilidades descubrirá el móvil de esa incomunicación.

Dice el Juez que nuestros defensores se preocupan de nuestra reputación y que nosotros no nos preocupamos de la reputación de Córdova. Este reproche dirigido a  los Sres. Lics. Serralde y Arnoux debemos contestarlo nosotros, haciendo constar que el Juez Velázquez es el que menos puede presentar a discusión la conducta de nuestros defensores, que es antitética a la conducta de ese Juez. Los Sres. Serralde y Arnoux no se han preocupado de la reputación de Córdova, desde el momento en que éste está juzgado por el público que conoce la destitución que sufrió y los procesos que pesan sobre él. Un individuo como Córdova solamente podría tener como defensores a Quevedo, Velázquez y Pérez y no a los Sres. Serralde y Arnoux, que saben respetarse y conducirse irreprochablemente en su vida pública.

Como final a su informe dice el Juez en un párrafo que en seguida publicamos sin corregir las dislocaciones gramaticales de que adolece, para que el público juzgue y califique a ese funcionario: “Finalmente, el defensor de los procesados cree que porque, el periódico “REGENERACIÓN” atacó al informante, cuando éste fue acusado como Juez y suspendido en el ejercicio de sus funciones por el jurado, la incomunicación la toma como un pretexto de venganza. Declaro a Ud., francamente, Sr. Juez, que nunca he leído ese periódico y que el primer número que leí es el denunciado. Y, sobre todo, si los Sres. Magón y Arnoux, creen que infrinjo alguna ley, ésta les da camino abierto para toda reparación.” Y bien, Sr. Juez, si que seguiremos ese camino que la ley da abierto, como Ud., dice, y lo llamaremos oportunamente al tribunal de responsabilidades, POR EXIGIRLO ASÍ LA CONVENIENCIA SOCIAL Y EL PRESTIGIO DE LA AUTORIDAD.

Para concluir, haremos notar que Wistano Velázquez ha procedido en este proceso, no como un Juez sereno que cumple con su deber averiguando la comisión de un delito, sino como un encarnizado Agente del Ministerio Público de la escuela del Procurador Álvarez. Juzga y acusa, como se ha visto en los párrafos que hemos transcripto. Desea abarcar dos funciones, sin tener aptitudes para alguna de ellas. Más aún: invade las funciones del Juez de Distrito y del Ministerio Público Federal, al decir en su mal pergeñado informe, que redactó asesorado por su secretario Pérez: y por este motivo, no produce el amparo que su defensor ha presentado,” (solicitado, imprecado o pedido, Sr. Juez; pero no presentado. No sabemos qué entenderá Ud. por amparo.) El Juez común debe rendir su informe con su justificación, sin aventurarse a que se le tache de intruso por inmiscuirse en funciones que no le pertenecen. No creemos que el Juez Velázquez pretenda imponer su opinión allí en donde, por muy torpe que sea el Juez de Distrito, hay alguna ilustración de que carecen Wistano y su digno Secretario Pérez, famosos por su enana intelectualidad.

1  Véase supra,art. núm. 496.