Regeneración, N° 44. 30 junio 1901

OTRO INFORME Del Juez Velázquez.

Dando tumbos en las sinuosidades de nuestro proceso, el Juez Wistano Velázquez ordenó la aprehensión de Don Filomeno Mata y la clausura del establecimiento tipográfico en que se imprimía “REGENERACIÓN.” El Sr. Mata solicitó el amparo de la Unión contra esos atropellos a la libertad individual, a la libertad de imprenta y al derecho de propiedad.

            En ese amparo, el Juez Velázquez, después de una larga y penosa elaboración, rindió un informe que ha escandalizado a la ley y al sentido común.

            La animosidad apasionada y violenta de un funcionario se descubre en la parcialidad de sus actos oficiales. El informe del Juez Velázquez, preñado de ese rabioso prurito de defensa de sus actos indefinibles, es una muestra de esa animosidad que se enrosca para ahogar, ya que no tiene argumentos sanos para vencer convenciendo.

            Dice el Juez que nuestro periódico se imprimía en la imprenta del Sr. Mata y “como el párrafo denunciado es difamatorio y por este motivo comprobado el cuerpo del delito, el Juzgado tiene sospechas que el Sr. Mata tuviera responsabilidad en la publicación de dicho párrafo, etc.” Desde luego, protestamos enérgicamente contra la imputación que nos hace el Juez Velázquez. A ese Juez no lo autoriza la ley para designarnos como difamadores, si aún no se pronuncia la sentencia ejecutiva que así lo declare. Por el contrario, el art. 8º del Código Penal le ordena el considerarnos como inocentes, y el Juez Velázquez debe respetar el precepto legal, si no desea que se le juzgue como Juez apasionado y arbitrario. Muy severa sería nuestra censura de los actos de ese Juez que extrema su opinión, si tuviéramos fe en la Justicia.

            Sienta el Juez una premisa falsa para fundar su sospecha de que el Sr. Mata tuviera responsabilidad en la publicación del párrafo denunciando. Si bien es cierto que el art. 105 del Código de Procedimientos Penales deja al criterio del Juez la sospecha de que una persona tiene responsabilidad criminal en un delito, también lo es que el legislador no creyó que llegase una época de desmoralización judicial en que los jueces como Velázquez careciesen de criterio y recibiesen inspiraciones contrarias a la ley. Cuando la ley deja al criterio judicial la calificación de un hecho o de una circunstancia es peligroso que haya Jueces, como Velázquez y Pérez, que abusando de su investidura de funcionarios, desahoguen sus pasiones en las mal pergeñadas páginas de un proceso. Para ser Juez, se necesita un criterio recto y no un criterio maleable y pavoroso con crispamientos de un rencor mal oculto.

            Comprobemos nuestras aserciones. Dice el Juez: “Ahora bien; los motivos que tuvo el Juzgado para haber procedido en contra del Sr. Mata, o como dice el artículo 105 citado, la sospecha que tuvo el Juzgado, fue la de que el Sr. Mata celebró un contrato con el Sr. Ricardo Magón para imprimir el periódico intitulado “REGENERACIÓN”” y en la cláusula 4º de ese contrato se dice: que si por “causa del Sr. Magón el periódico del Sr. Magón fuese denunciado,” “dicho Sr. Magón” estaría obligado “a la reparación.” Antes de pasar adelante haremos constar que ni el Sr. Mata, ni nosotros, somos los autores de esa disparatada cláusula 4ª, reñida con toda conveniencia gramatical. La cláusula existe; pero con otra redacción, no con las dislocaciones de sentido común a que es tan efecto el Juez Velázquez, a quien nunca disputaremos la paternidad de la redacción de esa cláusula.

            Por otra parte, también haremos constar que el Juez Velázquez ocurre a medios reprobados para apuntar su vacilante andamiaje y arbitrariedades. Un Juez que se respete, para ser respetado, debe fundar sus actos e informaciones en constancias que obren en autos. Fuera de ese círculo estrecho y rígido, el funcionario caminará a ciegas tropezando con embustes y testereando falsedades. En los autos del proceso que se nos instruye, no consta el contrato a que el Juez se refiere; no aparece allí glosado, no forma parte de las pruebas ni los medios de convicción, y sin embargo, Velázquez se refiere a él para barnizar de legalidad sus actos atentatorios. En ese contrato se funda para sospechar la culpabilidad del Sr. Mata y ese contrato no corre agregado a los autos. Quizá tuvo conocimiento de él cuando huroneaba por las oficinas del Diario del Hogar, en busca de las cartas que se relacionaron con la Revolución de Lampazos; pero que el Juez haya visto un contrato, ello no lo autoriza a basar en él una argumentación, sino existe en autos ese contrato.

            Enseguida asienta Velázquez: “Ahora bien, Sr. Juez, de esta cláusula resulta que el Sr. Mata previó la posibilidad de que dicho periódico fuera denunciado, en cuya posibilidad de denuncia estuvo también conforme el Sr. Magón; luego ambos señores no se propusieron un fin noble y bueno, como es el que debe tener todo periodista, sino que se propusieron atacar a las personas y a los funcionarios.” Necesitamos hacer un poderoso esfuerzo para no contestar injuria con injuria e insulto con insulto. Deseamos tener expeditos nuestros derechos para ejercitarlos en contra del Juez Velázquez cuando lo juzguemos oportuno, y por ello nos vemos obligados a callar ante la imputación de innobleza y maldad que en ningún terreno podría sostener ese Juez arbitrario y virulento.

            Dice el Juez que con fundamento en los arts. 83 del Código de Procedimientos Penales y 106 del Penal clausuró el establecimiento tipográfico del Sr. Mata. Ya hemos probado en un número anterior que el atentado más escandaloso cometido por el Juez en este proceso, ha sido la clausura de la imprenta del Sr. Mata; pero no conocíamos los fundamentos legales del Juez para sancionar su procedimiento. Los dos artículos referidos son inaplicables y agigantan el atentado.

            El art. 83 del Código de Procedimientos Penales se refiere a la diligencia de descripción del objeto material del delito y de las reglas necesarias a esa descripción; pero no se refiere a la clausura de imprentas, ni a la facultad de decomisar los instrumentos del delito. El Juez invocó un precepto legal  inaplicable, porque ignora su aplicación y además porque ignora también que la publicidad no es un elemento constitutivo del delito de difamación, sino únicamente  una circunstancia agravante de ese delito, conforme al art. 656 del Código Penal.

            El art. 106 del mismo Código se refiere al decomiso de los instrumentos del delito, si fueren de uso prohibido. Para el Juez Velázquez, como para todos los funcionarios que sufren la obsesión de la arbitrariedad y temen la censura de la prensa, la imprenta o los útiles de ella, son de uso prohibido; pero, al contrario, para las personas sensatas, para las que cumplen con su deber, para las que no temen a la prensa porque su vida pública es intocable y respetada, para ellas la imprenta es de uso lícito. Por eso Velázquez, en vez de apoyarse en el art. 107 del Código Penal, que se refiere a los instrumentos de delito de uso lícito, se fundó en el 106 que se refiere a los instrumentos de delito de uso prohibido. Y se fundó en el 106, porque el 107 le prohíbe cometer la arbitrariedad de clausurar una imprenta. Para ello, se requiere que haya  sido condenado el reo, circunstancia que no mediaba en este caso.

            Después de la anterior manifestación de oscurantismo y retroceso, da el Juez a su informe otra nota inquisitorial: reincomunicó al Sr. Mata por cinco días, “porque así convenía al proceso,” dice en su informe. No hemos podido saber cuál era esa conveniencia. Después de dictado el auto de formal prisión contra el Sr. Mata, no se practicó diligencia alguna, para la que fuera necesaria la incomunicación. Esta fue una arbitrariedad más, esa conveniencia era una superchería. Tenemos un dato precioso. Pocos momentos antes de que el Juez Velázquez reincomunicara al Sr. Mata, había decretado la reincomunicación del encargado de la imprenta en que se imprimía Onofroff. Como el Sr. Mata advirtiese al Juez que su reincomunicación (del Sr. Mata) era innecesaria, toda vez que había declarado todo lo que tenía que declarar, Velázquez le contestó: “Si comunico a  Ud. ¿qué disculpa daría por haber reincomunicado al otro impresor?” esta equidad rudimentaria, se halla vestida en el informe con la ampulosa frase “así convenía al proceso.”

            Concluye el Juez su informe con una confesión que horroriza en labios de un Juez arbitrario: .”…. ellos (los preceptos constitucionales) consagran la libertad de trabajo y la libre manifestación del pensamiento,” conceptos, que no deben ser profanados por Jueces como Velázquez.

            El público irá conociendo paulatinamente al Juez y el proceso que ha mal pergeñado. En los llamados delitos de imprenta, no debe haber más Juez que el público. Nosotros, esperamos el fallo tranquilamente. Velázquez lo esperará con la misma incertidumbre e idénticas vacilaciones y temores que en el asunto Diez de Bonilla. Como que pudiera haber otro Tribunal que lo procesara “POR EXIGIRLO ASÍ LA CONVENIENCIA SOCIAL Y EL PRESTIGIO DE LA AUTORIDAD."