Regeneración, N° 52. 31 agosto 1901

EL GRAL. BERNARDO REYES CONSIDERADO COMO FUNCIONARIO PUBLICO

Consecuentes con nuestra promesa hecha en el número anterior de REGENERACIÓN,1 vamos a seguir tratando de la personalidad oficial del Gral. Reyes, para demostrar en la serie de artículos referidos a él, que no es el hombre en quien la Nación deba fijar sus miradas para elevarlo a la Presidencia de la República.

Para la mejor comprensión de nuestros razonamientos, deben tener presente nuestros lectores el modo de ser de la política del Gral. Díaz. Deben por tanto tener en cuenta, que en el país no impera más que una voluntad, la del Presidente, y que sus empleados, que lo son los empleados públicos, aunque se llaman colaboradores del mismo Gral. Díaz, no son tales porque el colaborador lleva alguna iniciativa y no obedece ciegamente como lo verifican nuestros funcionarios públicos.

Teniendo en cuenta lo anterior, esto es, que los funcionarios públicos en lugar de colaboradores son instrumentos, vemos que ningún personaje de la actual política militante podrá ser Presidente de la República. Para ocupar ese puesto es indispensable la independencia de carácter, y el hombre que ha permitido que se le ordene en todo y por todo, no es un hombre de carácter. Para ser Presidente de la República también es indispensable que el ciudadano que aspira a ese puesto tenga iniciativa, y sabemos que el Gral. Díaz ha escogido precisamente hombres sin iniciativa, para que en lugar de estorbar a sus propensiones monárquicas sean maniquíes dispuestos a obedecer cuanto se les ordene.

Un hombre de carácter jamás consiente que se le imponga nadie; y los Gobernadores de los Estados y todos los funcionarios públicos, consienten en que sobre sus derechos y obligaciones, pase la previa censura del Presidente.

No mentimos cuando afirmamos tal cosa. El atraso en que se encuentra el país no se debe a otra cosa que a la ineptitud de los Gobernadores, a su falta de iniciativa. Para cualquier asunto, por baladí y trivial que él sea, ocurren al Presidente en solicitud de instrucciones.

Pero como si no bastase la falta de carácter para comprender que ningún hombre de la actual política militante reúne las circunstancias indispensables para llegar a ser un buen Presidente de la República, vamos a ver hasta que punto los funcionarios públicos son cómplices del Presidente en la ruina y muerte de nuestras instituciones democráticas.

Sabido es, y lo hemos demostrado infinidad de veces, que nuestro modo de ser político actual no es liberal y que la democracia hace veinticinco años que no existe en la República. No es liberal nuestro modo de ser político, por muchos capítulos, pero bastará que tratemos sólo de los principales, aunque sea enumerándolos. La constitución de 57 es liberal y a ella deben apegarse todos los funcionarios públicos, desde el Presidente de la República hasta el más humilde mozo de las oficinas públicas, ya porque es la ley que debe regirnos, ya también porque han protestado observar sus sanos preceptos.

Desdichadamente nadie respeta la Constitución, y por lo mismo, no hay libertades. A la Constitución se le ha plagado de reformas, que no son necesarias más que para la consolidación de la Dictadura.

En efecto, se ha procedido a aprobar la reelección indefinida ¿Para que? Para que el Presidente pudiera reelegirse a su sabor y cuanto quisiera, como lo ha hecho con universal descontento.

A nadie se deja votar, o si vota, no se hace aprecio de su votación, el desplante oficial ha llegado al extremo de imprimir las listas en las que constan los nombres de los agradecidos con el voto del Presidente y no del pueblo. Esto acontece en toda la República y lo mismo se le ha impedido la injerencia del pueblo en los comicios tratándose de elecciones Presidenciales, que de elecciones Municipales, de Gobernadores, de Diputados, de Jueces, de Magistrados, etc.

Vemos, pues, que el Gobierno del Gral. Díaz ha matado la libertad electoral y de ello se desprende que todos los funcionarios públicos son instrumentos, ya porque los existentes permiten la violación de las leyes, ya porque los que suben son bastante conocidos del Presidente como hombres sin energías, que suben por favor, y por esa razón están dispuestos a la obediencia ciega, a la sumisión incondicional, no al pueblo porque éste no ha tenido el pésimo gusto de elegirlos, sino al presidente en quien ven un protector.

La actual Dictadura, además, ha matado no sólo la libertad electoral sino que también ha dado muerte a la libertad de pensamiento. En vano nuestros padres derramaron su sangre generosa por legarnos esa libertad, pues el Presidente de una plumada la ha borrado de nuestra liberal Constitución. La reforma del artículo séptimo de la Constitución2 nos presenta de bulto el afán de oprimir al pueblo, arrebatándole el más sagrado de sus derechos, la libertad de pensar. Este acto es esencialmente antiliberal, como el anterior, y los funcionarios públicos, en lugar de protestar, callaron ante el atentado y lo consintieron, estando por lo mismo complacidos, como en el caso de la libertad de sufragio, en la desmembración de nuestras instituciones liberales.

Aparte de estas libertades ninguna otra se nos ha dejado. Se persigue al ciudadano porque quiere ejercitar el civismo; se persigue al ciudadano porque quiere ejercitar el derecho de reunión; se persigue al ciudadano porque ejercita el derecho de petición. Además los ciudadanos están a merced de cualquier déspota que quiere aprovechar sus trabajos; no hay igualdad ante la ley; se llega a juzgar al ciudadano por tribunales especiales; hay autoridades que atropellan el domicilio, molestan en los papeles, personas y familias de los ciudadanos; se encarcela por deudas de un carácter civil; las cárceles están pobladas de individuos que no saben la causa de su prisión; los monopolios disfrazan su crimen para explotar al pueblo, etc., etc.

Todos estos atropellos son antiliberales, y vemos por ellos, que no estamos regidos por un Gobierno democrático, sino por un monárquico, y los gobernadores y demás funcionarios, por lo mismo que no acatan la ley que nos otorga nuestras libertades, no pueden ser considerados como funcionarios liberales.

El Gral. Reyes ha sido y es uno de esos empleados y funcionarios, y como ha consentido también en la pérdida de nuestras libertades, como ha obedecido incondicionalmente las disposiciones de la Dictadura, sin disgusto, sin protesta, vemos por ello que no puede ser un buen Presidente de la República .

El liberal no permite que se violen las leyes; y los funcionarios públicos, si no han dado su consentimiento para tal violación, al menos, con su presencia en los puestos públicos, dan a comprender que están satisfechos del destrozo que se ha hecho de nuestras instituciones liberales. Por esa razón, los liberales han huido de los puestos públicos, habiendo quedado tan sólo los hombres que sin ideales, están conformes con cualquiera forma de gobierno, con tal que éste les procure una vida de holganza y un sueldo con que satisfacer sus materiales apetitos, sin importarles, por otra parte, que la justicia sea una mercancía; que los derechos del hombre sean una bella ilusión; que el pueblo permanezca sumido en la ignorancia; que el capitalista explote a su sabor la indigencia de los pobres y que el despotismo arrastre su vida de violencias de uno y otro confín de nuestra infortunada Patria.

Por lo anterior vemos, que los funcionarios públicos, además de los defectos ya enumerados están atacados de un egoísmo desconsolador, llevando esa pasión al grado de decir no pocos de ellos, que poco les importara salud de la Patria, lo que les contrista es la mala salud del Presidente. Para ellos, pues, el Estado es el Gral. Díaz.

Con lo asentado basta para  comprender que ningún funcionario público (Secretarios de Estado, Gobernadores, Diputados, Magistrados, Jueces etc., etc., etc.,) tiene mérito alguno para poder ser colocados en la Primera Magistratura de la Nación, porque no son hombres de carácter, porque son instrumentos; porque no aman la Patria; porque no son liberales; porque están enfermos de egoísmo y porque no tienen más ideal que la comodidad propia.

El gral. Reyes, como funcionario, está incluido en la enumeración hecha por nosotros  y conforme a nuestro criterio independiente, el Gral. Reyes no tiene las circunstancias requeridas para ser Presidente de la República.

1  Véase supra,art. núm. 690.

2  Vid., supra, n. 58.