Anakreón
El Colmillo Público,núm. 145, 17 de junio de 1906, p. 374, 375

Se nos ha humillado

Uno de los hechos más escandalosos ocurridos en Sonora durante la huelga de los mineros de Cananea,1 fue la intervención de tropas americanas y de fuerzas también americanas, organizadas en Arizona. La intervención, por lo demás, no fue oficiosa, sino que se debió, como lo aseguran muchos periódicos, a la súplica que hizo el gobernador Rafael Izábal a las autoridades de los Estados Unidos para que les prestaran fuerzas con que apaciguar la huelga que llegó a alcanzar serias proporciones.

La invasión de esas tropas extranjeras constituye un ultraje a la dignidad de la nación, y dejar impune el delito equivale a sentar un precedente funesto que será en lo futuro una fuente de peligros para la independencia de la república.

No sabemos si por malicia o por ignorancia, pidió Izábal el concurso de soldados extranjeros para que hicieran derramar sangre mexicana dentro de nuestra patria, ni es necesario saberlo. El hecho de haber entrado fuerzas extranjeras existe, y es preciso, para evitar que quede sentado el precedente ignominioso para la dignidad de la nación de que los soldados extranjeros pueden venir a ametrallar a los mexicanos, que un severo castigo se le imponga a Izábal si llega a comprobarse que a su súplica se debió la invasión del territorio mexicano por los esbirros yanquis.

Nos atenemos al dicho de la prensa y estamos en nuestro derecho para pedir que se abra una minuciosa averiguación. Asuntos de esta naturaleza no pueden callarse, porque ellos afectan directamente nuestra dignidad.

Hay que considerar dos casos para exigir las responsabilidades: o las tropas americanas entraron al país por solicitud de Rafael Izábal, o bien entraron por oficiosidad de las autoridades yanquis.

En el primer caso, la responsabilidad de Izábal es manifiesta y está prevista y penada por la fracción IV del art. 1077 del Código Penal, que en lo conducente dice:

Se impondrán doce años de prisión y multa de 1,000 a 3,000 pesos… IV. Al que invite a individuos de otra nación para que invadan el territorio nacional, SEA CUAL FUERE EL MOTIVO O EL PRETEXTO que se tome, si la invasión se verificare.

La disposición es terminante. Si se declara que Izábal pidió ayuda al extranjero, la pena que le corresponde es la de doce años de prisión porque no podía pretextar que llamó a los soldados extranjeros para conservar la paz, pues la ley dice que se castigará el delito "sea cual fuere el motivo o el pretexto que se tome."

Un castigo ejemplar redundaría en beneficio de la nación, porque así se demostraría que nuestro país no tolera invasiones que lo deshonren, mientras que si por el contrario, resultando Izábal responsable, queda sin embargo impune su delito, se sancionarán las futuras invasiones y se convertirá la patria en tierra de conquista que puede ser hollada por todos los soldados, y en la que para resolver asuntos interiores, pueden maniobrar los ejércitos extranjeros. México, si tolera esos atentados a su soberanía, quedará reducido a la humillante situación de China, donde todos pueden mandar, donde [todos] tienen derecho a intervenir, menos los chinos.

En el otro supuesto, esto es, si las fuerzas de los Estados Unidos entraron oficiosamente a territorio mexicano, el gobierno debe hacer una enérgica representación al gobierno de Washington, pidiendo una amplia satisfacción por el ultraje que sus fuerzas han infligido a la dignidad nacional, invadiendo el territorio de la república.

Esto último es en extremo grave, y se necesita obrar con toda energía.

Empero, creemos que nada se hará. El delito de Izábal, si lo cometió, quedará impune, y en cuanto a que Porfirio Díaz exija una cooperación del gobierno de Washington, no somos tan ilusos para creer que lo haga.

Conocemos bien la índole de la tiranía que pesa sobre la república, para esperar que se cumpla con la ley. A Izábal no se le molestará como no se ha molestado a ningún colaborador del infortunio nacional, porque hay entre los hombres que pesan sobre la patria lazos muy fuertes que se deben al interés que todos tienen de no perder los puestos que deben al azar.

En efecto, los hombres que nos gobiernan están unidos por el interés que tienen de no dejar los puestos públicos, y unos a los otros se ayudan y se silencian sus faltas, porque si no fuera así, la tiranía habría desaparecido.

Cada hombre público conoce los secretos de los demás, y cada quien, por lo mismo, se cuida de divulgarlos, y se cuida también de no ofender a los colegas que tantas cosas saben y[a] que si se consideraran ofendidos por los de su gremio, darían rienda suelta al despecho y los secretos se divulgarían con perjuicio de la estabilidad de la tiranía.

El secreto de todo despotismo está en el compromiso de todos los miembros que lo forman, a ayudarse mutuamente, desviando el brazo de la justicia que como una amenaza tienen suspendido sobre sus cabezas.

En virtud de estas reflexiones, no creemos que se castigue a Rafael Izábal, aun cuando fuera notoria su culpabilidad.

Y si no se castiga a Izábal, por no quebrantar la solidaridad que hace fuertes a los opresores, menos se exigirá una reparación del gobierno de Washington por la invasión de sus tropas a territorio mexicano.

La política de Porfirio Díaz en cuanto a asuntos exteriores, es bastante conocida de nuestros compatriotas para que tengamos necesidad de exhibirla. En el programa de gobierno de la dictadura figura en primer lugar la complacencia para todo lo americano, y es claro que si las tropas americanas han violado la soberanía nacional integrándose a nuestro territorio para derramar sangre mexicana, el atentado se debe al poco o ningún respeto que se nos tiene, gracias a las continuas y vergonzosas complacencias que nuestro gobierno tiene para los americanos.

He aquí, pues, que no se cumplirá la ley, ni se exigirá reparación a los invasores, y esa lenidad servirá para que los extranjeros nos desprecien más y nos escupan a cada paso.

– – – – NOTAS – – – –

1 Huelga de Cananea. Efectuada del 1º al 4 de junio de 1906, por trabajadores de la Cananea Consolidated Copper Co., propiedad de William Cornell Greene. Impulsada por la Unión Liberal Humanidad y el Club Liberal de Cananea, a causa de los malos tratos prodigados a los trabajadores, los bajos salarios y la discriminación contra obreros mexicanos. La huelga fue reprimida, a petición de Greene y del gobernador Rafael Izábal, por rurales mexicanos y rangers de Arizona. Los principales promotores de la huelga, Manuel M. Diéguez, Esteban Baca Calderón y Francisco Ibarra, fueron encarcelados y posteriormente remitidos a San Juan de Ulúa.