Suspensión de garantías

 

Madero anunció que en tres meses después de su exaltación al poder, la Revolución habría sido suprimida. Esos tres meses se cumplen el día 6 del próximo mes de febrero, y como van las cosas, no es ni siquiera probable que el movimiento armado haya terminado para esa fecha. Lo seguro es que para entonces, la Revolución, siempre en marcha, haya asegurado mejores conquistas. El Gobierno cuenta con incalculables recursos de toda clase; su material de guerra es abundante, el número de soldados es superior al que apoyaba a Porfirio Díaz, y, sin embargo, el movimiento revolucionario, al llegar al término fijado por el tiranuelo para su extinción, se ha hecho más agudo y más difícil de aplastar.

La Ley de Suspensión de Garantías Individuales que la Cámara de Diputados acaba de aprobar apresuradamente,[i] por la que todo revolucionario debe ser pasado por las armas sin oírsele en juicio, arroja una gran luz sobre los asuntos de México. Si la Revolución no tuviera importancia, el gobierno no habría dado a conocer su intranquilidad, pidiendo a las Cámaras Legislativas la pronta expedición de esa inicua ley, cuya aplicación apresurará la caída del tirano.

Sí, esa ley es inicua, es cruel, es salvaje. Los revolucionarios no están sobre las armas por el gusto de ser revolucionarios; los revolucionarios son la protesta convertida en acción de millones y millones de seres humanos para los que hasta hoy la vida había sido un infierno, y asesinar cobardemente a esos revolucionarios es tanto como querer acallar con la metralla el grito de los estómagos atormentados por el hambre, el grito de las conciencias torturadas por la tiranía. Se quiere conservar a sangre y fuego el privilegio, la explotación, la mentira, se quiere que quede intacto el actual sistema que permite a los de arriba gozar toda clase de placeres, mientras los de abajo, los trabajadores que todo lo producen, se pudren en la miseria, en la ignorancia, en el fanatismo por el delito de haber venido al mundo cuando la tierra estaba acaparada por un puñado de bandidos.

¡Abajo Madero!, pero no para poner a otro hombre en el poder. Todo hombre se convierte en monstruo cuando está unas cuantas pulgadas arriba de los demás, y eso es así porque el hombre que sube al poder se considera a sí mismo mejor que el resto de sus conciudadanos. Si no fuera el mejor, no me habrían elevado, dicen los gobernantes. Y, desde ese momento ya no pueden considerarse los iguales de los demás, sino superiores, y, como tales, con derechos y prerrogativas que no pueden tener los simples mortales.

¡Abajo Madero!, pero con el sistema que él representa: el de la explotación del hombre por el hombre, pues mientras subsista ese sistema, mientras haya pobres y ricos, gobernantes y gobernados, la humanidad será esclava.

Mexicanos: a la Ley de Suspensión de Garantías responded con las represalias. Se os quita un ojo, otro ojo quitad. Se os mata, matad también. Puñalada por puñalada; balazo por balazo.

No estáis rebelados por el placer de matar, sino porque comprendéis que es injusto que haya miseria en una tierra tan bella y tan rica como la tierra en que os tocó nacer. Esa tierra es vuestra, porque sois los descendientes de aquellas infortunadas razas indias que fueron brutalmente despojadas de sus tierras por los bandidos de la Conquista. Tomad toda la tierra sin excepción, desconociendo títulos y papelotes, papelotes y títulos que debéis quemar juntamente con las leyes que los hacen valer. Tened siempre en cuenta que la tierra es nuestra madre común, y, por lo mismo, debe ser para todos.

 

Ricardo Flores Magón

Regeneración, núm. 74, 27 de enero de 1912



[i] Decreto inspirado en la Ley de Suspensión Temporal de Garantías Individuales promulgada por el gobierno porfirista en marzo de 1911. De acuerdo con ella, los salteadores de caminos, quienes se alzaran en armas o atacaran las vías de comunicación serían condenados a muerte. En la versión maderista de esta ley, propuesta en enero de 1912 desde las páginas de Nueva Era, se agregó a las personas que proveyeran de parque y armamento a los sublevados. Fue aprobada por la Cámara de Diputados a finales del mes siguiente, y debía hacerse efectiva, inicialmente, en los estados de Morelos, Guerrero, Tlaxcala, México y Puebla. El decreto maderista fue refrendado el 7 de agosto de 1912 y se hizo extensivo a todo el territorio nacional.