Carranza traiciona la Revolución

Cuando Carranza salió de huida de la ciudad de México en diciembre de 1914, viendo perdida su causa, lanzó en Veracruz aquel manifiesto célebre[1] que había de reunir bajo su bandera a una buena porción de la clase trabajadora de las ciudades. Carranza dijo entonces: “hoy comienza la Revolución Social”, y esa frase fue como un toque de clarín al cual acudieron todos aquellos trabajadores que todavía creían que podía realizarse el milagro de obtener un gobierno que apoyara decididamente el desheredado en su lucha contra la burguesía.

Los Batallones Rojos, formados por entusiastas obreros, se multiplicaron, y las hazañas guerreras de esos Batallones les dieron justa fama como valientes, como abnegados de defensores de la causa constitucionalista, la que adquirió, gracias al sacrificio de los proletarios, una fuerza extraordinaria. Lograda esta fuerza, Carranza volvió la espalda a los generosos obreros que derramaron su sangre en cien combates.

Esta traición fue predicha por nuestros compañeros presos Ricardo y Enrique Flores Magón, quienes repetidas veces llamaron la atención de los trabajadores carrancistas sobre el hecho de que no puede existir un gobierno que desconozca el derecho de propiedad privada, pues el gobierno no es otra cosa que el guardián de los intereses de los ricos. Advirtieron también nuestros compañeros presos, que los poderosos no se dignan lanzar una mirada sobre el infortunio de los desheredados, sino cuando tienen necesidad del apoyo de estos, con su voto en tiempo de elecciones y con su sangre en tiempo de revuelta; pero que pasada la necesidad del apoyo de los de abajo, pagan los servicios de estos con un puntapié por el trasero.

No dejaron de hacer presente nuestros compañeros Ricardo y Enrique, que los trabajadores, si quieren verse libres de una vez de la pesada cadena de la esclavitud económica deben emprender por su propia cuenta la obra de su emancipación, sin confiar a nadie la solución de sus problemas, porque poner en manos extrañas la tarea de resolver lo que los proletarios tenemos que hacer, es abrir de par en par las puertas a la traición.

Lo predicho por nuestros compañeros, hoy presos por dar esos sanos consejos, no ha tardado en cumplirse, como todo lo que ellos han predicho. Carranza ha tirado la careta en realidad es: un perro guardián de los intereses de la clase capitalista.

Pablo González, uno de tantos rufianes que han conquistado medallas y cintas con la sangre de los trabajadores, y que es comandante militar de las fuerzas carrancistas de la región Oriente de México, lanzó un Manifiesto el 18 de enero anterior[2], por medio del cual quiere justificar la actitud insolente asumida por el carrancista ante las demandas justísimas de los trabajadores.

Por supuesto que Pablo González no es más que un pobre instrumento de Carranza, y lo que manifiesta González es lo que Carranza quiere decir.

Dice, pues Carranza por boca de González: “…la simpatía del gobierno constitucionalista para los trabajadores, ha sido interpretada de una manera errónea, por ciertos leaders de la clase trabajadora, que han llegado a crecer, y han logrado que su creencia penetre en las mentes de sus camaradas, que la unión de los trabajadores es una especie de institución oficial dotada de poder gubernamental para imponer sus demandas, y de derechos especiales que no admiten discusión o limitación de ninguna clase.”

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            Por lo transcrito se convencerán nuestros hermanos los trabajadores carrancistas, de que estaban soñando un imposible cuando creían que era posible, dentro del sistema capitalista, dentro del Estado Burgués, conseguir su emancipación. El Estado no tolera otro poder dentro de él. No puede existir otro poder que dentro del Estado rivalice con el poder del Estado. Por eso es por lo que, si el trabajador quiere emanciparse, tiene por fuerza que rebelarse contra el Estado. Creer que los trabajadores pueden alcanzar su emancipación dentro del Estado, es preparar el terreno para una derrota cierta. Para obtener la emancipación, los trabajadores tienen que luchar contra el Estado, que es el apoyo de la burguesía.

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            En efecto, el Estado, con sus leyes y los encargados de hacer que las respeten, es el apoyo más poderoso de los intereses de la clase capitalista, como que el Estado no tiene otra misión que velar por la integridad del llamado derecho de propiedad privada o individual. Pretender que el Estado vele por los intereses de la clase trabajadora, es pretender un imposible, y si se confía al Estado la tarea de emancipar a la clase trabajadora de la explotación capitalista o, si se espera al menos, de que la ayude a emanciparse, es tanto como poner voluntariamente el pescuezo bajo la cuchilla de la guillotina.

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            La Autoridad, desde los tiempos más remotos, no ha tenido otra función que defender el derecho de propiedad privada. No se la puede pedir que defienda el derecho de los desheredados, porque fue instituida por los primeros bandidos que aparecieron en la Tierra, para evitar que los desposeídos se rebelasen y arrancasen de las garras de los ladrones lo que estos les habían robado.

No hay, pues, que esperar que gobierno alguno pueda hacer justicia a los trabajadores. Son estos los que deben hacerse justicia con sus propias manos, desconociendo toda Autoridad y tomando posesión de la riqueza social para el beneficio de todos los que quieran trabajar, sin distinción de sexo ni de raza, como se expresa en el Manifiesto de 23 de septiembre de 1911.

Obrar de otra manera, esperar que un gobierno bueno haga el milagro de emancipar a la clase trabajadora, es remachar las cadenas, es esperar en vano. Y cuando se llega hasta el sacrificio de la vida por elevar a la Presidencia a un hombre para que garantice la obra de emancipación, es sacrificarse por el bienestar de los buitres que nos devoran las entradas a los desheredados.

(Continuará)

Celso Marquina

Regeneración, núm. 231, 25 de marzo de 1916



[1] Refiérese al Decreto del 12 de diciembre de 1914 cuyo artículo 2do. dice: “El Primer Jefe de la Revolución y Encargado del Poder Ejecutivo, expedirá y pondrá en vigor durante la lucha, todas las leyes, disposiciones y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, efectuando las reformas que la opinión pública exige como indispensables para establecer un régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre sí; leyes agrarias que favorezcan la formación de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras de que fueron injustamente privados; leyes fiscales encaminadas a obtener un sistema equitativo de impuestos a la propiedad raíz; legislación para mejorar la condición del peón rural, del obrero, del minero, y, en general, de las clases proletarias; establecimiento de la libertad municipal como institución constitucional; bases para un nuevo sistema de organización del ejército; reformas de los sistemas electorales para obtener la efectividad del sufragio; organización del Poder Judicial independiente, tanto en la Federación como en los Estados; revisión de las leyes relativas al matrimonio y al estado civil de las personas; disposiciones que garanticen el estricto cumplimiento de las Leyes de Reforma; revisión de los Códigos Civil y Penal y de Comercio; reformas del procedimiento judicial, con el propósito de hacer expedita y efectiva la administración de justicia; revisión de las leyes relativas a explotación de minas, petróleo, aguas, bosques y demás recursos naturales del país, para destruir los monopolios creados por el antiguo régimen y evitar que se formen otros en lo futuro; reformas políticas que garanticen la verdadera aplicación de la Constitución de la República, y, en general, todas las demás leyes que se estimen necesarias para asegurar a todos los habitantes del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos, y la igualdad ante la ley”.

[2] Refiérese al Manifiesto publicado bajo el título “El constitucionalismo desea establecer el equilibrio en todos los intereses, y oponer la justicia a todas las ambiciones”, en El Pueblo (México, D. F.), 19 de enero de 1916, en el que el autor, Pablo González, censura la actitud de los mineros de El Oro, Estado de México, que, instigados por la Casa del Obrero Mundial, iniciaron una huelga que el gobierno constitucionalista consideró injustificada e intransigente.