Junta Organizadora del Partido Liberal. Proyecto de Programa del Partido Liberal, que se somete a la consideración de los correligionarios

(12 de abril de 1906)[1]

 

Exposición

Todo partido político que lucha por alcanzar influencia efectiva en la dirección de los negocios públicos de su país está obligado a declarar ante el pueblo, en forma clara y precisa, cuáles son los ideales por que lucha y cuál el programa que se propone llevar a la práctica, en caso de ser favorecido por la victoria. Este deber puede considerarse hasta como conveniencia para los partidos honrados, pues siendo sus propósitos justos y benéficos, se atraerá indudablemente las simpatías de muchos ciudadanos que, para sostenerlos, se adhieran al partido que en tales propósitos se inspira.

El Partido Liberal, dispersado por las persecuciones de la Dictadura, débil, casi agonizante por mucho tiempo, ha logrado rehacerse, y hoy rápidamente se organiza. El Partido Liberal lucha contra el despotismo reinante hoy en nuestra Patria, y seguro como está de triunfar al fin sobre la Dictadura, considera que ya es tiempo de declarar solemnemente ante el pueblo mexicano cuáles son, concretamente, los anhelos que se propone realizar cuando logre obtener la influencia que pretende en la orientación de los destinos nacionales.

En consecuencia, el Partido Liberal declara que sus aspiraciones son las que constan en el presente Programa, cuya realización es estrictamente obligatoria para el Gobierno que se establezca a la caída de la Dictadura, siendo también estricta obligación de los miembros del Partido Liberal velar por el cumplimiento de este Programa.

En los puntos del Programa, no consta sino aquello que para ponerse en práctica amerita reformarse en nuestra legislación o medidas efectivas del Gobierno. Lo que no es más que un principio, lo que no puede decretarse, sino que debe estar siempre en la conciencia de los hombres liberales, no figura en el Programa, porque no hay objeto para ello. Por ejemplo, siendo rudimentarios principios del liberalismo que el Gobierno deba sujetarse al cumplimiento de la ley e inspirar todos sus actos en el bien del pueblo, se sobreentiende que todo funcionario ajustará su conducta y principios. Si el funcionario no es hombre de conciencia ni siente respeto por la ley, la violará, aunque en el Programa del Partido Liberal se ponga una cláusula que prevenga desempeñar con honradez los puestos públicos. No se puede decretar que el Gobierno sea honrado cuando todo el conjunto de las leyes, al definir las atribuciones del Gobierno, le señalan con bastante claridad el camino de la honradez; pero para conseguir que el Gobierno no se aparte de ese camino, como muchos lo han hecho, sólo hay un medio: la vigilancia del pueblo sobre sus mandatarios, denunciando sus malos actos y exigiéndoles la más estrecha responsabilidad por cualquier falta en el cumplimiento de sus deberes. Los ciudadanos deben comprender que las simples declaraciones de principios, por muy altos que éstos sean, no bastan para formar buenos gobiernos y evitar tiranías; lo principal es la acción del pueblo, el ejercicio del civismo, la intervención de todos en la cosa pública.

Antes que declarar en este Programa que el Gobierno será honrado, que se inspirará en el bien público, que impartirá completa justicia, etcétera, etcétera, es preferible imponer a los liberales la obligación de velar por el cumplimiento del Programa, para que así recuerden continuamente que no deben fiar demasiado en ningún Gobierno, por ejemplar que parezca, sino que deben vigilarlo para que llene sus deberes. Ésta es la única manera de evitar tiranías en lo futuro y de asegurarse el pueblo el goce y aumento de los beneficios que conquiste.

Los puntos de este Programa no son ni pueden ser otra cosa que bases generales para la implantación de un sistema del gobierno verdaderamente democrático. Son la condensación de las principales aspiraciones del pueblo y responden a las más graves y urgentes necesidades de la Patria. Ha sido preciso limitarse a puntos generales y evitar todo detalle, para no hacer difuso el Programa ni darle dimensiones exageradas; pero lo que en él consta, basta, sin embargo, para dar a conocer con toda claridad lo que se propone el Partido Liberal y lo que realizará tan pronto como, con la ayuda del pueblo mexicano, logre triunfar definitivamente sobre la Dictadura.

Los puntos del Programa que se refieren a reformas constitucionales no contienen ninguna novedad y casi se contraen únicamente a restablecer el primitivo espíritu de nuestra Carta Magna. Encierran principios de la más rudimentaria democracia, y sería ocioso demostrar su conveniencia, que salta a la vista.

La instrucción de la niñez debe reclamar muy especialmente los cuidados de un Gobierno que verdaderamente anhele el engrandecimiento de la Patria. En la escuela primaria está la profunda base de la grandeza de los pueblos, y puede decirse que las mejores instituciones poco valen y están en peligro de perderse, si al lado de ellas no existen múltiples y bien atendidas escuelas en que se formen los ciudadanos que en el futuro deban velar por esas instituciones. Si queremos que nuestros hijos guarden incólumes las conquistas que hoy para ellos hagamos, procuremos ilustrarlos, y educarlos en el civismo y el amor a todas las libertades.

Al suprimirse las escuelas del clero, se impone imprescindiblemente para el Gobierno la obligación de suplirlas sin tardanza, para que la proporción de escuelas existentes no disminuya y los clericales no puedan hacer cargos de que se ha perjudicado la instrucción. La necesidad de crear nuevas escuelas, hasta dotar al país con todas las que reclame su población escolar, la reconocerá a primera vista todo el que no sea un enemigo del progreso.

No basta, sin embargo, establecer muchas escuelas si no se facilita a la niñez el medio práctico de aprovecharlas. Sabido es que el principal obstáculo para que gran parte de nuestra niñez concurra a las aulas es la miseria. El reducido jornal de muchos padres de familia no basta para sostener a ésta y se hace necesario para vivir que hasta los niños trabajen y ganen algo, en vez de ir a la escuela. Obligar simplemente a estos niños que trabajan a concurrir a la escuela es disminuir los haberes de una familia, condenarla a la miseria e inspirarle odio a la instrucción que tales perjuicios le causa. Para que la instrucción pueda hacerse obligatoria, sin cometer injusticias ni causar daños, no hay otro medio que el de asignar salarios a los niños pobres, y así, las familias no perderán por la escuela lo que estos niños hubieran podido ganar en algún trabajo.

Para lograr que la instrucción laica se imparta en todas las escuelas, sin ninguna excepción, conviene reforzar la obligación de las escuelas particulares de ajustar estrictamente sus programas a los oficiales, estableciendo responsabilidades y penas para los maestros que falten a este deber.

Por mucho tiempo, la noble profesión del magisterio ha sido de las más despreciadas, y esto solamente porque es de las peor pagadas. Nadie desconoce el mérito de esta profesión, nadie deja de designarla con los más honrosos epítetos; pero, al mismo tiempo, nadie respeta la verdad ni guarda atención a los pobres maestros que, por lo mezquino de sus sueldos, tienen que vivir en lamentables condiciones de inferioridad social. El porvenir que se ofrece a la juventud que abraza el magisterio, la compensación que se brinda a los que llamamos abnegados apóstoles de la enseñanza, no es otra cosa que una mal disfrazada miseria. Esto es injusto. Debe pagarse a los maestros buenos sueldos, como lo merece su labor; debe dignificarse el profesorado, procurando a sus miembros el medio de vivir decentemente.

El enseñar rudimentos de artes y oficios en las escuelas acostumbra al niño a ver con naturalidad el trabajo manual, despierta en él afición a dicho trabajo, y lo prepara, desarrollando sus aptitudes, para adoptar más tarde un oficio, mejor que emplear largos años en la conquista de un título. Hay que combatir desde la escuela ese desprecio aristocrático hacia el trabajo manual, que una educación viciosa ha imbuido a nuestra juventud; hay que formar trabajadores, factores de producción efectiva y útil, mejor que señores de pluma y de bufete. En cuanto a la instrucción militar en las escuelas, se hace conveniente para poner a los ciudadanos en aptitud de prestar sus servicios en la Guardia Nacional, en la que sólo perfeccionarán sus conocimientos militares. Teniendo todos los ciudadanos estos conocimientos, podrán defender a la Patria cuando sea preciso y harán imposible el predominio de los soldados de profesión, es decir, del militarismo. La preferencia que se debe prestar a la instrucción cívica no necesita demostrarse.

Es inútil declarar en el Programa que debe darse preferencia al mexicano sobre el extranjero, en igualdad de circunstancias, pues esto está ya consignado en nuestra Constitución. Como medida eficaz para evitar la preponderancia extranjera y garantizar la integridad de nuestro territorio, nada parece tan conveniente como declarar ciudadanos mexicanos a los extranjeros que adquieran bienes raíces.

La prohibición de la inmigración china es, ante todo, una medida de protección a los trabajadores de otras nacionalidades, principalmente a los mexicanos. El chino, dispuesto por lo general a trabajar con el más bajo salario, sumiso, mezquino en aspiraciones, es un gran obstáculo para la prosperidad de otros trabajadores. Su competencia es funesta, y hay que evitarla en México. En general, la inmigración china no produce a México el menor beneficio.

El clero católico, saliéndose de los límites de su misión religiosa, ha pretendido siempre erigirse en un poder político, y ha causado males a la Patria, ya como dominador del Estado con los gobiernos conservadores, o ya como rebelde contra los gobiernos liberales. Esta actitud del clero, inspirada en su odio salvaje a las instituciones democráticas, provoca una actitud equivalente por parte de los gobiernos honrados que no se avienen ni a permitir la invasión religiosa en las esferas del poder civil, ni a tolerar pacientemente las continuas rebeldías del clericalismo. Observara el clero de México la conducta que sus iguales observan en otros países —por ejemplo, en Inglaterra y los Estados Unidos—; renunciara a sus pretensiones de gobernar el país; dejara de sembrar odios contra las instituciones y autoridades liberales; procurara hacer de los católicos buenos ciudadanos y no disidentes o traidores; resignárase a aceptar la separación del Estado de la Iglesia, en vez de seguir soñando con el dominio de la Iglesia sobre el Estado; abandonara, en suma, la política y se consagrara sencillamente a la religión; observara el clero esta conducta, decimos, y de seguro que ningún gobierno se ocuparía de molestarlo ni se tomaría el trabajo de estarlo vigilando para aplicarle ciertas leyes. Si los gobiernos democráticos adoptan medidas restrictivas para el clero, no es por el gusto de hacer decretos ni por ciega persecución, sino por la más estricta necesidad. La actitud agresiva del clero ante el Estado liberal obliga al Estado a hacerse respetar enérgicamente. Si el clero en México, como en otros países, se mantuviera siempre dentro de la esfera religiosa, no lo afectarían los cambios políticos; pero estando, como está, a la cabeza de un partido militante —el conservador— tiene que resignarse a sufrir las consecuencias de su conducta. Donde la Iglesia es neutral en política, es intocable para cualquier gobierno; en México, donde conspira sin tregua, aliándose a todos los despotismos a la Patria para llegar al Poder, debe darse por satisfecha con que los liberales, cuando triunfen sobre ella y sus aliados, sólo impongan algunas restricciones a sus abusos.

Nadie ignora que el clero tiene muy buenas entradas de dinero, el que no siempre es obtenido con limpios procedimientos. Se conocen numerosos casos de gente tan ignorante como pobre que da dinero a la Iglesia con inauditos sacrificios, obligada por sacerdotes implacables que exigen altos precios por un bautismo, un matrimonio, etcétera, amenazando a los creyentes con el infierno si no se procuran esos sacramentos al precio señalado. En los templos se venden a precios excesivos libros o folletos de oraciones, estampas y hasta cintas y estambritos sin ningún valor. Para mil cosas se piden limosnas, y espoleando el fanatismo, se logra arrancar dinero hasta de gente que disputaría un centavo si no creyera que con él compra la gloria. Se ve en todo esto un lucro exagerado a costa de la ignorancia humana, y es muy justo que el Estado, que cobra impuestos sobre todo lucro o negocio, los cobre también sobre éste, que no es por cierto de los más honrados.

Es público y notorio que el clero, para burlar las Leyes de Reforma, ha puesto sus bienes a nombre de algunos testaferros. De hecho, el clero sigue poseyendo los bienes que la ley prohíbe poseer. Es pues, preciso, poner fin a esta burla y nacionalizar esos bienes.

Las penas que las Leyes de Reforma señalan para sus infractores son leves, y no inspiran temor al clero. Los sacerdotes pueden pagar tranquilamente una pequeña multa, por darse el gusto de infringir esas Leyes. Por tanto, se hace necesario para prevenir las infracciones señalar penas que impongan respeto a los eclesiásticos atrevidos.

La supresión de las escuelas del clero es una medida que producirá al país incalculables beneficios. Suprimir la escuela clerical es acabar con el foco de las divisiones y los odios entre los hijos de México; es cimentar sobre la más sólida base, para un futuro próximo, la completa fraternidad de la gran familia mexicana. La escuela clerical, que educa a la niñez en el más intolerable fanatismo, que la atiborra de prejuicios y de dogmas caprichosos, que le inculca el aborrecimiento a nuestras más preclaras glorias nacionales y la hace ver como enemigos a todos los que no son siervos de la Iglesia, es el gran obstáculo para que la Democracia impere serenamente en nuestra Patria y para que entre todos los mexicanos reine esa armonía, esa comunidad de sentimientos y aspiraciones, que es el alma de las nacionalidades robustas y adelantadas. La escuela laica, que carece de todos estos vicios, que se inspira en un elevado patriotismo, ajeno a mezquindades religiosas, que tiene por lema la verdad, es la única que puede hacer de los mexicanos el pueblo ilustrado, fraternal y fuerte de mañana, pero su éxito no será completo mientras que al lado de la juventud emancipada y patriota sigan arrojando las escuelas clericales otra juventud que, deformada intelectualmente por torpes enseñanzas, venga a mantener encendidas viejas discordias en medio del engrandecimiento nacional. La supresión de las escuelas del clero acaba de un golpe con lo que ha sido siempre el germen de amargas divisiones entre los mexicanos y asegura definitivamente el imperio de la Democracia en nuestro país, con sus naturales consecuencias de progreso, paz y fraternidad.

Un Gobierno que se preocupa por el bien efectivo de todo el pueblo no puede permanecer indiferente ante la importantísima cuestión del trabajo. Gracias a la Dictadura de Porfirio Díaz, que pone el poder al servicio de todos los explotadores del pueblo, el trabajador mexicano ha sido reducido a la condición más miserable: en dondequiera que presta sus servicios, es obligado a desempeñar una dura labor de muchas horas por un jornal de unos cuantos centavos. El capitalista soberano impone sin apelación las condiciones del trabajo, que siempre son desastrosas para el obrero, y éste tiene que aceptarlas por dos razones: porque la miseria lo hace trabajar a cualquier precio o porque, si se rebela contra el abuso del rico, las bayonetas de la Dictadura se encargan de someterlo. Así es como el trabajador mexicano acepta labores de doce o más horas diarias por salarios menores de setenta y cinco centavos, teniendo que tolerar que los patronos le descuenten todavía de su infeliz jornal diversas cantidades para médico, culto católico, fiestas religiosas o cívicas y otras cosas, aparte de las multas que con cualquier pretexto se le imponen.

En más deplorable situación que el trabajador industrial se encuentra el jornalero del campo, verdadero siervo de los modernos señores feudales. Por lo general, estos trabajadores tienen asignado un jornal de veinticinco centavos o menos, pero ni siquiera este menguado salario perciben en efectivo. Como los amos han tenido el cuidado de echar sobre sus peones una deuda más o menos nebulosa, recogen lo que ganan esos desdichados a título de abono, y sólo para que no se mueran de hambre les proporcionan algo de maíz y frijol y alguna otra cosa que les sirva de alimento.

De hecho, y por lo general, el trabajador mexicano nada gana; desempeñando rudas y prolongadas labores apenas obtiene lo muy estrictamente preciso para no morir de hambre. Esto no sólo es injusto, es inhumano, y reclama un eficaz correctivo. El trabajador no es ni debe ser en las sociedades una bestia macilenta, condenada a trabajar hasta el agotamiento sin recompensa alguna; el trabajador fabrica con sus manos cuanto existe para beneficio de todos, es el productor de todas las riquezas y debe tener los medios para disfrutar de todo aquello de que los demás disfrutan. Ahora le faltan los dos elementos necesarios: tiempo y dinero, y es justo proporcionárselos, aunque sea en pequeña escala. Ya que ni la piedad ni la justicia tocan el corazón encallecido de los que explotan al pueblo, condenándolo a extenuarse en el trabajo, sin salir de la miseria, sin tener una distracción ni un goce, se hace necesario que el pueblo mismo, por medio de mandatarios demócratas, realice su propio bien, obligando al Capital inconmovible a obrar con menos avaricia y con mayor equidad.

Una labor máxima de ocho horas y un salario mínimo de $1.00 es lo menos que puede pretenderse para que el trabajador esté siquiera a salvo de la miseria, para que la fatiga no lo agote, y para que le quede tiempo y humor de procurarse instrucción y distracción después de su trabajo. Seguramente que el ideal de un hombre no debe ser ganar un peso por día, eso se comprende; y la legislación que señale tal salario mínimo no pretende haber conducido al obrero a la meta de la felicidad. Pero no es eso de lo que se trata. A esa meta debe llegar el obrero por su propio esfuerzo y su exclusiva aspiración, luchando contra el Capital en el campo libre de la Democracia. Lo que ahora se pretende es cortar de raíz los abusos de que ha venido siendo víctima el trabajador y ponerlo en condiciones de luchar contra el Capital sin que su posición sea en absoluto desventajosa. Si se dejara al obrero en las condiciones en que hoy está, difícilmente lograría mejorar, pues la negra miseria en que vive continuaría obligándolo a aceptar todas las condiciones del explotador. En cambio, garantizándole menos horas de trabajo y un salario superior al que hoy gana la generalidad, se le aligera el yugo y se le pone en aptitud de luchar por mejores conquistas, de unirse y organizarse y fortalecerse para arrancar al Capital nuevas y mejores concesiones.

La reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio se hace necesaria, pues a labores tan especiales como éstas es difícil aplicarles el término general del máximum de trabajo y el mínimum de salario que resulta sencillo para las demás labores. Indudablemente, deberá procurarse que los afectados por esta reglamentación obtengan garantías equivalentes a las de los demás trabajadores.

El establecimiento de ocho horas de trabajo es un beneficio para la totalidad de los trabajadores, aplicable generalmente, sin necesidad de modificaciones para casos determinados. No sucede lo mismo con el salario mínimo de $1.00, y sobre esto hay que hacer una advertencia en extremo importante. Las condiciones de vida no son iguales en toda la República: hay regiones en México en que la vida resulta mucho más cara que en el resto del país. En esas regiones los jornales son más altos, pero a pesar de eso el trabajador sufre allí tanta miseria como la que sufren con más bajos salarios los trabajadores en los puntos donde es más barata la existencia. Los salarios varían, pero la condición del obrero es la misma; en todas partes no gana, de hecho, sino lo preciso para no morir de hambre. Un jornal de más de $1.00 en Mérida como de 50 centavos en San Luis Potosí mantiene al trabajador en el mismo estado de miseria, porque la vida es doblemente o más cara en el primer punto que en el segundo. Por tanto, si es aplicado con absoluta generalidad el salario mínimo de $1.00, no se logrará, como se pretende, arrancar de la miseria a todos los trabajadores, sino solamente a algunos. Los que viven en regiones donde el costo de la vida es excesivo, y que ya hoy perciben jornales de más de $1.00 que no los salvan de la miseria, continuarían en la misma desastrosa condición en que ahora se encuentran, sin obtener con la ley de que hablamos el más insignificante beneficio. Es, pues, preciso, prevenir tal injusticia, y al formularse detalladamente la ley del trabajo, deberán expresarse las excepciones para la aplicación del salario mínimo de $1.00, estableciendo para aquellas regiones en que ya se gana ese jornal un salario mayor de $1.00. Debe procurarse que todos los trabajadores obtengan en igual proporción los beneficios de esta ley.

Los demás puntos que se proponen para la legislación sobre el trabajo, son de necesidad y justicia patentes. La higiene en fábricas, talleres, alojamientos y otros lugares en que dependientes y obreros deban estar por largo tiempo; la prohibición del trabajo infantil; el descanso dominical; la indemnización por accidentes y la pensión a obreros que han agotado sus energías en el trabajo; la prohibición de multas y descuentos; la obligación de pagar con dinero efectivo; la anulación de la deuda de los jornaleros; las medidas para evitar abusos en el trabajo a destajo, y las de protección a los medieros; todo esto lo reclaman de tal manera las tristes condiciones del trabajo en nuestra Patria que su conveniencia no necesita demostrarse con ninguna consideración.

La obligación que se impone a los propietarios urbanos de indemnizar a los arrendatarios que dejen mejoras en sus casas o campos es de gran utilidad pública. De este modo, los propietarios sórdidos que jamás hacen reparaciones en las pocilgas que rentan serán obligados a mejorar sus posesiones con ventaja para el público. En general, no es justo que un pobre mejore la propiedad de un rico, sin recibir ninguna compensación, y sólo para beneficio del rico.

La aplicación práctica de ésta y de la siguiente parte del Programa Liberal, que tienden a mejorar la situación económica de la clase más numerosa del país, encierra la base de una verdadera prosperidad nacional. Es axiomático que los pueblos no son prósperos sino cuando la generalidad de los ciudadanos disfruta de particular y siquiera relativa prosperidad. Unos cuantos millonarios, acaparando toda la riqueza y siendo los únicos satisfechos entre millones de hambrientos, no hacen el bienestar general, sino la miseria pública, como lo vemos en México. En cambio, el país donde todos o los más pueden satisfacer cómodamente sus necesidades, será próspero con millonarios o sin ellos.

El mejoramiento de las condiciones del trabajo, por una parte, y por otra, la equitativa distribución de las tierras, con las facilidades de cultivarlas y aprovecharlas sin restricciones, producirán inapreciables ventajas a la Nación. No sólo salvarán de la miseria y procurarán cierta comodidad a las clases que directamente reciben el beneficio, sino que impulsarán notablemente el desarrollo de nuestra agricultura, de nuestra industria, de todas las fuentes de la pública riqueza, hoy estancadas por la miseria general. En efecto; cuando el pueblo es demasiado pobre, cuando sus recursos apenas le alcanzan para mal comer, consume sólo artículos de primera necesidad, y aun éstos en pequeña escala. ¿Cómo se han de establecer industrias, cómo se han de producir telas o muebles o cosas por el estilo en un país en que la mayoría de la gente no puede procurarse ningunas comodidades?

¿Cómo no ha de ser raquítica la producción donde el consumo es pequeño? ¿Qué impulso han de recibir las industrias donde sus productos sólo encuentran un reducido número de compradores, porque la mayoría de la población se compone de hambrientos? Pero si estos hambrientos dejan de serlo; si llegan a estar en condiciones de satisfacer sus necesidades normales; en una palabra, si su trabajo les es bien o siquiera regularmente pagado, consumirán infinidad de artículos de que hoy están privados, y harán necesaria un gran producción de esos artículos. Cuando los millones de parias que hoy vegetan en el hambre y la desnudez coman menos mal, usen ropa y calzado y dejen de tener un petate por todo ajuar, la demanda de mil géneros y objetos que hoy es insignificante aumentará en proporciones colosales, y la industria, la agricultura, el comercio, todo, será materialmente empujado a desarrollarse en una escala que jamás alcanzaría mientras subsistan las actuales condiciones de miseria general.

La falta de escrúpulos de la actual Dictadura para apropiarse y distribuir entre sus favoritos ajenas heredades, la desatentada rapacidad de los actuales funcionarios para adueñarse de lo que a otros pertenece, ha tenido por consecuencia que unos cuantos afortunados sean los acaparadores de la tierra, mientras infinidad de honrados ciudadanos lamentan en la miseria la pérdida de sus propiedades. La riqueza pública nada se ha beneficiado y sí ha perdido mucho con estos odiosos monopolios. El acaparador es un todopoderoso que impone la esclavitud y explota horriblemente al jornalero y al mediero; no se preocupa ni de cultivar todo el terreno que posee ni de emplear buenos métodos de cultivo, pues sabe que esto no le hace falta para enriquecerse: tiene bastante con la natural multiplicación de sus ganados y con lo que le produce la parte de sus tierras que cultivan sus jornaleros y medieros, casi gratuitamente. Si esto se perpetúa, ¿cuándo se mejorará la situación de la gente de campo y se desarrollará nuestra agricultura?

Para lograr estos dos objetos no hay más que aplicar por una parte la ley del jornal mínimo y el trabajo máximo, y por otra la obligación del terrateniente[2] de hacer productivos todos sus terrenos, so pena de perderlos. De aquí resultará irremediablemente que, o el poseedor de inmensos terrenos se decide a cultivarlos y ocupa miles de trabajadores y contribuye poderosamente a la producción, o abandona sus tierras o parte de ellas para que el Estado las adjudique a otros que las hagan producir y se aprovechen de sus productos. De todos modos, se obtienen los dos grandes resultados que se pretenden: primero, el de proporcionar trabajo, con la compensación respectiva, a numerosas personas, y segundo, el de estimular la producción agrícola. Esto último no sólo aumenta el volumen de la riqueza general, sino que influye en el abaratamiento de los productos de la tierra.

Esta medida no causará el empobrecimiento de ninguno y sí evitará el de muchos. A los actuales poseedores de tierras les queda el derecho de aprovecharse de los productos de ellas, que siempre son superiores a los gastos de cultivo; es decir, pueden hasta seguir enriqueciéndose. No se les van a quitar las tierras que les producen beneficios, las que cultivan, aprovechan en pastos para ganado, etcétera, sino sólo las tierras improductivas, las que ellos mismos dejan abandonadas y que, de hecho, no les reportan ningún beneficio. Y estas tierras despreciadas, quizá por inútiles, serán, sin embargo, productivas, cuando se pongan en manos de otros más necesitados o más aptos que los primitivos dueños. No será un perjuicio para los ricos perder tierras que no atienden y de las que ningún provecho sacan, y en cambio, será un verdadero beneficio para los pobres poseer estas tierras, trabajarlas y vivir de sus productos.

La restitución de ejidos a los pueblos que han sido despojados de ellos es de clara justicia.

La Dictadura ha procurado la despoblación de México. Por millares, nuestros conciudadanos han tenido que traspasar las fronteras de la Patria, huyendo del despojo y la tiranía. Tan grave mal debe remediarse, y lo conseguirá el Gobierno que brinde a los mexicanos expatriados las facilidades de volver a su suelo natal, para trabajar tranquilamente colaborando con todos a la prosperidad y engrandecimiento de la Nación.

Para la cesión de tierras, no debe haber exclusivismos; deben darse a todo el que las solicita para cultivarlas. La condición que se impone de no venderlas tiende a conservar la división de la propiedad y a evitar que los capitalistas puedan de nuevo acaparar terrenos. También para evitar el acaparamiento y hacer equitativamente la distribución de las tierras se hace necesario fijar un máximum de las que se pueden ceder a una persona. Es, sin embargo, imposible fijar ese máximum, mientras no se sepa aproximadamente, la cantidad de tierras de que pueda disponer el Estado para distribución entre los ciudadanos.

La creación del Banco Agrícola para facilitar a los agricultores pobres los elementos que necesitan para iniciar o desarrollar el cultivo de sus terrenos, hace accesible a todos el beneficio de adquirir tierras y evita que dicho beneficio esté sólo al alcance de algunos privilegiados.

En lo relativo a impuestos, el Programa se concreta a expresar la abolición de impuestos notoriamente inicuos y a señalar ciertas medidas generales de visible conveniencia. No se puede ir más adelante en materia tan compleja, ni trazar de antemano al Gobierno todo un sistema hacendatario. El impuesto sobre sueldos y salarios y la contribución personal son verdaderas extorsiones. El impuesto del Timbre que todo lo grava, que pesa aún sobre las más insignificantes transacciones y ha llegado hasta a hacer irrisoria la declaración constitucional de que la justicia se impartía gratuitamente, pues obliga a los litigantes a desembolsar cincuenta centavos por cada hoja de actuaciones judiciales, es una gabela intolerable, un obstáculo para el desarrollo normal de nuestra riqueza, cuya supresión beneficiará grandemente al pueblo.

Los otros puntos envuelven el propósito de favorecer el Capital pequeño y útil, de gravar lo que no es de necesidad o beneficio público en provecho de lo que tiene estas cualidades y de evitar que algunos contribuyentes paguen menos de lo que legalmente les corresponde. En la simple enunciación llevan estos puntos su justificación.

Llegamos a la última parte del Programa, en la que resalta la declaración de que se confiscarán los bienes de los funcionarios en la presente época de tiranía. Esta medida es de la más estricta justicia. No se puede ni se debe reconocer derecho de legítima propiedad sobre los bienes que disfrutan a individuos que se han apoderado de esos bienes abusando de la fuerza de su autoridad, despojando a los legítimos dueños, y aun asesinándolos muchas veces para evitar toda reclamación. Algunos bienes han sido comprados, es verdad, pero no por eso dejan de ser ilegítimos, pues el dinero con el que se obtuvieron fue previamente sustraído de las arcas públicas por el funcionario comprador. Las riquezas de los actuales opresores, desde la colosal fortuna del Dictador hasta los menores capitales de los más ínfimos caciques, provienen sencillamente del robo, ya a los particulares, ya a la Nación; robo sistemático y desenfrenado, consumado en todo caso a la sombra de un puesto público. Así como a los bandoleros vulgares se les castiga y se les despoja de lo que habían conquistado en sus depredaciones, así también se debe castigar y despojar a los bandoleros que comenzaron por usurpar la Autoridad y acabaron por entrar a saco en la hacienda de todo el pueblo. Lo que los servidores de la Dictadura han defraudado a la Nación y arrebatado a los ciudadanos debe ser restituido al pueblo, para desagravio de la justicia y ejemplo de tiranos.

La aplicación que haga el Estado de los bienes que confisque a los opresores, debe tender a que dichos bienes vuelvan a su origen primitivo. Procediendo muchos de ellos de despojos a tribus indígenas, comunidades e individuos, nada más natural que hacer la restitución correspondiente. La deuda enorme que la Dictadura ha arrojado sobre la Nación ha servido para enriquecer a los funcionarios; es justo, pues, que los bienes de éstos se destinen a la amortización de dicha deuda. En general, con la confiscación de que hablamos, el Estado podrá disponer de las tierras suficientes para distribuir entre todos los ciudadanos que las soliciten.

Los demás puntos generales se imponen por sí mismos. La supresión de jefes políticos que tan funestos han sido para la República como útiles al sistema de opresión reinante es una medida democrática, como lo es también la multiplicación de los municipios y su robustecimiento. Todo lo que tienda a combatir el pauperismo, directa o indirectamente, es de reconocida utilidad. La protección a la raza indígena que, educada y dignificada, podrá contribuir poderosamente al fortalecimiento[3] de nuestra nacionalidad, es un punto de necesidad indiscutible. En el establecimiento de firmes lazos de unión entre los países latinoamericanos, podrán encontrar estos países —entre ellos México— una garantía para la conservación de su integridad, haciéndose respetables por la fuerza de su unión ante otros poderes que pretendieran abusar de la debilidad de alguna nación latinoamericana. En general, y aun en el orden económico, la unión de estas naciones las beneficiaría a todas y cada una de ellas; proponer y procurar esa unión es, por tanto, obra honrada y patriótica.

Es inconcuso que cuanto consta en el Programa del Partido Liberal necesita la sanción de un Congreso para tener fuerza legal y realizarse; se expresa, pues, que un Congreso Nacional dará forma de ley al Programa para que se cumpla y haga cumplir por quien corresponda. Esto no significa que se dan órdenes al Congreso, ultrajando su dignidad y soberanía, no. Esto significa sencillamente el ejercicio de un derecho del pueblo, con el cual en nada ofende a sus representantes. En efecto, el pueblo liberal lucha contra un despotismo, se propone destruirlo aun a costa de los mayores sacrificios, y sueña con establecer un Gobierno honrado que haga más tarde la felicidad del país; ¿se conformará el pueblo con derrocar a la tiranía, elevar un nuevo Gobierno y dejarlo que haga enseguida cuanto le plazca? El pueblo que lucha, que tal vez derramará su sangre por constituir un nuevo Gobierno, ¿no tiene el derecho de imponer algunas condiciones a los que van a ser favorecidos con el Poder? ¿No tiene el derecho de proclamar sus anhelos y de declarar que no elevará mañana a determinado Gobierno sino con la condición de que realice las aspiraciones populares? Indudablemente que el pueblo liberal que derrocará la Dictadura y erigirá después un nuevo Gobierno tiene el más perfecto derecho de advertir a sus representantes que no los eleva para que obren como les plazca, sino para que realicen la felicidad del país conforme a las aspiraciones del pueblo que los honra, colocándolos en los puestos públicos. Sobre la soberanía de los congresos, está la soberanía popular.

No habrá un solo mexicano que desconozca lo peligroso que es para la Patria el aumento de nuestra ya demasiado enorme deuda extranjera. Por tanto, todo paso encaminado a impedir que la Dictadura contraiga nuevos empréstitos o aumente de cualquier modo la deuda nacional no podrá menos que obtener la aprobación de todos los ciudadanos honrados, que no quieran ver envuelta a la Nación en más peligros y compromisos de los que ya ha arrojado sobre ella la rapaz e infidente Dictadura.

Tales son las consideraciones y fundamentos con que se ratifican los propósitos del Partido Liberal, condensados concretamente en los puntos del siguiente:

Programa del Partido Liberal Reformas constitucionales

1.— Reducción del periodo presidencial a cuatro años.[4]

2.— Supresión de la reelección para el Presidente y los gobernadores de los estados. Estos funcionarios sólo podrán ser nuevamente electos hasta después de dos periodos del que desempeñaron.

3.— Inhabilitación del vicepresidente para desempeñar funciones legislativas o cualquier otro cargo de elección popular, y autorización al mismo para llenar un cargo conferido por el Ejecutivo.

4.— Supresión del Senado

5.— Supresión del servicio militar obligatorio y establecimiento de la Guardia Nacional.

6.— Reforma del artículo 7o. constitucional en el sentido de que los delitos de prensa sean juzgados por jurado popular.[5]

7.— Abolición de la pena de muerte, excepto para los traidores a la P

8.— Agravar la responsabilidad de los funcionarios públicos, imponiendo severas penas de prisión para los

9.— Restituir a Yucatán el Territorio de Quintana Roo.[6]

10.— Supresión de los Tribunales Militares.

Mejoramiento y fomento de la instrucción

11.— Multiplicación de escuelas primarias, en tal escala que queden ventajosamente suplidos los establecimientos de instrucción que se clausuren por pertenecer al clero.

12.— Obligación de impartir enseñanza netamente laica en todas las escuelas de la República, sean del Gobierno o particulares, declarándose la responsabilidad de los directores de escuelas que no se ajusten a este precepto.

13.— Establecer salarios para los escolares pobres, a fin de que la miseria no sea impedimento para recibir instrucción, la que será obligatoria hasta la edad de catorce años.

14.— Pagar buenos sueldos a los maestros de instrucción primaria.

15.— Hacer obligatoria para todas las escuelas de la República la enseñanza de los rudimentos de artes y oficios y la instrucción militar, y prestar preferentemente atención a la instrucción cívica que tan poco atendida es ahora.

Extranjeros

16.— Prescribir que los extranjeros, por el sólo hecho de adquirir bienes raíces, pierden su nacionalidad primitiva y se hacen ciudadanos mexicanos.

17.— Prohibir la inmigración China.

Restricciones a los abusos del clero

18.— Los templos se consideran como negocios mercantiles, quedando por tanto, obligados a llevar contabilidad y pagar las contribuciones correspondientes.

19.— Nacionalización, conforme a las leyes, de los bienes raíces que el clero tiene en poder de testaferros.

20.— Agravar las penas que las Leyes de Reforma señalan para los infractores de las mismas.

21.— Supresión de las escuelas regenteadas por el clero.

Capital y trabajo

22.— Establecer un máximum de 8 horas de trabajo y un salario mínimo en la proporción siguiente: de $1.00 para la generalidad del país en que el promedio de los salarios es inferior al citado, y de más de $1.00 para aquellas regiones en que la vida es más cara y en las que este salario no bastaría para salvar de la miseria al trabajador.

23.—Reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio.

24.— Adoptar medidas para que con el trabajo a destajo los patronos no burlen la aplicación del tiempo máximo y salario mínimo.

25.— Prohibir en lo absoluto el empleo de niños menores de catorce años.

26.— Obligar a los dueños de fábricas, talleres, etcétera, a mantener las mejores condiciones de higiene en sus establecimientos.

27.— Obligar a los patronos o propietarios rurales a dar alojamiento higiénico a los trabajadores, cuando la naturaleza del trabajo de éstos exija que reciban albergue de dichos patronos o propietarios.

28.— Obligar a los patronos a pagar indemnización por accidentes del trabajo.[7]

29.— Declarar nulas las deudas actuales de los jornaleros de campo para con los amos.

30.— Adoptar medidas para que los dueños de tierras no abusen de los medieros.

31.— Obligar a los arrendadores de campos y casas, que indemnicen a los arrendatarios de sus propiedades por las mejoras necesarias que dejen en ellas.

32.— Prohibir a los patronos, bajo severas penas, que paguen al trabajador de cualquier otro modo que no sea con dinero efectivo; prohibir y castigar que se impongan multas a los trabajadores o se hagan descuentos de su jornal o se retarde el pago de la raya por más de una semana o se le niegue al que se separa del trabajo el pago inmediato de lo que tiene ganado; suprimir las tiendas de

33.— Obligar a todas las empresas o negociantes a no ocupar, entre sus empleados y trabajadores sino una minoría de No permitir en ningún caso que trabajos de la misma clase se paguen peor al mexicano que al extranjero en el mismo establecimiento, o que a los mexicanos se les pague en otra forma que a los extranjeros.

34.— Hacer obligatorio el descanso

Tierras

35.— Los dueños de tierras están obligados a hacer productivas todas las que posean, cualquier extensión de terreno que el poseedor deje improductiva la recobrará el Estado y la empleará conforme a los artículos siguientes.

36.— A los mexicanos residentes en el extranjero que lo soliciten, los repatriará el Gobierno pagándoles los gastos de viaje, y les proporcionará tierra para su cultivo.

37.— El Estado dará tierras a quienquiera que lo solicite, sin más condición que dedicarlas a la producción agrícola y no venderlas. Se fijará la extensión máxima de terreno que el Estado pueda ceder a una persona.

38.— Para que este beneficio no sólo aproveche a los pocos que tengan elementos para el cultivo de las tierras, sino también a los pobres que carezcan de estos elementos, el Estado creará un Banco Agrícola que hará a los agricultores pobres préstamos con poco rédito y redimibles a plazos.

Impuestos

39.— Abolición del Timbre.[8]

40.— Abolición del impuesto sobre capital moral.

41.— Abolición del impuesto de capitación.[9]

42.— Suprimir toda contribución para capital menor de $100.00, exceptuándose de este privilegio los templos y otros negocios que se consideren nocivos y que no deben tener derecho a las garantías de las empresas útiles.

43.— Gravar el agio, los artículos de lujo, los vicios, y aligerar de contribuciones los artículos de primera neces No permitir que los ricos ajusten igualas con el Gobierno para pagar menos contribuciones que las que les impone la ley.

Puntos generales

44.— Supresión de los jefes políticos.[10]

45.— Reorganización de los municipios que han sido suprimidos y robustecimiento del poder

46.— Medidas para suprimir o restringir el agio, el pauperismo y la carestía de los artículos de primera

47.— Protección a la raza indígena.

48.— Establecer lazos de unión con los países

49.— Al triunfar el Partido Liberal, se confiscarán los bienes de los funcionarios enriquecidos bajo la Dictadura actual, y lo que se produzca se aplicará al cumplimiento del capítulo de tierras —especialmente a restituir a los yaquis, mayas y otras tribus, comunidades o individuos, los terrenos de que fueron despojados— y al servicio de la amortización de la deuda nacional.

50.— El primer Congreso Nacional que funcione después de la caída de la Dictadura anulará todas las reformas hechas a nuestra Constitución por el Gobierno de Porfirio Díaz; reformará nuestra Carta Magna en cuanto sea necesario para poner en vigor este Programa; creará las leyes que sean necesarias para el mismo objeto; reglamentará los artículos de la Constitución y de otras leyes que lo requieran, y estudiará todas aquellas cuestiones que considere de interés para la Patria, ya sea que estén enunciadas o no en el presente Programa, y reforzará los puntos que aquí constan, especialmente en materia de Trabajo y de Tierras.

Cláusula especial

51.— Al ser aprobado este Programa, la Junta Organizadora del Partido Liberal se dirigirá a los gobiernos extranjeros, manifestándoles, en nombre del Partido, que el pueblo mexicano no quiere más deudas sobre la Patria y que, por tanto, no reconocerá ninguna nueva deuda que, bajo cualquier forma o pretexto, arroje la Dictadura sobre la Nación, ya contratando empréstitos o ya reconociendo tardíamente obligaciones pasadas que han perdido ya todo valor.

Éste es el Programa que, como proyecto, sometemos a la consideración de nuestros correligionarios. Las opiniones de todos los liberales y las proposiciones de la prensa fueron tomadas en cuenta al formularlo.

Para la discusión y promulgación definitiva de este Programa, se establecen los siguientes términos:

I.— Los liberales deben manifestar a esta Junta si aprueban el Programa como se propone, o si juzgan que debe ser reformado y en qué Los votos de aprobación o proposiciones de reforma se recibirán hasta el día 25 de mayo.

II.— En el numero 9 de Regeneración (del 1o. de junio) la Junta publicará las proposiciones de reforma que haya recibido[11] y las someterá a consideración de los correligionarios. Se advierte que la Junta no tomará en cuenta ninguna reforma que se proponga con el objeto de desvirtuar o cambiar por completo el espíritu liberal del Programa, pues esto equivaldría a dar preferencia a una opinión particular, quizá malévola, sobre las muchas y serias opiniones conforme a las cuales se forjó dicho documento, cuyo espíritu general traduce, por ese hecho, las verdaderas aspiraciones populares.

III.— Del 1o. al 25 de junio, los correligionarios manifestarán a la Junta si aprueban o no que se hagan al Programa las reformas propuestas.

IV.— La Junta hará el cómputo de votos: si la mayoría aprueba la reforma, reformará el Programa; si la reprueba, lo dejará como se El 1o. de julio la Junta promulgará solemnemente el Programa definitivo del Partido Liberal.

Reforma, Libertad y Justicia.

 

St. Louis, Mo., 12 de abril de 1906

Presidente, Ricardo Flores Magón. Vicepresidente, Juan Sarabia. Secretario, Antonio I. Villarreal.

Tesorero, Enrique Flores Magón. 1er. Vocal, Prof. Librado Rivera. 2o. Vocal, Rosalío Bustamante

 

 

[1] Regeneración, San Luis, Mo., 3a. época, núm. 6, 15 de abril de 1906.

[2] “Tratamiento”, en el original, luego corregido en “Erratas notables (1 de mayo de 1906)”.

[3] “Fallecimiento”, en el original, luego corregido en “Erratas notables (1 de mayo de 1906)”.

[4] Mediante un decreto promulgado el 7 de mayo de 1904, se reformó la Constitución para ampliar el periodo presidencial de cuatro a seis años, de modo que la reelección de Porfirio Díaz para el periodo 1904-1908 se extendería hasta 1910. En el mismo decreto se estipulaba la creación de la Vicepresidencia de la República.

[5] El artículo 7o. de la Constitución de 1857, que garantizaba la libertad de imprenta, fue reformado durante la presidencia de Manuel González, en 1884. La reforma consistía en la abolición de los jurados populares, hasta entonces encargados de dar seguimiento a los delitos de imprenta, lo que significaba que los delitos que se cometieran por medio de la prensa serían juzgados por los Tribunales de la Federación, de acuerdo con las disposiciones de la legislación penal. Así, quedaba en manos de los jueces la determinación de si lo escrito implicaba un delito o si estaba animado por una intención de dolo, de acuerdo con lo que el juez Juan Pérez de León llamó la teoría psicológica. De modo que los jueces del fuero común quedaron facultados para determinar la culpabilidad de los periodistas, de acuerdo con un criterio que fue acremente censurado por la prensa de oposición.

[6] Refiérese al decreto del 16 de enero de 1902 por medio del cual Porfirio Díaz segregó a Yucatán la superficie de 50 843 kilómetros cuadrados para erigir el Territorio Federal de Quintana Roo.

[7] Para las adiciones a este parágrafo, “Erratas notables (1 de mayo de 1906)”.

[8] Refiérese al impuesto que gravaba diversas actividades mercantiles mediante el pago de estampillas que eran adheridas a contratos, facturas y otros documentos comerciales, así como mercancías tales como bebidas alcohólicas o cigarrillos. En México, la primera Ley del Timbre fue formulada en 1869 por Matías Romero, para sustituir el impuesto del papel sellado, empleado para la recaudación fiscal desde la época colonial. En 1893 se expidió la Ley de la Renta General del Timbre, en la que se establecía que la emisión de estampillas era facultad exclusiva del gobierno federal y se autorizaba a la Secretaría de Hacienda para imprimir las estampillas fiscales en cheques, libranzas, acciones, billetes de banco, etcétera, convirtiéndose en un impuesto que gravaba el consumo en general y, con ello, en uno de los gravámenes más impopulares del régimen porfirista.

[9] Refiérese al impopular impuesto per cápita vigente en Oaxaca y otros estados con población indígena.

[10] El jefe político era un funcionario con poder político y administrativo por en- cima de las autoridades de los ayuntamientos y municipios, subordinado directamente a la autoridad central, ya sea estatal o federal. Su territorio de poder era denominado distrito o prefectura política. El uso discrecional o autoritario de su poder en materia de leva, actos punitivos, etcétera, lo acompañó a lo largo del porfiriato.

[11] Véase documento núm. 26, “Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Adiciones y reformas al proyecto de Programa del Partido Liberal que han sido pro- puestas a esta Junta, y que se someten a la consideración de los correligionarios”.