Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Carta circular. (10 de septiembre de 1906)[1]

 

Saint Louis, Missouri, 10 de septiembre de 1906

Señor capitán Abraham Plata[2]

4o. Regimiento, Puebla, Pue.

 

Estimado  compatriota:

Nos permitimos adjuntarle un ejemplar del Programa del Partido Liberal, que fue expedido por esta Junta el día primero de julio del corriente año, y le encarecemos se sirva considerar con la mayor atención tanto ese documento como la presente carta.

Por el Programa[3] verá usted los siguientes hechos: que existe en México, organizado secretamente bajo la dirección de esta Junta el Partido Liberal, y que ese Partido ha llegado a unificar sus aspiraciones y está resuelto a realizarlas porque las considera, y son, legítimas, honradas y benéficas para la Patria. En el programa verá usted estudiados con relativa amplitud los males que afligen al pueblo mexicano y los remedios que es preciso aplicarles, y por tanto, no entraremos aquí en más consideraciones para patentizar el estado de tiranía, de atraso, de miseria intelectual y material en que se encuentra nuestra Patria bajo la Dictadura de Porfirio Díaz. Otro punto, más trascendental y concreto, es el que nos proponemos tratar en la presente.

Nuestro Partido está ya bien organizado en todo el país y cuenta entre sus miembros personas de todas las clases sociales, lo que le da un carácter verdaderamente popular y facilita la extensión de sus trabajos. A los militares ya afiliados en el Partido debemos los informes que tenemos acerca de los miembros del ejército mexicano a los que ahora nos dirigimos, y entre los que usted figura recomendado como patriota y hombre de honor. Siendo ya completa, como decimos, la organización del Partido Liberal, ha llegado el tiempo de que lleve a la práctica su programa, pero como éste es del todo contrario a los intereses bastardos de los opresores, salta a la vista que no podrá imponerse si no es aniquilando primero a la Dictadura.

Es inevitable el conflicto entre el pueblo y los tiranos; es irremisible un choque entre los que queremos libertad, derechos políticos, mejores condiciones de trabajo, independencia dentro de nuestra Patria, instrucción, moralidad, etcétera, etcétera, y los que quieren despotismo, miseria, vergonzosa sumisión al extranjero, ignorancia popular, empréstitos ruinosos y otras infamias que sólo benefician a unos cuantos pillos encumbrados, mientras que la Nación desfallece agobiada por las explotaciones, triturada por la opresión y gangrenada por el oprobio de su esclavitud.

Antes de que surja el conflicto, antes de que estallen las cóleras populares, difícilmente refrenadas hasta ahora, hemos creído nuestro deber dirigirnos a los hombres honrados que se encuentran en el ejército, y llamar su atención hacia la justicia de la causa del pueblo, para que tengan tiempo de meditar en los acontecimientos que se preparan y puedan comprender cuál es el puesto que su patriotismo y su honor de mexicanos les señalan en la lucha que se aproxima. En esta lucha, el pueblo combatirá por el bien general, por la libertad de todos, por el honor de la Patria; la Dictadura, en cambio, sólo combatirá por intereses mezquinos y personales: por conservar el poder de que está abusando desde hace treinta años, por mantener las riquezas que el grupo de opresores ha amontonado con la rapiña y con el crimen, por sostener la supremacía de los extranjeros sobre los mexicanos, por eternizar, en suma, el reinado de la opresión y de la injusticia. Esto queremos que tomen seriamente en consideración los militares de dignidad y de conciencia, para que resuelvan si al estallar el movimiento redentor han de ponerse del lado del pueblo o de parte de los opresores.

Los gobiernos tiránicos todo lo corrompen y todo lo falsean. Así, por ejemplo, la Dictadura de Porfirio Díaz pretende que el ejército mexicano no tiene más obligación que la de sostener en el poder a los que oprimen al pueblo, lo cual es absurdo, pues la verdadera misión del ejército consiste, no en apoyar incondicionalmente a cualquier personaje que se declare amo de un pueblo, sino en proteger a ese pueblo cuando sea oprimido, en velar por las instituciones que rijan a la Nación y en defender la integridad del territorio. Puesto que Porfirio Díaz pisotea las instituciones, priva al pueblo de todos sus derechos y es cómplice de los extranjeros que invaden nuestro territorio (como lo vimos hace poco con los sucesos de Cananea),[4] el ejército no tiene ninguna obligación de apoyar a ese déspota traidor, y por el contrario, está en el deber de ayudar a los que combaten por el bien público y por la dignidad de la Nación. Los militares tienen los mismos derechos y deberes políticos que los demás ciudadanos de la República, y entre esos deberes y derechos, la Constitución Suprema de 1857 consigna “el de levantarse en armas en defensa de las instituciones democráticas”.[5] En nuestras sabias leyes está previsto el caso de que fuéramos víctimas de un despotismo, y está prescrita nuestra obligación de rebelarnos contra los opresores. Si en la lucha que está próxima a estallar hay militares —como los habrá— que combatan al lado del pueblo en vez de servir a la Dictadura, esos militares obrarán de acuerdo con la ley, de acuerdo con sus deberes como ciudadanos y como soldados y, sobre todo, de acuerdo con la honradez y la justicia, hacia las cuales los encaminará la rectitud de su conciencia.

El triunfo de la Revolución es seguro, pues no se trata de un motín irreflexivo ni de una revuelta encaminada a encumbrar a tal o cual individuo, sino de un movimiento bien preparado y que tiene por fin la realización de un vasto programa de reformas políticas y sociales que encuentran decididas simpatías en el corazón de la mayoría de los mexicanos. Tenemos la convicción profunda, basándonos en los elementos con que ya contamos, de que la causa del pueblo triunfará indefectiblemente; pero es seguro que si nuestro movimiento cuenta con una buena parte del ejército, la victoria será más fácil y costará menos sangre y menos sacrificios. Por esto nos dirigimos a usted, como a otros dignos oficiales, haciendo un llamamiento a su patriotismo para que se adhieran a la causa de la libertad y la justicia.

Para recompensar a los buenos mexicanos que deseen prestar sus servicios a la causa del pueblo, la Junta ha acordado que se concederá a los militares que se adhieran al movimiento revolucionario un ascenso de dos grados sobre el que tengan al iniciarse la Revolución, percibiendo desde ese momento el sueldo correspondiente.

Los adeptos deberán tener en cuenta los siguientes puntos generales:

I.— La Junta guardará absoluto secreto sobre el nombre de los afiliados, y por ningún motivo comunicará a unos con otros, para evitar posibles denuncias.

II.— La Revolución estallará a la vez en varios puntos de varios estados de la República, en una fecha que la Junta designará.

III.— Quedan condenados a muerte y serán ejecutados por las fuerzas revolucionarias, o por agentes especiales, los que, habiéndose comprometido a levantarse en armas en la fecha que designe la Junta, no lo hagan, y los que desde ahora denuncien los actos o proyectos de la Junta.

Creemos que lo expresado basta a su ilustrado criterio para comprender que la razón y la justicia estarán enteramente de parte del pueblo al rebelarse contra sus opresores, y no dudamos que, consultando con su conciencia de patriota, su dignidad de militar y sus deberes de ciudadano, no vacilará en cooperar con el Partido Liberal al derrumbamiento de un Gobierno ilegal que en treinta años de dominio no ha sabido más que robarnos, envilecernos y traicionarnos.

Esperamos que, en caso de aceptar la invitación que lealmente le hacemos, se servirá contestar a la mayor brevedad, manifestando con cuántos y con qué elementos en general puede contar para la Revolución, así como el plan de acción que crea conveniente desarrollar. Inútil nos parece decirle, pues usted lo sabrá por sus propias observaciones, que la generalidad de los soldados irán con gusto a las filas revolucionarias, mientras que desertarán si se les lleva a campaña en servicio del Gobierno.

También estimaremos a usted, si es que acepta nuestras proposiciones, que, con la prudencia necesaria, procure atraer a nuestro movimiento a otros de sus compañeros, o cuando menos nos comunique los nombres de los que usted juzgue patriotas y honorables, para escribirles directamente, en la seguridad de que por ningún motivo daremos a conocer la intervención de usted en estos asuntos.

En caso de que no acepte usted nuestras ideas, esperamos de su honorabilidad —y teniendo en cuenta su propio interés— que guardará completa reserva sobre la presente comunicación. Por último, si antes de contestar en definitiva desea usted que ampliemos los puntos de la presente carta o los del programa adjunto, con gusto lo haremos, según sus indicaciones.

Puede usted escribir con la siguiente dirección:

Señor Jesús Pérez Tempe, Arizona, Estados Unidos de América.

Dentro del sobre con esa dirección, se servirá usted poner otro sobre rotulado a la Junta Organizadora del Partido Liberal. Esta dirección es segura y exclusiva para usted.

En espera de sus apreciables letras, nos es grato suscribirnos de ustedes afectísimos y atentos seguros servidores y compatriotas

 

Presidente, Ricardo Flores Magón; Rúbrica. Secretario, Antonio I. Villarreal; Rúbrica

 

 

 

[1] AHSRE, LE-919.

[2] Carta circular similar al capitán Julio Rocha, Octavo Regimiento, Guadalajara; al teniente Antonio Escoto; a los capitanes Ernesto Ortiz, Luis G. Pradillo, Rubén Bouchéz, Luis Garfias y Javier Urquiza; coroneles Eduardo Camargo y Rafael Ramírez; al mayor Ignacio Olloqui; al teniente coronel Ramos Peña, y al teniente Ramón Carreón Hernández.

[3] Véase supra, documento núm. 28 “Junta Organizadora del Partido Liberal y Manifiesto a la Nación”.

[4] Refiérese a la huelga de Cananea, Son., llevada a cabo del 1 al 4 de junio de 1906 por trabajadores de la Cananea Consolidated Copper Co., propiedad de William C. Greene. Impulsada por la Unión Liberal Humanidad y el Club Liberal de Cananea, a causa de los malos tratos prodigados a los trabajadores, los bajos salarios y la discriminación contra los mineros mexicanos. La huelga fue reprimida, a petición de Greene y del gobernador Rafael Izábal, por rurales mexicanos y rangers de Arizona. Los principales impulsores de la huelga, Manuel M. Diéguez, Esteban Baca Calderón y Francisco Ibarra, fueron encarcelados y posteriormente remitidos a San Juan de Ulúa. Fueron liberados en 1911, tras el triunfo de la revolución maderista.

[5] Refiérese al artículo 35, fracción IV, de la Constitución de 1857, sobre las prerrogativas del ciudadano mexicano: “Tomar las armas en el ejército o en la guardia nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones”.